Intento de Golpe de Estado en Brasil: hay 1.200 detenidos

Mundo 09 de enero de 2023 Por LPTV
Las fuerzas de seguridad trasladaron a los seguidores del ex presidente que permanecían reunidos frente al cuartel general del Ejército. Mirá
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Las carpas donde permanecía un grueso grupo de bolsonaristas

Al menos 1.200 personas fueron detenidas por la Policía Federal frente al cuartel general del Ejército en Brasilia, según informó Globo tras el inicio de los operativos para desalojar los campamentos bolsonaristas.

Los simpatizantes del ex mandatario están siendo trasladados a la sede de la Policía Federal en al menos 40 autobuses, según el periódico brasileño.

El Supremo Tribunal había dado un plazo de 24 horas a las fuerzas de seguridad para que desalojen las concentraciones de los grupos que en la víspera asaltaron los edificios de los poderes del Estado.

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Esta mañana, la Policía les dio un plazo de una hora para sean transportados por voluntad propia, tras lo cual la mayoría de los bolsonaristas desmontaron pacíficamente el campamento.

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En la mañana de este lunes, poco después de las ocho, fuerzas de seguridad cercaron a los bolsonaristas acampados en Brasilia y los manifestantes abandonaban el lugar, informó O'Globo.

Agentes de la Policía Militar del Distrito Federal y de la Fuerza de Seguridad Nacional retiraron a la totalidad de los manifestantes que se encontraban en el campamento bolsonarista frente al Cuartel General del Ejército, Brasilia.

Fuerte salto en la cifra de detenidos: ya son 1.200 los apresados en los campamentos

El medio O'Globo actualizó la cantidad de detenidos por el asalto al poder en Brasil y ya son 1.200 los apresados en los campamentos bolsonaristas, el triple que los 400 que se había reportado a última hora de ayer. 

Según el Ministerio de Justicia, los bolsonaristas serán identificados para intentar establecer si participaron en los ataques violentos del domingo y fichados por si en un futuro surgen pruebas en su contra.

Tan solo permanecerán arrestados los que sean señalados como participantes en los actos vandálicos y los que tengan algún indicio en su contra. Los presos se sumarán a las cerca de 300 personas que fueron detenidas el domingo por su responsabilidad en los ataques.

El día después de la devastación

Tras la devastación de Brasilia, ahora es el turno de las preguntas. Y la que ahora rebota de un gabinete a otro del gobierno Lula es una. ¿Cómo es posible que, a pesar de las decenas de autobuses llegados ayer por la mañana a la capital desde todos los lugares del país, nadie planteara la cuestión de un posible riesgo para la seguridad de la ciudad y sus edificios institucionales? ¿No habían bastado los violentos enfrentamientos del pasado 12 de septiembre, de nuevo en Brasilia, donde los bolsonaristas quemaron coches e intentaron invadir el edificio de la Policía Federal, para dar la voz de alarma? ¿Y el intento de atentado en el aeropuerto unas horas antes de la ceremonia de investidura del nuevo presidente? Por no hablar de las protestas desde la victoria de Lula frente a cuarteles no sólo en Brasilia que se han convertido en guarniciones permanentes pidiendo un golpe militar.

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El primero en ser acusado fue el Secretario de Seguridad del Distrito Federal (DF), donde se encuentra la capital, Brasilia, Anderson Torres. Ex ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro, Torres se encontraba en las horas decisivas en Orlando, Estados Unidos, donde el ex presidente reside desde el 30 de diciembre. Torres fue despedido y la Abogacía General del Sindicato (AGU) pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) su detención por cargos de omisión relativos a vandalismo e invasiones de edificios del poder. Además, la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) pidió a Rosa Weber, presidenta del STF, que todos los participantes en las invasiones sean encuadrados en la ley antiterrorista de 2016, dado “el terror causado sistemáticamente por estos grupos y el radicalismo de los temas defendidos por estos criminales”.

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Las críticas y sospechas no perdonaron ni siquiera al gobernador del DF, Ibaneis Rocha, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que pidió disculpas a Lula y a la nación. “Lo ocurrido es inaceptable. Son vándalos, auténticos terroristas que recibirán de mí la guerra que merecen para que sean castigados”, afirmó. Sin embargo, Alexandre de Moraes, del STF, ordenó su destitución por 90 días aceptando el pedido de la Fiscalía General de la República (AGU). Con esa decisión, la vice de Ibaneis, Celina Leão del Partido Popular (PP), asume el gobierno del DF. Según Moraes, Ibaneis “no sólo hizo declaraciones públicas en defensa de una falsa manifestación política libre en Brasilia”, sino que también hizo caso omiso de todos los llamamientos de las autoridades para aplicar un “plan de seguridad”, prohibiendo a “los criminales terroristas entrar en la explanada de los Ministerios. Por el contrario, “autorizó un amplio acceso”.

Y aunque hasta ayer la seguridad era responsabilidad del estado de Brasilia, siendo Brasil un país federal, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, admitió errores y agujeros en las fuerzas de seguridad. “Ha habido omisiones en el aparato de seguridad pública”, declaró. “Hay preferencias ideológicas en las instituciones que dificultan el cumplimiento del deber. Una vez más hemos visto esta perversa infiltración de ideologías exóticas e inaceptables en las instituciones del Estado brasileño. Que todos los funcionarios civiles y militares cumplan con su deber”.

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