Entre las numerosas deudas -externas e internas- del país, una es la más dolorosa y persistente: la que el Estado mantiene con los menores de edad. Transcurridos dos años de la crisis sanitaria y social desatada por el coronavirus, los indicadores sobre desarrollo humano, económico y social de niños y adolescentes implican un retorno a los niveles prepandémicos.

Vulneración de derecho, falta de techo y comida son los pilares de una situación crítica, descrita en el documento “Retorno a la senda de privaciones que signan a la infancia argentina”, impulsado por el Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, a través de su línea de investigación “Barómetro de la Deuda Social de la Infancia”.

El estudio estuvo liderado por Ianina Tuñón, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora de la UCA y especialista en sociología infantil.

El análisis abarca la evolución, desde 2010 (con énfasis en los últimos años), de diferentes dimensiones: alimentación; subsistencia; salud; hábitat; crianza y socialización; información; educación; y trabajo infantil. Pese que se constata una mejora respecto al período de crisis de 2020-2021, la conclusión es clara: en la mayoría de los planos, no hay progresos respecto a la etapa previa.

Niños con hambre en el granero de mundo

La jurisprudencia nacional -como la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes- e internacional -de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030- a la que Argentina suscribe busca garantizar el bienestar de las infancias. La alimentación nutritiva es uno de los ejes fundamentales de toda normativa. "Todo indica que hay mucho por hacer en el país", decretan los autores.

La inseguridad alimentaria -hambre y reducción de la dieta de alimentos en los últimos 12 meses por problemas económicos- se incrementó un 44% entre 2010 y 2022 y el mayor deterioro se detecta en los últimos cinco años. El peor momento se constató en el pico de la pandemia, en 2020, cuando llegó al 37,2%. Y, aunque durante los últimos dos años se registró una mejora, en el segundo semestre del 2022 un tercio de la población de niños y adolescentes se encontraban afectados por esta problemática.

Los programas de transferencias de ingresos orientadas a los sectores sociales más vulnerables no han cesado de aumentar, alcanzado niveles más elevados que en la prepandemia e incluso que en la pandemia. Asimismo, las ayudas alimentarias directas en comedores escolares y comunitarios, como la copa de leche, han incrementado su cobertura de modo progresivo: en plena pandemia llegaban al 46,5% de la población de niños y adolescentes; en el 2022, ya rozaban el 60%.

El informe remarca que la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta AlimentAR han impactado de forma positiva en los indicadores de inseguridad alimentaria severa. Aun así, advierte que "existe evidencia cuantitativa y cualitativa sobre su insuficiencia para garantizar un consumo adecuado de nutrientes esenciales en la infancia (lácteos, carnes, frutas, verduras)".

Hijos del hambre

En el poema "Hay un niño en la calle", Armando Tejada Gómez escribía sobre la "niñez triturada por escasos centavos". La falta de recursos monetarios conforma un tema acuciante y urgente. Se considera pobres a los niños y adolescentes de hogares cuyos ingresos no superen el umbral para adquirir en la canasta de bienes y servicios básicos (la llamada "Canasta Básica Total").

Para el segundo semestre de 2022, la cifra de pobreza ascendía al 61,5%, Y, dentro de esta población, se estima que la indigencia (o falta de acceso a la denominada "Canasta Básica Alimentaria") superaba el 13%. Estos menores no pueden acceder a un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas.

Las condiciones de saneamiento, destaca el informe, también son deficitarias para las infancias. Tanto por falta de acceso al agua de red, como por la insuficiencia de cloacas, que alcanza al 40% de los niños y adolescentes de zonas urbanizadas.

"Se trata de un problema de tipo estructural que si bien sigue una tendencia positiva se ha estancado en su evolución desde el 2018. La precariedad en las condiciones de saneamiento aumenta en su incidencia a medida que desciende la edad de los niños y niñas, y, claramente, a medida que empeoran las condiciones socioeconómicas de los hogares", alegan los autores.

Obligados a trabajar

"El trabajo infantil en actividades domésticas intensivas y en el mercado tras la pandemia recuperó su prevalencia y afecta a casi el 15% de la población entre los 5 y 17 años (6,9% en el trabajo doméstico y 9,2% en el económico)", confirman desde el Observatorio. Las más afectadas son las niñas y adolescentes.

En el caso del trabajo económico, prevalecen diferencias sociales significativas, con una fuerte localización en el interior del país. El trabajo doméstico, por su parte, resulta transversal a las regiones.

Los atropellos y falencias no terminan ahí. Junto a las privaciones de alimentación, vivienda y saneamiento, están las educativas, las referidas a la salud y a la información.

El estudio resume: "Se estima que, en el segundo semestre de 2022, seis de cada diez niños y adolescentes en el país experimentan al menos una carencia en el espacio de los derechos​, que los Estados deberían garantizar en la sociedad argentina. Y casi dos de cada diez en niveles severos que comprometen el desarrollo del máximo potencial del niño o niña".

FUENTE: Clarín