A un mes de la puesta en marcha de la “prueba piloto” con el trabajo temporario en el sector rural, el Gobierno avanza en que la construcción sea la próxima actividad clave que comience a contratar beneficiarios de distintos planes sociales sin que pierdan la asistencia estatal al menos por un tiempo.

La reconversión de los planes sociales en empleo genuino es una estrategia que la Casa Rosada venía analizando antes de las elecciones primarias (PASO) y que se acelerará en las próximas semanas como parte del shock reactivador hacia las generales de noviembre y la salida de la pandemia.

Se firmarán convenios que habiliten a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo a tomar capacitaciones para desempeñarse en distintas tareas de la construcción, tanto pública y privada, con el sindicato y la cámara que nuclea al sector. Este lunes, a las 16, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tiene prevista una visita a la sede central del gremio de la actividad (UOCRA).

En tanto, este martes la Cámara de la Construcción (Camarco) realizará su convención anual, a la que invitó a Juan Mazur y varios integrantes del gabinete nacional. La cita tiene por objetivo debatir sobre el presente y futuro de la actividad y su importancia para el desarrollo local.

Cómo se transformarán planes sociales en empleo de la construcción

El convenio que firmará el Gobierno, el gremio y la cámara de la construcción apunta en principio a capacitar para tareas de la obra pública. Se realizarán cursos para aquellos estén inscriptos en el Potenciar Trabajo para que adquieran los conocimientos necesarios y les permita ser incorporados en los distintos proyectos de obra pública nacional, provinciales y municipales.

El incentivo al empleo mediante la incorporación de beneficiarios de planes sociales puede ampliarse posteriormente al sector alcance a la obra privada.

La idea es que los beneficiarios del Potenciar Trabajo sigan percibiendo el ingreso estatal (de $16.000 desde el 1° de octubre por el aumento establecido para el salario mínimo) y que la empresa que lo contrate pague la diferencia hasta alcanzar el básico de convenio de la actividad, como había adelantado el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta hace unos días.

Si la iniciativa se basa en la prueba piloto implementada para el empleo rural, quienes sean contratados con este convenio podrán seguir cobrando el plan social hasta seis meses después de iniciado el vínculo laboral y luego ese monto se transformará, por otro plazo, en un subsidio directo a la empresa para mantener el puesto.

Qué otros sectores serán los puentes hacia el trabajo genuino

El esquema de plan social compatible con el trabajo tiene al sector rural de las economías regionales como “prueba piloto”. En el segmento agro, se estimó un universo de beneficiarios de 150.000 personas.

Antes de las PASO, varios dirigentes del oficialismo habían expresado su intención de ir hacia un sistema “puente” entre la ayuda social y la generación de empleo genuino. Así lo enfatizaron ante los empresarios del Consejo de las Américas.

La idea se aceleró tras la derrota de las primarias y en sintonía con la demanda que vienen recolectado en sus recorridas por los barrios, intendentes, candidatos y el propio presidente Alberto Fernández.

El objetivo es que buena parte de esos planes sean reemplazados -en el mediano plazo- por el empleo genuino que, sostienen, ya se está demandando en distintos rubros y lugares del país. Esos puestos laborales podrían darse a través de cooperativas, aunque la apuesta oficial es que sea el sector privado el que los sume a sus dotaciones.

Solo en el Potenciar Trabajo hay más de un millón de beneficiarios, que reciben un ingreso equivalente a medio salario mínimo a cambio de 4 horas de trabajo diarias.

En esa especie de “puente” hacia esa reconversión, además del agro y la construcción, el Gobierno puso el foco en la industria textil, la gastronomía y algunas actividades relacionadas con la producción de alimentos como los sectores formales en los que se podría iniciar el camino en los próximos meses.

En cada sector se evaluará las necesidades específicas y a la vez se establecerá cuánto tiempo se mantendrá el programa mixto, es decir que los planes sean compatibles con un trabajo formal.