El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se refirió a la ola delictiva en Santa Fe y negó que desde Nación no se la asista a la provincia en la materia, además que consideró que los cambios en el gobierno provincial no responden a una escalada de violencia generalizada.

Según indicó, los hechos que se suscitaron recientemente son puntuales y trascienden por su magnitud y alevosía, pero no responden a una ola de violencia.

“No entendemos que haya una escalada de esas características de violencia”, afirmó y dijo que “son hechos de mucha potencia porque es un lugar con complicaciones desde hace tiempo”.

Consultado por el medio Cadena 3 sobre la presencia de Gendarmería y Policía Federal explicó: “Nuestro trabajo es muy profundo, pero no es el de la policía que tiene que hacer la Provincia”.

Y agregó: “Estamos trabajando. Nosotros los trabajos más importantes en términos de cantidad, en función de lo que el Ministerio Público vaya haciendo, tiene la cantidad de gente que precisa”.

Al respecto, detalló que hay unos 3.000 efectivos en ese lugar y personas trabajando en el sistema, con financiamiento de Nación y sin recursos provinciales.

“Estamos haciendo un trabajo muy fuerte. Nosotros estamos trabajando con lo que nos piden. Hicimos un nuevo escuadrón. Seguimos viendo cuál es la tarea y lo que disponen los nuevos ministros”, señaló.

En cuanto a los cambios en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, dijo que es una provincia soberana que toma sus decisiones. “La posición asumida por la provincia es su posición política. Respecto a la ayuda del Gobierno Nacional nosotros presentamos las estadísticas”, manifestó.

“En un año tuvimos más de 267 detenidos financiados por las fuerzas federales. Es un trabajo muy profundo no es el de la policía, sino que es otro trabajo. Nosotros trabajamos en términos de delitos complejos en función de lo que nos vayan entregando las fuerzas federales y son casi 3.500 personas dedicadas a esto financiadas desde el Estado Nacional”, concluyó.

Rosario: el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, asegura que la policía perdió el control de la calle

El crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano, el músico de 28 años de edad que fue asesinado de tres tiros “al azar” frente a la cancha de Newell’s, desconcierta al Poder Judicial de Rosario. A una semana del hecho, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, pidió “no naturalizar” la ola de inseguridad por la que atraviesa la ciudad y advirtió por la necesidad de llevar adelante una reforma en la estructura policial. “Se ha perdido el control del territorio”, reconoció con crudeza.

Altamirano fue baleado el miércoles de la semana pasada frente al sector de parrilleros del Coloso Marcelo Bielsa, por causas que aún están en investigación. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra mantienen como principal hipótesis que al joven -quien nunca había tenido relación con el club- lo secuestraron y lo mataron para usarlo como medio para mandar un mensaje mafioso a Los Monos y a la barra brava. “Se cometió en una zona céntrica de la ciudad, en las puertas de un club, pareciera que ya no hay límites. No se puede tolerar que Rosario siga atravesando esta situación”, señaló Erbetta.

“Aquí hay tres elementos, tres grandes actores: la policía, el Ministerio Público Fiscal y la Penitenciaría, en algunos de estos tres sectores hay más problemas que en otros”, siguió.