Perú: cerraron los aeropuertos y el tren a Machu Picchu por las protestas
Los aeropuertos de las regiones del Cusco y Arequipa, en el sur de Perú, permaneciaron cerrados este viernes así como también se suspendió el servicio de trenes a la ciudadela inca Machu Picchu por las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, que se replican en distintas regiones del país desde principios de diciembre.
Al menos 50 personas murieron en el marco de las protestas sociales con represión por parte del Gobierno desde que dejó la presidencia Pedro Castillo.
Las operaciones de las terminales aéreas se suspendieron el jueves por las masivas protestas para exigir la renuncia de la mandataria y de la mesa directiva del Congreso, y la convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas.
Imágenes difundidas este viernes por televisión mostraban cómo decenas de turistas esperaban con su equipaje en las puertas del aeropuerto del Cusco su reapertura para viajar.
El servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo de Perú, sigue suspendido hasta nuevo aviso, informó la compañía operadora, según replicó la agencia de noticias AFP.
En Lima, capital y cuidad más poblada de Perú, brigadas de bomberos continuaban trabajando para apagar el incendio de un antiguo edificio semideshabitado cercano a la plaza San Martín, en el centro histórico de la ciudad, donde se agrupaban centenares de manifestantes.
Por su parte, Boluarte descartó que vaya a presentar su renuncia e hizo un llamado al diálogo para devolver la calma al país tras la multitudinaria manifestación que se desarrolló ayer en varias regiones, incluida Lima.
"La situación está controlada, porque sabemos que estos señores no van a cesar en su proceso de quebrar el estado de derecho. El Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca", aseguró el jueves a la noche Boluarte en un mensaje televisado en el que se la vio rodeada por algunos de sus ministros.
Crisis en el fútbol peruano: suspendido el arranque
DISEDE canceló todos los eventos deportivos a nivel nacional del 17 al 23 de enero, lo que provocó la interrupción de la primera fecha del torneo peruano.
La Dirección de Seguridad Deportiva (Disede-IPD) de Perú suspendió el inicio del campeonato de primera división de fútbol, previsto para el sábado, ante el serio cuadro de protestas sociales que atraviesa el país y que ya dejaron al menos 42 muertos.
Sporting Cristal y Deportivo Cantolao iban a abrir en la tarde del sábado el torneo Apertura 2023, pero las autoridades dispusieron que hasta el lunes próximo no habrá partidos.
El estatal Instituto Peruano del Deporte comunicó la decisión de postergar el inicio del torneo a la Federación Peruana de Fútbol "para prevenir y evitar riesgos que afecten la seguridad e integridad física de las personas".
El Apertura peruano aparece de por sí envuelto en una polémica entre los 19 clubes participantes por los derechos de transmisión por televisión, lo que provocó que ocho equipos se nieguen a jugar la primera jornada.
La postergación servirá también para nuevas negociaciones, más allá de que Perú vive intensas protestas desde la primera semana de diciembre último, cuando Pedro Castillo fue destituido de la presidencia el 7 de diciembre, tras anunciar el cierre del Congreso y un gobierno de emergencia.
La semana pasada ya se habían suspendido partidos de ligas regionales en las zonas de mayores protestas, como Cusco.
La entonces vicepresidenta Dina Boluarte reemplazó a Castillo, de acuerdo a ley, pero las manifestaciones se sucedieron y ya se registran al menos 42 muertos, según números oficiales de la Defensoría del Pueblo.
El informe del IPD señala que la decisión de no comenzar el torneo se debe al informe correspondiente a “las garantías de seguridad para actividad de índole deportivo, que da cuenta de las movilizaciones sociales y protestas” en varias regiones.
En Perú existe una comisión contra la violencia en los espectáculos deportivos, integrada por representantes del Ministerio del Interior, Educación, Salud y Público, a través del fiscal superior coordinador nacional de prevención del delito adscrita al Centro de Monitoreo de la Fiscalía de la Nación.
