El Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán comenzó a sustanciar este miércoles el juicio de la denominada "causa Jefatura III", en el que se develarán crímenes perpetrados en perjuicio de 237 víctimas durante el Operativo Independencia y la dictadura cívico- militar instaurada con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La primera jornada, en la sede del TOF, estuvo acompañada por familiares de víctimas y representantes de organismos de derechos humanos de la provincia.

Se trata de una megacausa que juzga la responsabilidad de 27 imputados, entre los que se encuentran policías y militares, por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1983 en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán y en instalaciones del Ingenio Nueva Baviera (que había cerrado sus puertas a la producción azucarera en 1966).

Durante el primer tramo de la jornada del decimoquinto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia, el tribunal integrado por Jorge Basbus, Noel Costa y Juan Carlos Reynaga escuchó la lectura de una síntesis de la acusación por parte de la fiscalía.

El fiscal Pablo Camuña celebró que se esté llevando adelante el juicio y recordó que "en el año 2020 fue la última que se realizó en la provincia un debate por delitos de lesa humanidad".

"Esta causa se centra en el fenómeno criminal de la actuación dentro del esquema represivo general y del plan sistemático que llevo adelante la Policía de Tucumán, tanto dentro de la estructura genérica como su estructura específica, en sus áreas de inteligencia y en las comisarías que prestaron colaboración", explicó.

Camuña señaló que en la mayor parte de los casos existe "una vinculación directa entre los hechos delictivos y el grupo de Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC-D2) de la Policía de la provincia, que fue el área encargada de llevar adelante los delitos de los que participaron más de la mitad de los acusados".

Este grupo "actuó tanto en el centro clandestino de detención (CCD) de la Jefatura de Policía como también en el CCD del Ingenio Nueva Baviera, ubicado en la ciudad de Famaillá, al sur de la provincia de Tucumán, donde a su vez, funcionaba el puesto de comando táctico del Ejército Argentino en lo que llamaban 'la zona de operaciones'", dijo.

Otras instituciones que funcionaron "como un espacio físico de relevancia fueron la Brigada de Investigaciones de la Policía, sedes de la Unidades Regionales de Capital y Oeste, principalmente, y 32 comisarias que de una u otra manera tuvieron intervención en los 237 casos", añadió.

Cada uno de los imputados "cumplió roles claramente asignados tanto en el esquema formal como en el clandestino de represión de opositores políticos, haciendo cumplir o cumpliendo órdenes ilegales desde sus posiciones en las distintas fuerzas armadas, de seguridad y policiales", indicó el fiscal .

Las imputaciones son por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones y torturas agravadas por la condición de perseguidos políticos de las víctimas.

Además, a los acusados se les imputa homicidio triplemente agravado por haberse realizado con alevosía, el concurso de dos o más personas y con la finalidad de conseguir impunidad; violación agravada por producir graves consecuencias a la salud de la víctima y ser realizada con el concurso de más de dos personas; abuso deshonesto, asociación ilícita, aborto, reducción a la servidumbre y extorsión.

La fiscal Valentina García Salemi dijo que esta megacausa aborda los casos de 237 víctimas de las cuales "todas fueron secuestradas, torturadas, varias de ellas abusadas sexualmente, y 84 fueron desaparecidas".

"A lo largo del tiempo se pudo recuperar restos de algunas de ellas en distintas fosas comunes, principalmente en el Pozo de Vargas, y de una sola persona en el cementerio de Choromoro. Quince personas que habían estado desaparecidas pudieron recuperar su identidad", manifestó la fiscal.

La funcionaria judicial sostuvo que "las víctimas de este caso eran personas trabajadoras, muchas de ellas tenían actividad sindical y otras eran estudiantes universitarios, técnicos e incluso secundarios".

Añadió que "las personas afectadas tenían sus familias, amigos, militancia política en muchos de los casos, proyectos de vida. Las víctimas no son solo sujetos pasivos de este juicio penal, sino son quienes han sufrido las principales y más grave violaciones de derechos humanos que pudo conocimiento la historia reciente argentina".

En el juicio también actúan querellas particulares representadas por Pablo Gargiulo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El representante del Ministerio Público de la Defensa, Mariano Galleta, solicitó la nulidad del proceso argumentado que los acusados ya habían sido juzgados por los mismo hechos en juicios anteriores.

De acuerdo con tratados internacionales de derechos humanos "nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo el hecho".

La Defensa Pública asistirá a 26 imputados, ya que uno de ellos, Luis Rolando Ocaranza, es representado por la abogada particular Julieta Jorrat.

Con respecto al pedido de nulidad del tribunal, Camuña consideró que "el planteo realizado por la defensa es engañoso porque los acusados fueron juzgados anteriormente, pero por otros hechos diferentes a los de esta causa".

Los jueces deberán determinar si harán o no lugar al planteo realizado por Galleta en la próxima audiencia, el miércoles 31 de mayo.

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FUENTE: Télam