Las negociaciones entre el Gobierno y los gremios estatales por una recomposición salarial, con el fin de mitigar los efectos inflacionarios, están ingresando en una zona de definiciones. El gobernador Juan Manzur mantuvo intensas reuniones con los ministros Carolina Vargas Aignasse (Gobierno) y Eduardo Garvich (Economía), con el fin de diseñar la oferta que elevarán a los representantes sindicales. La intención del mandatario es cerrar las negociaciones durante la semana que viene, tras confirmarse que los tucumanos irán a las urnas el 11 de junio próximo.

La oferta oficial se asienta en tres posibilidades barajadas en la mesa de diálogo que abrió el propio Poder Ejecutivo. La primera de ellas está relacionada con el adelantamiento del porcentaje de incremento previsto para julio, de un 8%, similar al comportamiento que tuvo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante abril pasado. De esa manera, se tratará de evitar una mayor pérdida del poder adquisitivo del salario estatal que, de acuerdo con las proyecciones oficiales, alcanzará los $ 199.000 mensuales (monto bruto, que incluye los aportes patronales) para un agente de la administración centralizada hasta julio próximo. 

La recomposición originalmente acordada preveía un aumento cercano al 38%, por lo que hasta ahora ya se estaría cubriendo ese porcentaje por impulso de los precios en el rubro alimentos. De allí las demandas sindicales para la mejora. Sólo con esta petición, el Estado debería disponer de unos $ 3.500 millones adicionales a una planilla salarial mensual que alcanza los $ 29.700 millones para cubrir las remuneraciones de una dotación estimada en 110.000 agentes.

En los cálculos oficiales se sostiene que hacia el segundo semestre un docente debería estar ganando alrededor de $ 320.000 mensuales, con un incremento en siete meses del año cercano al 40%. En el caso de los empleados de la Sanidad, el promedio de ingresos brutos a los que se quiere arribar hacia el séptimo mes del año es de $ 276.000.
 
A su vez, en las comunas rurales, la mejora es un poco mayor (del 43%), ya que se trata de los salarios más bajos del sector público provincial. La idea es que hacia julio la remuneración de los obreros comunales puede rondar los $ 187.000 mensuales, una cifra que apenas supera el monto total mensual de la Canasta Básica Total (CBT), es decir, el límite de ingresos para no caer en situación de pobreza.

En la planilla salarial, el mayor gasto en Personal corresponde al sector docente, tomando en cuenta los montos brutos de esa obligación del Estado.

• Según un reporte del Ministerio de Economía, para los salarios de los maestros se destinan mensualmente unos $ 8.000 millones entre cargos titulares e interinos, suplencias y cátedras.
• Le sigue la dotación de la Salud con una erogación que llega a los $ 6.000 millones mensuales.
• En orden de importancia, la tercera ubicación se la lleva el Poder Judicial, que destina cerca de $ 4.700 millones mensuales para cubrir los salarios de sus empleados.
• El cuarto lugar corresponde a la administración general, con un gasto en Personal de unos $ 4.200 millones.
• El quinto puesto es para las fuerzas de seguridad de la provincia, con una erogación en salarios de unos $ 2.800 millones y muy cerca se ubica el Poder Legislativo con $ 2.700 millones.

Si bien la recomposición puede darse a través de un anticipo del incremento previsto para julio, en la sede del Poder Ejecutivo se recibieron otras propuestas de los gremialistas. Por ejemplo, el otorgamiento de un bono (hubo gremios que reclamaron un monto de $ 60.000 por agente) y hasta de una suma fija, otro ítem que se incorporaría a la boleta de sueldos, por un período determinado, como una manera de contribuir a no perder tanto frente a la inflación.  
 
En el área que conduce el ministro Garvich destacan la vocación de diálogo de los gremios para llegar a un entendimiento de tal manera de cerrar la próxima semana las negociaciones salariales. En el Gobierno creen que puede darse, incluso, un mix entre las propuestas, como una manera de acceder a las peticiones de los representantes estatales.

Fuente: La Gaceta