Zarlenga pagaría una fortuna en busca de quedar en libertad

El golfista habría llegado a un acuerdo con los familiares de los rondines muertos, mediante el cual aceptará la responsabilidad penal por lo ocurrido
martes 17 de enero de 2023
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Cuando falta poco más de un mes para la fecha que se había fijado para el inicio del juicio en su contra, se supo que Armando Zarlenga no irá a prisión por haber asesinado con su camioneta a Maximiliano Saldaño y a Joaquín Franck Colombres.

El 31 de diciembre, a horas de que se iniciara la feria judicial, en la fiscalía de Atentados contra las Personas, ingresó un escrito anunciando que los familiares de las víctimas habían arribado a un acuerdo y que querían cerrar el expediente a través de un juicio abreviado en uno de los casos más polémicos de 2022. Ahora sólo falta el desarrollo de una audiencia en la que Armando Zarlenga (h) reciba una pena de cumplimiento condicional y los familiares de los dos fallecidos en el accidente acepten una millonaria reparación económica por el daño causado.

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El 25 de abril, Zarlenga les causó la muerte a Maximiliano Saldaño y a Joaquín Franck Colombres al embestir su camioneta con la moto en la que se trasladaban las víctimas por avenida Mate de Luna. Los estudios realizados al acusado dieron cuenta de que conducía alcoholizado y los acusadores no pudieron demostrar que haya consumido cocaína. Al señalado como responsable se le dictó la preventiva efectiva y luego se le otorgó el arresto domiciliario, medida que cumplió hasta el 12 de diciembre.

Se conoció que Camilo Atim y Ernesto Baaclini, defensores de Zarlenga, desde un primer momento buscaron que el caso sea resuelto a través de una salida alternativa, ofrecían que su pupilo se hiciera cargo penalmente del hecho y reparar económicamente a las víctimas, a cambio de que recibiera una pena de tres años de cumplimiento condicional, es decir, que no cumpliría la pena en el interior del calabozo.

Sin embargo, los querellantes se opusieron durante los meses que duró el proceso a buscar una solución alternativa e inclusive estaban dispuestos a pedir un agravamiento de la imputación, ya que consideraban que el homicidio culposo era con dolo eventual, por lo que la pena sería mayor.

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Hubo varias negociaciones que fracasaron. El fiscal Gallo fue el encargado de mediar, por pedido de los jueces Gonzalo Ortega y Facundo Maggio, para que las partes trataran de llegar a un acuerdo. Su par Diego Hevia, que manejó el expediente cuando asumió en el cargo, hizo lo mismo, pero dejó de lado toda gestión luego de que se arribara a un principio de arreglo que fue desestimado a último momento.

Al no haber un acuerdo, se había fijado el inicio del debate para el 22 de febrero. El juez Federico Moeykens fue designado para llevar adelante las siete audiencias que se programaron. Antes de esa instancia, se había acordado que el 1 de febrero la realización una audiencia para definir el delito por el que sería enjuiciado, ya que existen diferencias entre lo planteado por el representante del Ministerio Público Fiscal y las querellas.

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Si el acuerdo llega a ser homologado por un juez, será el más importante que se haya registrado en la provincia desde que está en vigencia el nuevo código procesal penal. “No hubo nunca antes una reparación tan elevada”, sostuvo Humberto Castaldo, uno de los abogados que asumió la querella en el caso. Por expedientes de homicidios culposos, se pagaron reparaciones que oscilaron entre los $200.000 y los $2 millones. Hubo otros expedientes en las que las partes aceptaron bienes como forma de pagos. Entre ellos se destacan terrenos y vehículos, pero nunca superaron los $13 millones que recibirán los familiares de las víctimas del accidente.