Violencia extrema en Rosario: hubo seis homicidios en tres días y ya son 223 en lo que va del año
La escalada fue sangrienta y abrupta. En 2010 se contabilizaban 119 homicidios en el Gran Rosario. Apenas tres años después las calles ya estaban tapizadas de plomo, sangre y muertes: 2013 se cerraba con 271 crímenes.
Ese año, marcado por las abiertas disputas protagonizadas por organizaciones narco, exponía el deterioro de la seguridad y agitaba definitivamente el malhumor social por ese tema.
Para los rosarinos, en especial para los que habitan los barrios de la periferia, la violencia y la inseguridad se han convertido en flagelos intolerables. Aun con vaivenes, la realidad no se ha modificado en los últimos años.
En 2021 se registran ya 223 asesinatos, los últimos seis cometidos entre la tarde del viernes y la mañana del domingo. Es el número más alto desde 2015. La tasa se eleva a 17,95 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que triplica la media nacional.
La crueldad de muchos episodios es extrema. Uno de los sicarios que ejecutó a Carolina Godoy (42), el viernes pasado, filmó el episodio, según constataron los investigadores. Ese día también mataron a un hombre identificado como Abel Oscar Casafú, en inmediaciones de Salvá y Guillermo Tell.
El sábado hallaron a una pareja muerta en un descampado, cerca de la Ruta 34: el cuerpo de la mujer fue encontrado con 33 orificios de bala. Fueron identificados como Nerina Yanet Guzmán y Luis Ricardo Sequeira.
Este domingo, asesinaron a balazos a Emiliano Martín Gómez a la vera de las vías del ferrocarril, en barrio Santa Lucía. Mientras que Brian David Vallejos, de 25 años, fue muerto a tiros en el barrio Las Flores, en un ataque en el que una mujer de 52 años resultó herida.
Lo que los vecinos padecen a diario, esa convivencia con el espanto de la que no pueden escapar, se amplifica con episodios resonantes: además de homicidios, este año se repitieron extorsiones contra comerciantes, fugas carcelarias insólitas, un testigo de una causa sensible asesinado, fiscales condenados por su connivencia con el delito y dirigentes políticos investigados.
Desde el 9 de noviembre pasado se instalaron, como otro método para sembrar el temor, las recurrentes balaceras contra objetivos variados. Dos locales gastronómicos, dos escuelas, seis estaciones de servicio y un sindicato fueron atacados por sicarios. Estos episodios no terminaron con alguna muerte sólo por un designio del azar.
En septiembre fue condenado por actos semejantes Ariel “Guille” Cantero. El líder de la banda “Los Monos” sumó por ello una nueva pena —acumula ya 96 años y 8 meses de prisión–, aunque eso no parece detenerlo: los investigadores sospechan que él está, otra vez, detrás de los nuevos atentados.
El negocio narco sigue siendo el más rentable para múltiples organizaciones delictivas. Eso explica la cruenta disputa por el manejo de territorios: en la Unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación estiman que tres de cuatro homicidios tienen vínculo con esa temática.
La consultora Doxa Data se encarga de relevar las preocupaciones que aquejan a los rosarinos. Desde hace largo tiempo la inseguridad marcha como el tema que más agobia a los ciudadanos. En octubre pasado, el 64,5% de los encuestados se inclinó por ese ítem. Muy lejos quedó la desocupación (la eligió el 9,1%) o la inflación (8.8%).
La llegada de 575 gendarmes, concretada en octubre, no logró moderar aún los niveles de inseguridad. El 14 de aquel mes fueron presentados los nuevos agentes en un acto que encabezó el ministro Aníbal Fernández.
Apenas cinco días más tarde asesinaron a Joaquín Pérez, un joven arquitecto de 34 años que fue víctima de un robo. Ese episodio volvió a crispar los ánimos de la gente.
El 27 de octubre se organizó una concentración en el Monumento a la Bandera para exigir que se esclarezca el crimen de Pérez y tantos otros sin resolución ni condenas.
El gobernador Omar Perotti y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, aceptaron la invitación de la familia Pérez para participar del acto. Perotti fue echado de mala manera. Javkin tampoco fue bien tratado.
El miércoles pasado Perotti convocó, en medio de la ola de delitos y con un ministerio de Seguridad en reconstrucción tras renuncias masivas y una investigación judicial por presunto espionaje, a una reunión con legisladores aliados y opositores. Pareció avanzarse para tratar la emergencia en seguridad.
Un día antes, el gobernador había mantenido un encuentro con el presidente Alberto Fernández.
Allí, insistió en la necesidad de ampliar juzgados y crear cargos para que una Justicia raquítica aborde con mayores recursos la problemática que pone en jaque a los grandes conglomerados santafesinos.
Javkin ya había planteado el tema en marzo pasado, durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante local, con inusual crudeza.
“Somos una ciudad de gente paciente, pero todo tiene un límite. Muchas balas, mucha sangre. Necesitamos que nos cuiden más. Ya es hora de que nos devuelvan el derecho a poder ir a trabajar, estudiar y estar en la calle sin temor a que nos roben o nos maten”, imploró.
Desbocados, los índices de inseguridad indican que sus ruegos no fueron escuchados. O, en todo caso, que aún no se encontró la forma de resolverlos.
Fuente: Clarín
