8M: el Estado todavía falla en la respuesta y la protección de las mujeres

En lo que va de 2023, se registraron al menos 52 femicidios en la Argentina. Según el relevamiento realizado por la Asociación Civil Casa del Encuentro, el año pasado hubo 301 víctimas de violencia machista, lo que equivale a una mujer muerta cada 29 horas.

“Matan con saña. Los agresores actúan así porque sienten que no los van a condenar nunca. No podemos seguir naturalizándolos”, reflexionó Ada Rico, presidenta del Observatorio “Adriana Marisel Zambrano”.

Preguntar por qué no bajan los casos es algo tan abierto como difícil de responder. En la previa a un nuevo 8M, se consultó con especialistas para profundizar sobre el panorama nacional y señalar las falencias que hay detrás de las terribles cifras.

Los homicidios bajan, los femicidios aumentan

La Asociación Civil La Casa del Encuentro Observatorio “Adriana Marisel Zambrano” fue el primero en realizar estadísticas sobre la cantidad de femicidios en el país, diferenciados de los homicidios dolosos. El relevamiento comenzó en 2008, con 208 muertes y las cifras fueron in crescendo durante los años siguientes. El primer pico que se reportó fue en 2011, donde hubo 282 femicidios. Después de la vorágine que despertó el movimiento #NiUnaMenos en 2015, los casos aumentaron hasta llegar a los 295 y para 2020, con la irrupción de la pandemia, el número se disparó hasta los 299 casos y en 2021 fueron 305.

Además de este seguimiento, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisa las causas judicializadas desde 2015 en adelante, pero los datos correspondientes a 2022 aún continúan bajo análisis.

Sumado a esto, el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género realizó la primera Encuesta de Prevalencia contra Mujeres de Argentina, en la que estimó que el 45% de las mujeres atravesó algún tipo de violencia doméstica a lo largo de su vida.

Para llegar a esta conclusión, la cartera de género entrevistó a 12.152 mujeres de entre 18 a 65 años en diferentes puntos del país. El resultado también arrojó que el tipo de violencia más frecuente es la psicológica (42%), mientras que el 23% de las mujeres reconoció haber vivido episodios de violencia económica y patrimonial; el 23% violencia física y el 18% admitió haber atravesado situaciones de violencia sexual por parte de su pareja actual o expareja.

“Lo más preocupante es que solo dos de cada diez realizó la denuncia”, alertó Cecilia Alemany, directora Regional Adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe y representante en la Argentina.

Para tomar magnitud de los datos, Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, indicó que “los casos son muchísimos” y espera que la cifra acumulada durante el año pasado muestre un descenso. Además, advirtió que “hay que mirar con respeto los datos para analizar si es una tendencia que se mantiene a lo largo del tiempo”.

Asimismo, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, proyectó que los relevamientos que trascendieron del 2022 “dan cuenta de cifras que van en aumento”. Y es una realidad: en la diaria no se refleja una disminución de casos.

Por otro lado, Ángela Oyhandy, socióloga y directora del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), marcó que la tasa de homicidios dolosos en la Argentina sí se redujo considerablemente en el tiempo: “Hoy es la mitad de lo que era en el 2002. Sin embargo, no tiene su correlato en los femicidios. Para quienes no le dan importancia a las cuestiones de género, acá definitivamente hay un fenómeno que responde a otras causas y necesita políticas específicas”.

El femicidio de Jésica Olguín, más que un caso testigo de la violencia machista

Jésica Olguín tenía 33 años. El 23 de enero de este año la encontraron muerta, atada de pies y manos, en su casa en Las Heras, Mendoza. Su expareja fue a increparla en la madrugada porque se enteró de que había iniciado otra relación: la insultó, la golpeó y la estranguló hasta terminar con su vida.

En octubre de 2021, Juan Manuel Tarres había golpeado por primera vez a Jésica. En ese momento, le dio un cabezazo y le advirtió: “Te voy a matar, hija de puta”. Ella lo denunció, pero el hombre de 48 años solo estuvo preso un día y la justicia ordenó la prohibición de acercamiento.

Después de atravesar tanta violencia, Jésica había intentado rehacer su vida junto a sus dos pequeños. “Chau 2022. Que este 2023 esté lleno de bendiciones y éxitos para todos”, había publicado el pasado 1° de enero, pero 22 días después sufrió un desenlace fatal que se pudo haber evitado.

