Juicios abreviados por mayor: cuando matar sale barato

Planeó el asalto con, al menos, dos personas más. Persiguió a la víctima casi 15 cuadras con un arma de fuego. Aprovechó un embotellamiento de tránsito, bajó de la moto, apuntó contra Sebastián Reartes y le disparó varias veces, a la vista de todo el mundo y se fue. Sin robar nada. La causa comenzó a investigarse como "homicidio agravado", que lleva una única pena: prisión perpetua. 

Sin embargo, José María Mendoza logró reducir esa expectativa en una condena a 12 años de prisión. ¿Cómo lo logró? Simplemente, confesó. 

El hecho

Reartes era padre de tres hijos y había decidido incursionar en un nuevo negocio para mantener a su familia: la compra y venta de autos. Por eso, la tarde del 28 de febrero de 2020, junto a un amigo, fue a Avenida Roca al 2.800, donde lo esperaba un hombre que le había dicho que quería vender su camioneta: Daniel Alberto Salazar. Sebastián no lo sabía entonces, pero Salazar en realidad le había tendido una trampa: pensaba fraguar un asalto, en complicidad con dos motochorros y quedarse con la plata que Sebastián llevaba para comprar el vehículo. 

Sebastián y su amigo comenzaron a sospechar. Salazar daba vueltas y no les mostraba la camioneta. Finalmente, su corazonada de mal augurio se convirtió en realidad cuando vio que dos motochorros se les acercaban a gran velocidad. "¡Culiao, nos están por robar!", gritó y puso la camioneta en marcha. Junto a su amigo en el asiento del acompañante, aceleró.

Manejó casi 15 cuadras con los delincuentes de la moto pisándoles los talones, detrás de ellos, por el costado derecho. Cuando parecía que podían perderlos, un colectivo de la línea 19 les cerró el paso, sin sospechar que estaba firmando la sentencia de muerte de Sebastián. Desesperado, intentó hacer marcha atrás y chocó a una camioneta, cuyo conductor terminaría siendo testigo del hecho. Mendoza aprovechó, bajó de la moto, se acercó a la ventanilla de Sebastián y le hizo varios disparos. Nunca le robó nada. Después, junto a su cómplice, huyó del lugar, dejando abandonada la moto. 

La investigación

Como era de esperarse, la causa se caratuló como "homicidio agravado". Probablemente porque la fiscalía comprendió que había sido cometido criminis causae, es decir, por no haber podido concretar el robo. Además, había sido planeado por dos o más personas, lo cual constituye otro agravante que eleva la pena a prisión perpetua. Por último, cuando Sebastián fue acribillado, estaba totalmente indefenso: atrapado en un embotellamiento encerrado en su propia camioneta. No tenía posibilidad de salvar su vida. 

Sin embargo, a la hora de elevar a juicio a los dos asesinos, la fiscalía bajó la calificación: la pasó a "homicidio en ocasión de robo", que lleva una pena de 10 a 25 años de prisión. Como si al delincuente, que sólo quería robar, se le hubiera escapado un tiro. Como si la víctima se hubiera defendido provocando una situación de violencia imprevista que le hubiera ocasionado la muerte. 

La confesión y la pena

Primero, confesó Salazar, el supuesto vendedor de la camioneta que sirvió de anzuelo para que Sebastián perdiera la vida. Reconoció haberse puesto de acuerdo con Mendoza para emboscarlo y quedarse con su dinero. A cambio, la fiscalía aceptó un acuerdo de juicio abreviado. Ambos se presentaron ante el juez y le contaron que, con una pena de 12 años de prisión, quedaban todos conformes.

Pero, en realidad, todos no. La viuda de Sebastián, en representación también de sus hijos (uno era recién nacido), pidieron a la Justicia que no acepte el juicio abreviado, que mande a Mendoza a un proceso oral, donde tenían chances de conseguir una pena más elevada. Todo fue en vano. Nadie escuchó su pedido. El acuerdo fue aceptado sin más. La familia de la víctima ya recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia para que se revoque el fallo, pero todavía no hay respuestas.

Mientras tanto, le habían advertido a la familia del fallecido que, si Mendoza (el autor de los disparos) confesaba y pedía un acuerdo de juicio abreviado, ahí la cosa se iba a endurecer: esta vez ya no iban a aceptar 12 años de condena. Iban por 14.

Por supuesto, la familia de Sebastián puso el grito en el cielo. Con la experiencia que habían tenido con el primer delincuente, esta vez, resolvieron pedir ayuda a la prensa. Salieron en televisión, en páginas web. Se presentaron ante el tribunal para pedir, otra vez, que no acepte el juicio abreviado. Pero, otra vez, todo fue en vano. 

