La obra de remodelación y ampliación del Registro Civil está paralizada hace dos meses. El freno en la ejecución de los trabajos desató un nuevo capítulo de disputas políticas entre el gobierno provincial y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Desde el Poder Ejecutivo sostienen que el municipio no le brinda las autorizaciones para avanzar y desde la Intendencia capitalina advierten que la obra viola el Código de Planeamiento Urbano y que va en contra del proceso de descentralización del Estado. 

El proyecto y la financiación

El Ministerio de Gobierno y Justicia logró el año pasado que la Nación financie la construcción de un nuevo edificio del Registro Civil. Una torre de siete pisos, con un subsuelo y una plaza seca. Son casi 6.200 metros cuadrados de trabajos valuados en unos $1.000 millones (incluye imprevistos y adicionales). La intención es centralizar en el histórico edificio de 24 de Septiembre 871 las dependencias que actualmente funcionan -en locales alquilados- en Ayacucho al 300 y en Crisóstomo Álvarez al 900. 

“Condimento político”

La UTE integrada por las firmas Alfa y Queñoa ganó la licitación de la obra. Se hizo la demolición, pero hace unos dos meses que los trabajos están parados. El titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Alfredo Quinteros, sostiene que hay trabas municipales que tendrían un trasfondo político.
“En la historia de la obra pública, el Ejecutivo provincial fue y ejecutó la obra que tenía que hacer. Ahora, por algunos intereses políticos, nos hicieron un acta pidiendo documentación. Aquí hay un condimento político. Se frenó el Mercado del Norte, entonces ahora están frenando esta obra. En otras obras chicas no se pidió nada”, expresó el funcionario provincial.
 
Quinteros aseguró que la Municipalidad no fue tan meticulosa en remodelaciones del Hospital de Niños, el Museo Timoteo Navarro, el Hospital Padilla o en el Cepla de la Costanera. “Una de las objeciones que tuvimos es que seguimos haciendo edificios, metiendo gente en el microcentro. Y no es que estemos metiendo más gente: es gente que ya estaba adentro, pero vamos a unificar las estructuras del Registro Civil que están dentro del microcentro”, explicó. 

Puntos en conflicto

La fachada y el primer sector del edificio de 24 de Septiembre forman parte del patrimonio histórico. Para preservar el inmueble se proyectó que la torre de siete pisos se eleve en la parte trasera del terreno, en parte del pulmón de manzana, y que no haya cocheras. Son excepciones al Código de Planeamiento Urbano (Ordenanza N° 2.648) que debe autorizarlas el Concejo Deliberante. Para ello se planeó sesionar esta semana, posiblemente el miércoles.

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Alfredo Toscano, rechazó las acusaciones de la Provincia. Remarcó que lo único que se solicitó fue el pedido de demolición, el cual fue autorizado. Comentó también que no les mostraron el proyecto ejecutivo de la obra y que tampoco recibieron consultas sobre el tema. Al tiempo que advirtió que si se están por solicitar excepciones en el Concejo es porque el proyecto fue creado en contra del Código de Planeamiento. “No hay nada político, para nada”, remarcó.
 
“Lo que hace falta es respetar el Plan Estratégico de Desarrollo. San Miguel de Tucumán tiene que caminar para la descentralización. Si estoy por construir un edificio nuevo, lo que haría es generar nuevos polos. Se debería fomentar el desarrollo de nuevos sectores y que el edificio histórico de 24 de Septiembre quede como un centro de interpretación”, dijo Toscano y puso como opciones Campo Norte y el Complejo Muñoz.

Sesión del Concejo: el PJ lograría las excepciones con el apoyo de FR

Las excepciones que solicita la Provincia para poder avanzar con la obra del Registro Civil será el tema central de debate en el Concejo Deliberante, que no sesiona desde diciembre de 2022. Se estima que los ediles volverán al recinto el miércoles.

Los pedidos de excepciones para el proyecto que es financiado con fondos nacionales no reintegrables ya cuentan con dictámenes favorables de las comisiones de Obra Pública y de Planeamiento. El bloque de Juntos por el Cambio (JxC) se expresó en contra de las solicitudes. De todos modos, el oficialismo provincial estaría en condiciones de sancionar las ordenanzas necesarias dado que el bussismo anticipó su respaldo para el avance de la obra.

Desde la Intendencia ratificaron que la Provincia licitó y adjudicó una obra que va en contra de la normativa municipal vigente.

Fuente: La Gaceta