El día antes del femicidio, Tarres quiso tenderle una trampa: se juntó con los dos hijos que tienen en común y los llevó a la casa de sus padres. Él esperaba que la mujer fuera a buscarlos, pero eso no sucedió, así que él rompió la restricción y fue al domicilio de Jésica a concretar lo que había anunciado hacía más de un año. Después de matarla, fue hacia la casa de una tía, a quien le confesó el crimen, tomó pastillas y se fue a dormir. A la mañana siguiente, la mujer lo denunció en la comisaría y la policía lo detuvo.

El de Jésica fue uno de los 23 femicidios que hubo en enero de este año. En febrero, el número asciende a 29.

¿Por qué no bajan los femicidios?

En 2015, el movimiento #NiUnaMenos logró que se empezara a visibilizar una demanda social latente: la necesidad de que el Estado diera respuesta ante los numerosos casos de violencia de género.

“El reclamo venía desde la necesidad de conocer la verdad. Fue un aporte concreto del movimiento de mujeres que pedía políticas públicas rigurosas”, dijo Oyhandy. Y Rico enfatizó: “La toma de conciencia se hizo, pero es esencial que el Estado responda y proteja a quien está en una situación de violencia de género”.

Las fuentes consultadas coincidieron en que la irrupción de #NiUnaMenos produjo un quiebre. “La Argentina fortaleció tanto sus instrumentos de medición y las capacidades del funcionariado público, como la conciencia social sobre estos delitos, lo que implica que hoy los femicidios se visibilicen con mayor claridad, a pesar de que sigan ocurriendo”, sostuvo Alemany. Y Malacalza agregó: “Se dio un consenso social de rechazo y no naturalización de violencia de género, que aún hoy requiere de la transformación social y cultural acompañada de políticas públicas”.

A partir de allí, se impulsaron varias medidas para erradicar y prevenir la violencia de género, entre ellas, la creación de una base de datos que depende de la Corte Suprema de Justicia para conocer los femicidios, intentar que la Educación Sexual Integral (ESI) se cumpla en todas las escuelas, la implementación de líneas de asistencia telefónica para víctimas, redes de contención y espacios para asistencia de víctimas, la sanción de la Ley Micaela para capacitar al personal de los tres poderes. Incluso años más tarde, la creación de un ministerio destinado a atender esta necesidad.

También surgieron programas como ‘Acompañar’, que otorga un ingreso por seis meses para que la víctima pueda ser independiente del vínculo violento y ‘Reparar en Comunidad’, para reconstruir el proceso de duelo de todos los lazos comunitarios que se vieron afectados en un hecho de violencia.

Sin embargo, especialistas en la materia advirtieron que las políticas públicas están a mitad de camino, lo que explica que el descenso de los femicidios aún no se vea reflejado en los números. “¿Son suficientes las políticas implementadas? No. Hay que seguir trabajando par que se sigan consolidando hacia donde se deben dirigir las políticas. Que no sea un Estado que solo impulse la denuncia, sino que acompañe en todo momento para evitar los hechos que venimos viendo”, manifestó Malacalza.

Al definir la violencia como multicausal, la presidenta de la Casa del Encuentro planteó que el abordaje “tiene que ser integral, multidisciplinario y federal”. “Ahí hay un problema: falta trabajo de territorio, para que la información llegue a todas las mujeres, incluso a aquellas que viven en zonas rurales”, expresó. Gherardi agregó que es fundamental la territorialización de los programas y la llegada concreta a los ámbitos locales. “La ayuda no termina de llegar a cada uno de los lugares, requiere fortalecer a los municipios que es el Estado más cercano a la gente. Para eso necesitan recursos humanos, técnicos, de infraestructura y asistencia más que inmediata”.

A su vez, Belski apuntó que “continúa siendo una deuda” la implementación de un sistema unificado que contemple las denuncias: “En 2020, el Ministerio de Seguridad de la Nación creó el Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE). Sin embargo, hasta ahora adhirieron 15 jurisdicciones y el programa aún no está en funcionamiento”.

“Desde Amnistía Internacional creemos que es indispensable investigar las deficiencias de las políticas públicas existentes en todas las carteras estatales y con ello abordar las causas profundas de los femicidios, transfemicidios y travesticidios, que son la punta del iceberg y la manifestación más visible de las violencias de género”, agregó.

“Si me llegás a engañar, estas balas son todas para vos”: los intentos de femicidios que también alarman
También propusieron hacer un relevamiento exhaustivo de los intentos de femicidio “para saber en qué lugares hay más casos y trabajar ahí, conocer las causas e intentar evitarlos a través de la prevención”. Uno de esos casos se vio hace unas semanas en la zona de Nazca y Beiró, Agronomía. Aunque hubo varios heridos, era Camila Soledad Juárez el objetivo del ataque planeado por el policía federal Sebastián Vargas Orellana, su expareja.