Esta mañana, la Sala Penal Conclusional N° 1 aceptó el acuerdo y condenó a Mendoza a 12 años de prisión. Sí: 12 años, no 14. Doce años de prisión por perseguir a una persona desarmada 15 cuadras, aprovechar un embotellamiento, dispararle a quemarropa a y huir sin robarse nada. 

Una práctica frecuente

Esta semana, la Justicia aceptó un acuerdo de juicio abreviado para Bruno Chanampa, el joven que, buscando matar a su ex mujer, terminó asesinando a Franco Sosa, que intentó salvarle la vida. De nada sirvió la súplica de la mamá de Franco: al asesino se le impuso casi la menor pena prevista, ocho años y medio de cárcel. 

Lo mismo ocurrió con Fabián Aredes, que mató a Luis Juárez mientras dormía con un matafuegos. En lugar de recibir condena a perpetua por homicidio con alevosía, sólo purgará 14 años. La Corte le negó a su madre un pedido de anulación de la sentencia. 

Joel Molina, en tanto, recibió una condena a tres años en suspenso (se cumple en libertad), por haber abusado de su vecino de tres años. Adrián "Bandera" Miranda se salvó de una perpetua por transfemicidio y logró un acuerdo por 12 años de prisión tras haber matado a Ayelén Gómez. Y la lista continúa. 

La decisión es del asesino

Cuando a una persona le matan a un familiar, el caos invade su vida. Además del dolor, los huérfanos, las terapias, las noches de pesadilla, el miedo infinito que se instala en el espíritu, comienza el camino de buscar justicia.

Y ese camino es caro. Muchas víctimas comienzan a vender lo que tienen para pagar el mejor abogado, que les permita ser parte activa de la causa, poder aportar pruebas, solicitar medidas y, llegado el momento del juicio oral, sentarse al lado del fiscal. Allí, podrán interrogar a testigos, pedir falsos testimonios, solicitar nuevas investigaciones y reclamar condenas concretas. Una vez concluido el juicio, podrán apelar el fallo, si no salió como esperaban. 

Pero, en muchos casos, este camino se interrumpe en seco. La víctima queda virtualmente fuera del proceso cuando el asesino decide confesar y pedir un juicio abreviado. Entonces, basta con que el fiscal esté de acuerdo para que la propuesta llegue al juez. 

El magistrado está obligado a consultar la opinión de la víctima, pero sólo eso. El familiar del fallecido no es parte en el acuerdo, no se necesita su consentimiento para aprobarlo. Así, viudas, madres, hijos e hijas desfilan por los tribunales pidiendo por favor a los fiscales que no propongan el acuerdo. Y, cuando el fiscal no los escucha, se presentan ante jueces ya con el alma en la mano a solicitar que no los acepten. 

Una herramienta valiosa

Los juicios abreviados son una excelente herramienta para que el Estado no dilapide recursos en casos en los que los delincuentes confiesan. Si reconocen el hecho y las pruebas coinciden, no tiene sentido reunir a un tribunal, secretarios, relatores, fiscales y personal de seguridad y tenerlos trabajando una semana o 20 días en un caso que ya está resuelto. Directamente, se impone la pena. Así, robos, lesiones y amenazas se resuelven rápidamente gracias a este mecanismo.

Nuestra legislación no prevé que se le ofrezca una reducción de pena al delincuente a cambio de su confesión. No, nuestro Código Procesal Penal no permite escenas como las películas de Hollywood, donde el fiscal y el criminal entran en una negociación parecida al regateo del mercado de pulgas. 

Entonces ¿por qué un delincuente confesaría? ¿Qué beneficio obtiene? ¿Por qué no jugarse a un juicio oral donde -quién sabe- algo podría ocurrir que lo libere de culpa y cargo? No hay una sola respuesta a esos interrogantes. Seguramente, sí llegan a buenos acuerdos cuando el delito tiene escala (es decir, un mínimo y un máximo). Pero ¿qué pasa con los delitos que llevan una única pena, la de prisión perpetua? Muchas veces, la respuesta está en un mágico cambio de calificación. Lo que comenzó como un homicidio agravado, bruscamente, se convierte en un homicidio simple. Entonces sí, el asesino chasquea los dedos y deja a la víctima fuera de toda posibilidad de participar. 

Dentro de una década, muchos de esos asesinos volverán a estar en las calles.