“Nadie se baja”: el acuerdo de los diputados oficialistas que impulsan el juicio a la Corte

Para afuera solo emitieron un comunicado lavado, en el que buscaron garantizar que se respetarán los procedimientos constitucionales y el reglamento parlamentario. Pero para adentro, la orden fue tajante: “Acá el que empieza tiene llegar hasta el final”. Los destinatarios fueron los 16 diputados oficialistas que forman parte de la comisión de Juicio Político y que, desde allí, impulsarán la acusación contra los jueces de la Corte Suprema.

La dualidad entre lo público y lo privado en el comportamiento de los diputados del Frente de Todos tiene una explicación política. “Va a haber mucha cautela hasta que se inicie el proceso para evitar recusaciones, amparos y todas esas cosas”, deslizó uno de los legisladores kirchneristas.

Mientras tanto, el jefe del bloque oficialista, el rossista santafesino Germán Martínez, y la secretaria parlamentaria, la camporista porteña Paula Penacca, iniciaron una ronda de conversaciones con los 16 diputados que integran Juicio Político para tratar de mantenerlos unidos, a sabiendas de que entre ellos hay tantas diferencias como las hay entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, el trío de conducción del Frente de Todos, que casi nunca actuó en consonancia en los últimos años.

Más allá de las diferencias internas, que a esta altura no se esfuerzan en ocultar, en el oficialismo hay una coincidencia política, expresada puertas adentro: “Juntos por el Cambio está haciendo un uso desproporcionado del juicio político; saben que no hay ninguna posibilidad de que salga en el recinto, como sucede con otros 17 ó 18 pedidos que hay, e igualmente paralizan el Congreso; eso es lisa y llanamente una estrategia electoral”, se indignan en el Frente de Todos, como si no hubieran sido Alberto Fernández y los gobernadores del PJ los que le dieron el primer hervor al enjuiciamiento.

Tras las demoras, el Gobierno publica el llamado a sesiones extraordinarias por el juicio contra la Corte Suprema

En este contexto, el Presidente instará al Parlamento a comenzar a trabajar a partir del 23 de enero, fecha que habían pedido los diputados para poder garantizar el número en la Comisión de Juicio Político, donde el oficialismo se enfocará para impulsar la avanzada contra la Corte Suprema de Justicia.

Más allá de la fecha indicada por el Ejecutivo, el tratamiento en la Comisión arrancaría sobre el cierre de esa semana y en Diputados no se descarta que sea los primeros días de febrero.

Fernández pulió el decreto con la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en una reunión que mantuvieron este jueves a la mañana en la Quinta de Olivos.

Este miércoles en el oficialismo se reavivó la tensión luego de que trascendieran las demoras. En Casa Rosada señalaban por la dilación al bloque del Frente de Todos en Diputados: exponían que ante el receso de vacaciones, les costaba garantizar la presencia de la tropa completa. Fuentes parlamentarias negaban que se hubiera pedido más tiempo y que el Gobierno estiraba el envío del DNU.

El 4 de enero, cuando recibió en la Quinta de Olivos al jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, y a la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, el Presidente les pidió "un pronto tratamiento legislativo". En el Congreso estimaban, a partir de esa definición, y de los dichos de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, que el decreto se publicaría para empezar a trabajar a partir de la segunda quincena de enero. Algo que finalmente no ocurrió.

Fuentes oficiales confirmaron que el decreto incluirá el paquete de medidas económicas que impulsa el ministro Sergio Massa, a pesar de la negativa de la oposición a sesionar y apoyar al Ejecutivo en medio del ataque contra los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Entre los temas, se incluiría el proyecto de blanqueo de capitales no declarados en el exterior, la modificación de la ley de lavado de activos y lucha contra el financiamiento al terrorismo, y la Moratoria jubilatoria a los que no alcanzaron los años de aportes.