El gobierno porteño rechazó el pago con bonos
La administración de Horacio Rodríguez Larreta rechazó el pago en bonos que planteó la Casa Rosada porque los recursos “no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento”.
“El Poder Ejecutivo sigue sin cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia al no acatar lo ordenado por el máximo tribunal en su respuesta a la medida cautelar presentada por el Gobierno de la Ciudad”, indicaron en un comunicado.
En ese sentido, precisó que este lunes fue entregado ante la Corte un escrito en el que se informó sobre “el incumplimiento del fallo” y pidió “que se arbitren los medios necesarios para que se acate el mismo”.
También indicó como otra de las acciones puestas en marcha desde la sede del Ejecutivo porteño en Uspallata la instrucción a la Procuración General del distrito, a cargo de Gabriel Astarloa, “que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo”.
La medida fue comunicada oficialmente tras el anuncio del Presidente de “reasignar” fondos del Presupuesto 2022 para transferir a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno porteño para cumplir con la cautelar dictada por la Corte Suprema.
La semana pasada el máximo tribunal ordenó al Gobierno nacional incrementar al 2,95% el coeficiente de la masa de fondos coparticipables que entrega a la Ciudad de Buenos Aires, en una resolución sobre la cual el Presidente sostuvo que “afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”. Al respecto, el Gobierno porteño insistió en que “la sentencia no afecta los fondos que reciben las provincias”, informó Télam.
Por otra parte, anticipó su rechazo a la utilización por parte del Gobierno nacional de bonos TX31 para el pago al indicar que “los recursos de la coparticipación son extrapresupuestarios, se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento”.
Y concluyó en que “tal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes los fallos se cumplen, no se interpretan”.
