Ya se gastó casí $88 mil millones en programas sociales

En el primer bimestre del año, el Gobierno tiene previsto invertir 88.120.230.810 de pesos en planes sociales a través del ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta.

Según el presupuesto nacional enviado al Congreso, a la cartera de Zabaleta se le otorgó un crédito para gastar de 584.699.510.281 pesos, un monto apenas superior al del año pasado, que además fue prorrogado. Hasta el momento, la “ley de leyes” no fue aprobada por el Parlamento. Desde el Ministerio aseguran que no se van a quedar sin presupuesto porque “se va a ir ampliando” como ocurrió el año pasado, que partió de 225.000.000.000 de pesos y se terminó ejecutando el doble.

Como mínimo, debería suceder lo mismo. Los analistas de mercado más moderados proyectan una inflación 54,8% de inflación para 2022.

Presupuesto discriminado

La información oficial revela que, en enero, el ministerio de Desarrollo Social gastó 43.567.731.114 pesos de su presupuesto. Para el mes en curso, se proyectan invertir otros 44.552.499.697 pesos en programas sociales. Esto es una ejecución del 8,3% al 31 de enero y un proyectado del 8,5% para febrero.

En alimentos para los sectores más vulnerables, la cartera de Zabaleta tiene una inversión de gasto disponible de 6.494.111.012 pesos. De ese total, en enero se destinaron 804.569.319 pesos. El 6% del presupuesto, una cifra más baja que otras partidas, como 11.1% del programa “Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia” y mayor al 0,6% de ejecución al 31 de enero del programa “Integración Social Urbana”.

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Si se analiza el rubro “política alimentaria”, la cifra presupuestada a gastar trepa a los 248.739.978.709 pesos. La mayor parte de ese dinero está dirigido a la Tarjeta Alimentar o Programa Alimentar. De ese monto, al 31 de enero, ya se había ejecutado el 7,7 por ciento.

Según explican desde esa cartera, la Tarjeta Alimentar es “una política complementaria que garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria”. Si bien los fondos y el programa dependen del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el pago se canaliza a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dirigida por Fernanda Raverta.

Los valores mensuales que reciben los beneficiarios varían. Seis mil pesos para las personas que perciben la Asignación por Embarazo y a las familia con un solo hijo se les deposita la misma cantidad. En cambio, si tienen dos hijos, la cifra se eleva a 9.000 pesos y con tres o más hijos, 12.000 pesos.

El segundo plan en importancia es el Potenciar Trabajo. La suma asciende a los 227.026.149.637 pesos. Son casi 1.200.000 personas que cobran alrededor de 16.000 pesos mensuales.

Al 31 de enero, Zabaleta ya había ejecutado el 9,7% de ese presupuesto. Ese programa es el centro de atención de las organizaciones sociales que no están alineadas en el Frente de Todos, como la Unidad Piquetera, liderada por el Polo Obrero. Reclaman, de manera urgente, que se abra la inscripción y que se eleve el número de beneficiario.

Según sus estimaciones, “la necesidad social que hay alcanza, al menos, a unas tres millones de personas” que son las que están inscriptas en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP). El gobierno de Alberto Fernández, al menos por ahora, se niegan a incluir a una mayor cantidad de personas en el Potenciar Trabajo y prometen reemplazar esos planes por empleos genuinos. Ante esta posición, las organizaciones populares ya anunciaron una serie de movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires y el interior del país.

El Abordaje Territorial es otro de los planes con un importante presupuesto anual: son 26.703.189.877 pesos, de los cuales en enero se ejecutó el 4,1% del crédito asignado.

El objetivo central es la generación de acciones de cuidado, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, utilizando la estrategia de abordaje territorial en articulación con los sistemas sanitarios provinciales y municipales, y otras áreas del Estado Nacional, con el fin de contribuir a la mejora de las condiciones de salud de la población.

Presupuestos que no alcanzan

El año pasado, a pocos días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Gobierno autorizó aumentar en un 40 por ciento el presupuesto social en medio de la campaña electoral. Fue una inyección de 96.100.000.000 de pesos más al presupuesto que manejaba Zabaleta. Fue en agosto y lo hizo al través del decreto 489/2021, tal como informó este medio.

La semana anterior, las organizaciones sociales “independientes del gobierno” realizaron la primera “jornada piquetera nacional de lucha” desde la llegada de Zabaleta a Desarrollo Social. Reclamaron “reivindicaciones pendientes”, como aumento en los programas sociales, el pago de salarios adeudados por “Potenciar Trabajo”, asistencia integral a los comedores populares, empleos genuinos, obra pública para reactivar las tareas barriales a través de las cooperativas; y entre otras demandas, un plan de viviendas para dar soluciones habitacionales.

Según explicaron desde la cartera del ex intendente de Hurlingham a Infobae, al decreto de agosto le siguieron otros. De hecho, al 31 de diciembre, el crédito vigente era de 523.825.547.081 de pesos. La cifra final acompañó a la inflación del año si se tiene en cuenta el presupuesto inicial aprobado por el parlamento. Esos refuerzos de dinero sirvieron para descomprimir la situación social y cumplir con las trasferencias a los beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo y Alimentario.

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Este tipo de urgencias no es una novedad. El antecesor a Zabaleta, el ahora diputado Daniel Arroyo, reconoció a fines de 2020: “Arranqué con un presupuesto de 84.000 millones de pesos y termino con 240.000, nosotros ejecutamos el 300% del presupuesto anual. Eso claramente habla de un funcionamiento, pero que no es solo mío, sino de un montón de gente que le pone el cuerpo”.

El incremento de esa cifra a la actual que supera los quinientos mil millones de pesos -y que no alcanzarán hasta diciembre de 2022- responde no solo a las pésimas condiciones sociales que atraviesa el país, sino también a la inflación que galopa. Solo entre 2020 y 2021 trepó casi al 100 por ciento.

Entre los justificativos del Poder Ejecutivo Nacional para fijar los aumentos presupuestarios a la cartera de Zabaleta se destaca: “Como lineamiento central de su política social, el Ministerio de Desarrollo Social ha emprendido la atención inmediata del hambre en la Argentina. El Plan Argentina Contra el Hambre (PACH) (Resolución Ministerial N° 8 del 8 de enero de 2020) plantea como objetivo garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población y familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social”.