Las motos secuestradas se acumulan en el depósito

Policiales 11 de abril de 2022 Por LPTV
Los vehículos secuestrados por la Policía Vial en muchos casos no son reclamados por sus propietarios y después de años, son compactados y vendidos.

El problema de las motos secuestradas que son abandonadas por sus dueños

Son cientos de motos que cubren el interior del Palacio de los Deportes en el parque 9 de Julio y otras 17.500 que están en el depósito en Lastenia de la Policía Vial. Estos vehículos que permanecen en calidad de secuestro por alguna infracción a la ley nacional de tránsito, genera a la Policía de Tránsito un verdadero problema ya que sus dueños no reclaman su restitución. 

En alguna oportunidad los responsables del área, admitieron que la gente prefiere dejarlos abandonados antes que afrontar el costo que insume el pago de las multas y otros gastos administrativos. Es así que de acuerdo a una norma nacional, después de un tiempo de espera, las motos son compactadas y vendidas como chatarras, y lo recaudado es destinado a alguna entidad de bien público. 

Así lo dispone el Ministerio de Seguridad de la Nación por medio del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (PRO.DE.CO), que tiene como objetivo reducir el daño ambiental que producen los vehículos que se encuentran bajo custodia de las fuerzas policiales y de seguridad federales y, así, generar insumos económicos y de reciclado para potenciar acciones sociales de organizaciones sin fines de lucro.

De acuerdo con lo publicado en la Resolución 542-2021, el Ministerio de Seguridad de la Nación establece que la chatarra generada de la disposición y compactación de los rodados será entregada a la Fundación Hospital de Pediatría Profesor Juan P. Garraham. Las empresas prestadoras de servicios que deseen participar del PRO.DE.CO. deberán registrarse en la Plataforma Digital TAD.

Para las Provincias y Municipios que deseen adherir, se prevé la firma de convenios de colaboración debiendo designar una Entidad de Bien Público en carácter de beneficiaria, así como también el proceso de contratación para la selección de la empresa compactadora entre aquellas registradas en el programa.

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