El Gobierno provincial apela a herramientas financieras que causen alto impacto en la economía familiar para enfrentar los altos índices de inflación de los últimos meses y de los que vendrán. 

Pero se presume que los efectos serán efímeros y no causarán el resultado esperado, ya que las familias están endeudadas o usarán esos montos extras para cubrir consumos de mercadería no perecedera para ganarle a la inflación. Al menos hasta que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) le de un respiro a los argentinos, las autoridades buscan darle más disponibilidad de fondos a los empleados públicos. Es lo que en tiempos de la gestión del presidente Alberto Fernández se ha denominado el “Plan Platita”.

Pagos y disponibilidad de billetes

Pero el “Plan Platita” durante junio no se circunscribirá tan sólo a lo que el Estado provincial pague los salarios que, sumado a los compromisos de junio, la disposición dineraria ascenderá a la friolera de $ 110.000 millones. A ello habrá que sumar alrededor de $ 30.000 millones más que sería el movimiento salarial y del aguinaldo en el sector privado hasta el cierre del semestre; otros $ 25.000 millones por las obligaciones en el pago de haberes jubilatorios, pensiones y varios programas sociales. Por si esto fuera poco, también hay que tomar en cuenta los recursos que los distintos frentes electorales dispondrán para movilización y para control en los comicios. Una estimación posible del dinero que los postulantes a cargos electivos volcarán al circuito financiero supera los $ 12.000 millones, tomando en cuenta las proyecciones realizadas por las distintas fuerzas políticas. De esta manera, en solo un mes circulará en la provincia una suma que es equivalente a dos y media o tres veces la disponibilidad de un mes en condiciones normales. Más consumo. Más platita dulce (cerca de $ 177.000 millones sólo en junio).

Sin embargo, se plantea un inconveniente operativo que será difícil de sortear para las entidades financieras y para el sector privado, especialmente las industrias azucarera y citrícola, por las quincenas que se abonan los sábados: la falta de disponibilidad de billetes. Los cajeros automáticos no dieron abasto durante los días previos a la frustrada convocatoria del 14 de mayo. Nada impide que ese escenario se repita, ya que la mayor parte de los estatales no están acostumbrados a usar otros medios de pagos, mientras que los cosecheros cobran su jornal en efectivo, por lo que los industriales ya están acumulando fondos.

Más consumo, más inflación

El economista Eduardo Robinson explica que, en medio de una mayor expansión del gasto público en todos los estamentos del sector público (nacional, provincial y municipal), la catarata de pesos que se pondrá en circulación, a través del pago de salarios, jubilaciones y planes sociales, puede contribuir a potenciar la presión sobre los precios. “Más dinero no es más riqueza. Al contrario, en una economía estancada, con magros niveles de inversión, impulsar el consumo es sólo aumentar la inflación”, advierte el consultor.
El gobierno, en este caso el provincial, sigue la receta fracasada de las política económica nacional, puntualiza. “Insiste con el Plan Platita, que es ponerle combustible a los precios”, acota.

Según Robinson, la mejor forma de alentar el consumo es reducir la inflación. “Pero, se insiste con este esquema inflacionario que sólo genera pobreza, falta de crecimiento y desarrollo. Es probable que mayo cierre con una inflación de dos dígitos y que junio siga ese mismo sendero”, estima. Por esa razón, considera que en la economía en general “predomina la visión miope, el cortoplacismo, confundiendo creación de riqueza con ilusión monetaria”.

¿Qué pasará después de las elecciones provinciales?

En el Gobierno consideran que habrá una inyección extra de dinero a la economía tucumana con la temporada turística invernal, mientras que el receso contribuirá a disminuir los gastos en los hogares. El segundo semestre se muestra con algunos signos de ajustes en el sector público, algo que deslizó el propio ministro de Economía, Sergio Massa, en su renegociación del acuerdo con el FMI. En ese aspecto, el ajuste del gasto público será inevitable. Frente a esta realidad, Manzur gestionó una línea de financiamiento federal de entre $ 15.000 millones y $ 30.000 millones para cerrar el segundo mandato. ¿Qué pasará después de octubre? Eso es toda una incógnita en un país que también debe definir al nuevo presidente y éste, a su vez, deberá diseñar un plan de estabilización económica que implicará una merma en el reparto de fondos discrecionales, independientemente de su orientación política.

Fuente: La Gaceta