El viernes 17 de febrero, el Congreso de la República decidió aprobar, con 59 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, la denuncia constitucional contra el exmandatario Pedro Castillo. Es así como se oficializó dicha acusación en el diario El Peruano por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Este fue presentado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien lo acusaba de ser el líder de una presunta organización enquistada en Palacio de Gobierno ante el Parlamento. Asimismo, contra Juan Silva Villegas (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda).

“Declarar haber lugar a la formación de causa penal contra el señor José Pedro Castillo Terrones, en su condición de expresidente de la República; por ser presunto AUTOR de los delitos (…) organización criminal agravada por su condición de líder, (…) en agravio del Estado”, se lee en la Resolución Legislativa 006-2022-2023-CR.

 
Asimismo, de acuerdo con el informe final, estos presuntos delitos se habrían cometido durante su cargo de presidente, donde “habría hecho mal uso de su alto cargo” para mandar en los más altos cargo de otras entidades.

El documento tiene la firma del titular de la Mesa Directiva, José Williams Zapata, y de la vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano Delgado. Esto figura en Boletín de Normas Legales.

Un proceso

El autor del informe fue el congresista Diego Bazán de Avanza País, la cual primero tuvo que ser aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y en la Comisión Permanente. Es así como se trasladó al Pleno para que se realice la votación, donde la sustentación estuvo a cargo de Lady Camones y Bazán.

Ante este debate, el expresidente tuvo que asistir al Congreso para que ejerza su defensa, pero no asistió ni de manera virtual. Como se recuerda, el profesor chotano se encuentra recluido en el penal de Barbadillo cumpliendo una prisión preventiva por 18 meses, por lo cual su asistencia sería con permiso a través de una plataforma.

El único que se hizo presente de manera virtual fue su abogado Eduardo Pachas, quien solicitaba que su defensa sea presencial, realizando los trámites necesarios. No obstante, la presidenta de SAC lo rechazó y calificó como una “maniobra dilatadora”.

Exministros de Estado

La denuncia constitucional también fue aprobada para los exministros. En este caso, Juan Silva se encuentra prófugo de la justicia luego de solicitarse su presencia ante la Fiscalía de la Nación, pero nunca acudió. Es así como alcanzó 87 votos a favor para ser acusado.

Mientras que, en el caso de Geiner Alvarado fue aprobado con 80 votos a favor, 0 en contra y una abstención. En este sentido, las acusaciones serán enviadas al Ministerio Público para que se formalice la investigación e inicie el proceso penal contra los exfuncionarios.