Este miércoles, 17 de mayo, quedó refrendado un acuerdo de juicio abreviado impulsado por el Ministerio Público Fiscal en el que resultó condenado un hombre de Concepción acusado de estafar a una mujer a la que le había otorgado un crédito personal. 

En el año 2017, la víctima solicitó un préstamo de dinero poniendo, a pedido del acusado, como garantía la casa en la que vivía con sus hijos. Sin embargo, se comprobó que, el imputado, mediante diferentes engaños, hizo firmar a los familiares una cesión de acciones y derechos sobre la vivienda, para luego iniciar un juicio por desalojo a pesar de que ya habían saldado la deuda.

La causa fue llevada a juicio por la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Delitos Complejos, que conduce Mariana Rivadeneira. Durante el debate y luego de que se haya producido la mayoría de la evidencia, el imputado se declaró culpable, reconociendo su maniobra fraudulenta, por lo que la fiscalía, representada por el auxiliar Juan José Ibáñez y actuando de común acuerdo con la defensa y las víctimas, solicitó ante el juez que la causa se resuelva bajo la modalidad de juicio abreviado.

Acuerdo pleno

En este sentido, el representante del MPF indicó que las partes convinieron una pena de dos años de ejecución condicional, más la reparación de los daños ocasionados. Esto implica principalmente la devolución de la documentación que el imputado tenía respecto a la mujer, la firma de un instrumento público en la cual deja sin efecto toda documentación que hizo firmar a los damnificados y el desistimiento de la causa civil de desalojo. A su vez, el acuerdo incluyó una reparación económica de $1.400.000 pesos en favor de la víctima.

El juez actuante hizo lugar al acuerdo alcanzado entre las partes y en consecuencia, resolvió declarar la responsabilidad penal del acusado por el delito de Estafa e imponer la pena pactada, dejando firme la sentencia.

El caso

El 13 de junio del año 2017, la mujer le solicitó al acusado un préstamo de $220.000 pesos en su negocio ubicado en el centro de la ciudad de Concepción. El hombre le informó que para acceder al mismo debía poner en garantía la vivienda familiar, por lo que la víctima junto a sus hijos fueron citados a una escribanía donde firmaron un documento en blanco que, según dijo el acusado, era requisito para llevar a cabo la operación. Según la acusación, este accionar se trató de una maniobra urdida con la intención de obtener una ventaja económica indebida, atento a que dicha garantía era desproporcionada al préstamo otorgado.

Posteriormente, el imputado solicitó a la damnificada la suma de $80.000 más para devolverle los documentos relativos a su vivienda, suma de dinero que la mujer pagó sin que el sujeto le hiciera entrega de la documentación. Luego, en el mes de mayo de 2021, la familia fue notificada del desalojo del inmueble pese a la cancelación de la deuda, sufriendo en definitiva un grave perjuicio patrimonial.