Crisis en Bolivia: violentas protestas durante la madrugada
Tras la detención del gobernador opositor, Fernando Camacho, las protestas en la región de Santa Cruz se extendieron rápidamente.
Según reseñaron medios locales, durante la madrugada de este jueves tres edificios fueron incendiados por los manifestantes. Entre las estructuras afectadas se encuentra la Fiscalía departamental, el edificio del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) en la localidad y la residencia de un funcionario de gobierno.
Las llamas se extendieron a vehículo y otras estructuras cercanas.
El líder cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció una lucha pacífica por la liberación del gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho, secuestrado por la policía y trasladado a La Paz este miércoles.
En una declaración a los medios, Calvo exigió al presidente boliviano, Luis Arce, “la inmediata liberación” de Camacho para “evitar la innecesaria confrontación que su Gobierno pretende instalar” en Santa Cruz.
“El mal no tiene cabida en este departamento. Este departamento es un pueblo de fe y esta lucha también es pacífica”, afirmó el presidente del Comité Pro Santa Cruz.
Calvo sostuvo que Arce “ha jugado con fuego” y advirtió que los cruceños no van “a claudicar en esta lucha” y que estarán “firmes hasta las últimas consecuencias hasta que liberen a nuestro gobernador”.
Para Calvo, lo ocurrido es una “flagrante violación de los derechos humanos constitucionales y democráticos” y no es sólo contra el gobernador cruceño, sino contra toda la región.
También anunció que este jueves se reunirá la Asamblea de la Cruceñidad para marcar la línea de acciones inmediatas que se tomarán en rechazo a la detención de Camacho.
Los tres posibles escenarios a los que se enfrenta el opositor Luis Fernando Camacho tras su detención en Bolivia
El movimiento disidente del presidente, Luis Arce, denunció que el gobernador fue “secuestrado en un operativo policial absolutamente irregular”. El líder fue trasladado desde Santa Cruz hasta La Paz, donde fue recluido en la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó que hace seguimiento a la situación del gobernador de la región de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, detenido este miércoles dentro de un proceso por la crisis de 2019.
La entidad defensorial señaló en un comunicado que ha tomado conocimiento de la aprehensión de Camacho “por orden del fiscal de materia” encargado del caso llamado “golpe de Estado I”.
Agregó que, en cumplimiento de su “mandato constitucional”, lleva adelante “las acciones de seguimiento y acompañamiento para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas aprehendidas”.
“Asimismo, se exhorta a la población mantener la calma y evitar actos de intolerancia que deriven en la confrontación y afecte la seguridad y convivencia pacífica” de los bolivianos, concluye el comunicado.
La Fiscalía de Bolivia confirmó que la detención del gobernador de Santa Cruz y líder opositor, Luis Fernando Camacho, se debe al caso “golpe de Estado I”, un proceso judicial por la crisis política de 2019 que resultó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia del país.
La Fiscalía explicó que la detención de Camacho “no se trata de un secuestro o una persecución política” sino que responde a una “orden de aprehensión” que se emitió en octubre de este año por parte de un juez en La Paz. También mencionó que Camacho “tiene pleno conocimiento de dicho proceso desde su inicio”, cuando la ex diputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty presentó una denuncia por terrorismo en noviembre de 2020.
El caso “golpe de Estado I” consiste en la denuncia de terrorismo por la crisis de 2019 que se produjo después de las fallidas elecciones presidenciales señaladas de fraudulentas y que derivaron en la renuncia de Morales, quien denunció un “golpe de Estado” en su contra.
Pese a que Camacho fue el principal denunciado en ese caso que inició hace dos años, no fue hasta que en esta jornada la Policía ejecutó la aprehensión y su traslado hasta la ciudad de La Paz, sede del Ejecutivo y Parlamento.
Por ese proceso, en marzo de 2021 se detuvo a la ex presidenta interina Jeanine Áñez y dos de sus ex ministros, aunque en el caso de la ex jefa de Estado de transición se le siguió otro caso, “golpe de Estado II”, por el que se la condenó a 10 años de prisión acusada por situarse ilegalmente en línea de sucesión presidencial.