“Son todas para vos, si me llegás a engañar”, decía el macabro mensaje que el agresor le mandó a la víctima antes de agredirla. La amenaza iba acompañada de una foto en las que se observaba un corazón formado con balas de 9 milímetros.

La mujer de 26 años recibió varios disparos cuando caminaba de la mano junto a su actual pareja, Ulises González. Ella fue trasladada de urgencia al Hospital Tornú, aunque por su estado crítico debió ser derivada al Hospital Churruca-Visca. González carga con el diagnóstico más delicado: perdió el bazo y el riñón izquierdo, sufrió una lesión en el páncreas, una perforación en el estómago y también permanece en estado crítico en la UTI del mismo hospital.

Ambos son aspirantes de la Escuela de Suboficiales de la PFA. En ese ámbito, en las fuerzas de Seguridad, de acuerdo con datos del Ministerio que encabeza Aníbal Fernández, durante 2021 y 2022, hubo más de 1800 denuncias por situaciones de violencia de género al interior de la institución y sus dependencias. “Esto da cuenta de las graves fallas que presenta el sistema”, puntualizó Belski.

Prevenir la violencia machista, la necesidad de un Estado responsable y la importancia de una justicia con perspectiva de género

Por ese motivo, las organizaciones insisten con impulsar más medidas que se aboquen a prevenir las violencias en todos los espacios. La directora de Amnistía Internacional recalcó que el desafío es “lograr que el financiamiento para los sistemas de prevención y coordinación interinstitucional de respuesta y reparación a las víctimas sean una prioridad política para todas las autoridades y se reflejen en asignaciones presupuestales acordes”. Esto también es elemental para que cada rincón del país cuente con el área y el capital vital para asistir y acompañar a las víctimas.

Además de concientizar, una transformación sociocultural debe empujar el modo en que nos relacionamos y evitar así que los femicidios se reproduzcan. “La agenda de género es difícil de cumplir si no se avanza en una transformación para generar una sociedad más igualitaria”, analizó Oyhandy. “Hay que trabajar en todos los niveles y con todas las generaciones, y por supuesto, con toda la ciudadanía. No podemos seguir viendo cómo una mujer es víctima de femicidio cada 35 horas en la Argentina y cómo se reportan mensualmente más de 500 violaciones por mes”, acentuó la representante en la Argentina de ONU Mujeres.

Otra de las trabas a la hora de detectar situaciones violentas tiene que ver con el largo proceso judicial que conlleva realizar una denuncia. “Las investigaciones nos han mostrado que hay muchas barreras de acceso a la justicia y falta de articulación en las respuestas entre el Poder Ejecutivo y el Judicial que todavía no se han logrado resolver, a pesar de los esfuerzos que se han hecho”, indicó Gherardi.

Detalló, además, que las víctimas deben poder contar con el acompañamiento necesario para saber cómo funciona la justicia, qué esperar y aquellas que dependan económicamente del agresor, puedan acceder a un patrocinio jurídico gratuito. “Sin tener la asistencia para impulsar los procesos, solo por hacer la denuncia no podes resolver las decenas de problemas asociados. Surgen otros procedimientos que se derivan de la denuncia como discutir la cuota de alimentos, el divorcio o el régimen de cuidado para los hijos en común. Todas cosas que exceden a la medida inmediata, pero están vinculados y necesitan un asesoramiento jurídico”, precisó.

Sobre este punto, Ada Rico planteó avanzar en un sistema de turnos 24/7 en el Poder Judicial “porque la violencia de género no entiende de horarios ni de fin de semana”. También hizo énfasis en promover una justicia con mirada de género.

“La incorporación de esa perspectiva de género en la justicia implica, no solo que se cumpla con estas obligaciones constitucionales, sino también eliminar las relaciones asimétricas de poder y las desigualdades estructurales. Poner fin a los femicidios, no solo es urgente, sino que es posible, pero demanda cambios sustantivos que llevan tiempo”, aseveró Alemany, pero aclaró: “Esto no quiere decir una ‘justicia para mujeres’ o que ‘las beneficie’ por el hecho de ser mujeres como, desafortunadamente, a veces se interpreta. Es evidente que la igualdad formal no se traduce automáticamente, pero es el primer paso y una condición necesaria, ya que aún existen barreras para que se respeten y se cumplan estos mecanismos”.

Fuente: TN