Uno de los escándalos más grandes de la gestión actual que encabeza el presidente Alberto Fernández ocurrió en plena pandemia del coronavirus. Cuando escaseaban las vacunas, se filtró el dato de que existía lo que se llamó “vacunatorio VIP”, por aquellos que se salteaban los turnos de vacunación contra el Covid-19 y recibían el antídoto antes de lo estipulado por la emergencia sanitaria.

Los fiscales Eduardo Taiano y Sergio Rodriguez pidieron hoy que sea citado a indagatoria el ex ministro de Salud Ginés González García por el escándalo del vacunatorio VIP, que motivó su salida del Gobierno. En un escrito de 100 carillas, al que tuvo acceso Infobae, los fiscales también reclamaron que sean citados el ex titular del Hospital Posadas Alberto Maceira, María Elena Borda (ex Jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas), Marcelo Guille (fue secretario privado de González García y realizó llamados para convocar a los vacunados VIP al Ministerio de Salud) y Alejandro Salvador Costa (en ese momento era Subsecretario de Estrategias Sanitarias).

A todos les imputa los delitos de abuso de autoridad y peculado de bienes, previstos en los artículos 248 y 261 del Código Penal. “La sustracción se produjo cuando las vacunas dejaron de estar disponibles en el Hospital Posadas para cumplir con el objetivo estatal dispuesto para esas dosis, que comprendía únicamente la inoculación del “Personal de Salud” y eventualmente del Personal estratégico”, dice el dictamen.

Vacunatorio VIP

El escándalo estalló en febrero de 2021 cuando el periodista Horacio Verbitsky contó en un programa de radio cómo había ido a vacunarse contra el coronavirus al Ministerio de Salud, tras un llamado al ex ministro Ginés González García.

Los fiscales explicaron que Maceira y Borda, que estaba e cargo del vacunatorio de ese hospital, ordenaron el retiro de unas 50 dosis de la vacuna contra el COVID-19 para vacunar a personas “elegidas discrecionalmente y por motivos particulares, que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos previstos al no integrar la categoría “Personal de Salud y/o Estratégico”, infringiendo de esa forma el esquema de vacunación estipulado en la Resolución MSAL 2883/2020 y vulnerando también, los derechos con jerarquía constitucional relativos a la salud, a la igualdad y no discriminación”.

El dictamen describe tres hechos que motivan las indagatorias. En el primero, se imputa el retiro de 10 dosis del Hospital Posadas para vacunar a personas que no estaban habilitadas por la legislación vigente. En el segundo, se menciona el retiro de 5 dosis de la Sputnik V y su traslado al domicilio del ex presidente Eduardo Duhalde, donde se vacunó su familia y Carlos Alberto Mao. Y el tercer hecho comprende la orden de aplicar de forma irregular al menos 35 vacunas.

Las 10 dosis descriptas en el primer hecho fueron retiradas del Posadas y aplicadas a Seza Manukian, Horacio Verbitsky, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Felix Eulogio Guille, Florencio Aldrey, Jorge Enrique Taiana, Salomón Schachter y Eduardo Felix Valdes. “Las dosis asignadas al Hospital Posadas no se encontraban destinadas a inocular a otras personas que no integrasen -de manera real y bajo acreditación expresa- otra categoría que no fuera “Personal de Salud y/o Estratégico”, explicaron los fiscales.

La causa judicial comenzó el 22 de febrero de 2021 con las denuncias del fiscal Guillermo Marijuan y de varios diputados.

En julio de 2021, la jueza María Eugenia Capuchetti decidió archivar parcialmente el caso al afirmar que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”. Pero el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), apeló y luego la Cámara Federal, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, le dio la razón y ordenó reabrir la investigación.

Ahora, más de dos años después del escándalo, los dos fiscales pidieron la indagatoria de Ginés González García. “Más allá de que la cantidad de dosis sustraídas que aquí se imputan pueda parecer insignificante, no hay que dejar de tener en cuenta la situación de angustia, temor, impotencia, tristeza y dolor por la que la sociedad atravesaba entonces”, sostiene el dictamen.