Piden a la Procuración sanciones para Stornelli

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pedirá al Procurador General interino, Eduardo Casal, que se tomen las "medidas disciplinarias correspondientes" contra el fiscal federal Carlos Stornelli, ante la renuencia del funcionario a concurrir a dar testimonio ante el organismo parlamentario, en el marco del proceso contra los miembros de la Corte Suprema.
En tanto, se resolvió citar para el próximo martes al exministro de Justicia, Germán Garavano, en el marco de los expedientes relacionados con los fallos del '2x1' a genocidas.

La tercera reunión testimonial de la comisión que analiza la conducta de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti tuvo como características los gritos y chicanas entre los legisladores del Frente de Todos (FdT) y de Juntos por el Cambio (JxC).

Los cruces se sucedieron especialmente cuando declararon los secretarios de la Corte Suprema Sebastián Alberto Garay (Secretaría de Juicio Originarios) y Guillermo Sebastián Garay (Vocalía de Rosatti).

Además de los Garay -hijo y hermano del presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Garay- declararon Natalia Hilda Monayer (Vocalía de Rosatti) y Juan Manuel Olima Espel (Secretario Institucional de la Procuración General de la Nación).

Los cruces se sucedieron porque los opositores Juan Manuel López, Silvia Lospenatto, Pablo Tonelli y Mario Negri, acusaban a los representantes del oficialismo de "intimidar" a los testigos.

El FdT rechazó el pedido de Tonelli para que la comisión haga una denuncia de "falso testimonio" contra el juez Alejo Ramos Padilla, quien expuso hace 15 días ante este cuerpo de trabajo.

Además, a propuesta del diputado oficialista Rodolfo Tailhalde, se decidió pedir documentación a la Corte y convocar como testigos, entre otros, al exministro de Justicia macrista Germán Garavano y al ex funcionario y operador judicial del anterior Gobierno Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien se encuentra en Uruguay, prófugo de la justicia.

También pidió la citación del abogado y exsecretario de Justicia del macrismo, Santiago Otamendi; del ex titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Horacio Diez y de los periodistas Silvana Boschi e Ignacio Miri, todos en relación al fallo del '2x1' emitido por la Corte durante el gobierno de Cambiemos sobre el cumplimiento de las penas por parte de los autores de delitos de lesa humanidad.

Al iniciar la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), anunció que Stornelli "no ha comparecido" ante el cuerpo y reiteró que "si accedemos a enviarle las preguntas" como solicitó el fiscal "estaríamos violando el reglamento", al precisar que sólo pueden "declarar por escrito el presidente, vicepresidente y los gobernadores".

Al responder a los legisladores de Juntos por el Cambio, que insistieron con hacer lugar al pedido de Stornelli de declarar por escrito, Gaillard reiteró que no enviarán las preguntas al fiscal y dijo: "La finalidad de esta comisión es llevar adelante este proceso para esclarecer los hechos. No puedo apartarme del reglamento".

Asimismo, la diputada anunció que la comisión "le va a comunicar al procurador Casal la ausencia de Stornelli y se solicitará que disponga las acciones sancionatorias correspondientes".

"Vamos a dejar todas las cuestiones que sean motivo de debate para el final", dijo en referencia a la situación del fiscal.

Stornelli fue quien, en la última feria judicial, propuso el archivo de dos denuncias casi calcadas para que se investigara si había delitos en las conversaciones atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte, y Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires.

El argumento esgrimido por Stornelli para pedir el archivo de las denuncias (una de ellas presentada por el abogado Gastón Marano, quien había asesorado a Juntos por el Cambio en la Comisión bicameral de Inteligencia) fue que los elementos citados por las presentaciones judiciales podrían haber sido obtenidos de manera ilegal.