El Gobierno ofreció la ciudadanía a opositores nicaragüenses
El gobierno de Alberto Fernández anunció este martes su disposición a otorgarle la ciudadanía argentina a más de 90 opositores nicaragüenses a quienes el sandinismo les quitó la nacionalidad. Entre ellos se encuentran los escritores nicaragüenses Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
”El Gobierno argentino está dispuesto a otorgar la ciudadanía argentina a @sergioramirezm @GiocondaBelliP y todos los que están padeciendo lo que está sucediendo en Nicaragua”, dijo la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en su cuenta de Twitter.
La mayoría de los opositores a los que el presidente Daniel Ortega les quitó la nacionalidad nicaragüense se encuentra en el exilio.
Santiago Cafiero dijo que se trata de un trámite sencillo
Poco antes, el canciller Santiago Cafiero habló con Radio Con Vos sobre el tema: “Si Sergio Ramírez pide la ciudadanía argentina, se la damos. Se inicia un trámite sencillo y la Argentina está en condiciones de hacerlo”, indicó.
El ministro explicó que “se trata de un trámite personal. La Argentina está en condiciones de darles la ciudadanía. El solicitante tiene que iniciar el trámite, que es muy sencillo, en la Embajada argentina”, precisó. “Lo hemos conversado con el presidente (Alberto Fernández) cuando vimos los sucesos de Nicaragua”, afirmó Cafiero.
Además, señaló que la Argentina “siempre ha marcado la necesidad de que ese país vuelva a respetar los derechos humanos” y afirmó que el gobierno de Alberto Fernández “ha condenado la persecución que han sufrido muchos nicaragüenses”.
Daniel Ortega deportó a 222 presos a Estados Unidos y le quitó a 94 opositores la nacionalidad nicaragüense
El gobierno sandinista de Daniel Ortega liberó el 9 de febrero a 222 presos políticos que estaban encarcelados en distintas prisiones de Nicaragua y los deportó directamente a Estados Unidos.
Seis días después, declaró “traidores a la patria” a 94 opositores y críticos, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como numerosos periodistas y defensores de derechos humanos, a quienes les quitó la nacionalidad y ordenó confiscarles sus bienes inmuebles. A todos ellos “se les declara prófugos de la justicia”. Además de perder su nacionalidad, no podrán ejercer cargos públicos ni de elección popular “de forma perpetua”, indicó la resolución.
