El juez federal Leopoldo Bruglia, trasladado durante el gobierno de Mauricio Macri a la estratégica Cámara Federal porteña, demandó el viernes pasado al presidente Alberto Fernández por daños y perjuicios. Lo acusa de haberlo difamado y le reclama un resarcimiento de 40 millones de pesos.

Según Bruglia, el Presidente debe retractarse de sus dichos porque fue el responsable de una “difamación pública” en su contra “con argumentos falaces y ataques a la investidura” de juez federal, y porque eso le causó “daño al honor, reputación y dignidad -con afectación moral– daño en la imagen pública, familiar, social e institucional”.

“No estamos ante un hecho de simple ofensa. Estamos hablando de un Presidente de la Nación, descalificando falazmente a un juez de la Nación, utilizando un medio de comunicación masivo y con enorme repercusión social. Es evidente que no se lo puedo permitir”, sostuvo en su demanda. A criterio de Bruglia, Fernández sólo buscó descalificar un fallo que no era de su agrado generando “una estigmatizante, denigrante y humillante imputación” con “absoluta deslealtad” a la verdad.

Y añadió: “No se ha privado el doctor Fernández, especialista en derecho penal en la UBA, de no dejar duda alguna en cuanto a lo que se refiere a mi persona. Prueba de ello es que me mencionó con nombre y apellido, como integrante del Poder Judicial, en mi carácter de juez federal, publicando una seguidilla irreflenable de tweets, al instante mismo de tomar estado público el fallo de Revolución Federal”. Ante esto, Bruglia advirtió: ”Fallé legalmente corresponde y con los debidos fundamentos respetando el profesionalismo que me esfuerzo en practicar en los ya 30 años que llevo de trayectoria en el cargo de juez de Cámara”.

No es un dato menor que el juez mencione su medio siglo de carrera judicial y sus tres décadas como juez. Es que Alberto Fernández y Leopoldo Bruglia se conocen de otra vida. Se cruzaban en la facultad de derecho como estudiantes. Bruglia fue muy cercano al grupo de amigos de la hermana de hoy jefe de Estado.

Como en toda demanda por daños, el afectado debe pedir una cifra. Bruglia reclama 40 millones de pesos y la retractación pública “por el mismo medio y cuenta personal” del jefe de Estado y por los principales medios nacionales en papel y digital. Se busca una “condena justa y equitativa, que contempla la magnitud del daño provocado y su dimensión”, señaló.

“No es sustancial para mí la solución patrimonial. No llega a restaurar lo dañado. Pero es muy importante intentar reponer algo de lo que en muchas ocasiones hemos perdido en el correcto ejercicio de la jurisdicción, en colisión con intereses políticos (...). Es una cuestión de límites, de excesos y de impunidad”, afirma el escrito que lleva la firma de los abogados patrocinado Estela Eva Pastorini y Juan Manuel Blanco.

El juez acusa a Fernández de haber propagado sus falsas acusaciones, vertidas en Twitter

El eje de esa demanda es la publicación que Alberto Fernández hizo el 2 de noviembre pasado, a las 16:42, desde su cuenta de Twitter, después del fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña en donde se resolvió dejar en libertad a los cuatro integrantes de la agrupación “Revolución Federal”, en la mira de la vicepresidenta Cristina Kirchner desde su intento de homicidio ocurrido el 1 de septiembre. Para criticar el fallo, el jefe de Estado aseguró que dos de los integrantes de ese tribunal “ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución”.

De inmediato, Bruglia denunció públicamente la “gravedad institucional” de esas manifestaciones, sostuvo que no es ilegítimo, habló de una injerencia sobre el Poder Judicial y sostuvo que los dichos de Fernández son “ofensivos”, “falaces” e “inaceptables. Y anunció una demanda por daños y perjuicios y su renuncia a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional por no haber salido rápidamente a repudiar esas expresiones. En su demanda, el juez volvió sobre esa entidad. Es más, señaló que esta presentación formal es una búsqueda de reparación individual ante la falta de un gesto colectivo de sus pares.

Las palabras del Presidente apuntaban a deslegitimar el rol de Bruglia y su colega Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal. En julio del 2020 el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, pidió la revisión de una decena de traslados que consideraba irregulares. Allí figuraban los nombres de los dos jueces que habían integrado el Tribunal Oral Federal 4 y que, en la gestión macrista, habían sido trasladados por el entonces Consejo de la Magistratura a la Sala 1 de la Cámara Federal, un tribunal clave a la hora de decidir el futuro de las causas que se investigan en Comodoro Py. Desde allí, Bruglia y Bertuzzi intervinieron, por ejemplo, en el caso “Cuadernos”, en la cual Cristina Kirchner fue señalada como la jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre empresarios entre 2003 y 2015.