El tribunal que lleva adelante el juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado en noviembre de 2021 en la capital pampeana, escuchará este jueves los alegatos finales de la fiscalía, la querella y las defensas, mientras que durante la audiencia de este miércoles se incorporaron pruebas documentales al expediente, informaron fuentes judiciales.
El Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, integrado por los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora, dispuso el inicio de la audiencia de este jueves para las 8 en las avenidas Uruguay y Perón, ubicadas en la Ciudad Judicial de la capital provincial.
 
Allí, se escucharán los alegatos del juicio que tiene como imputadas a la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja, Abigail Páez, a quienes los fiscales Walter Martos, Verónica Ferrero y Marcos Saccose acusan del "homicidio triplemente calificado" y "abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización", en perjuicio del menor.

Por su parte, el abogado José Mario Aguerrido, querellante por parte de Christian Dupuy, padre de Lucio, adhiere al pedido de la fiscalía, aunque solicitará al tribunal que se le sume el agravante del "odio de género", y que las imputadas fueron responsables "por acción u omisión" de las presuntas conductas violentas.

En tanto, los alegatos de la defensa serán pronunciados por Pablo Andrés De Biasi y Silvina Blanco Gómez, quienes niegan la acusación fiscal sobre las imputadas y manifestaron en ocasiones previas ante los jueces que "hay dudas razonables” para poder probarle los hechos a las acusadas. En ese sentido, las partes contarán con una hora -como máximo- para exponer sus argumentos, según indicaron las fuentes.

Por otro lado, durante la audiencia de este miércoles, no declararon testigos ya que la defensa desistió del testimonio a distancia de un médico, mientras que se incorporaron a la causa una serie de pruebas documentales para que el tribunal las evalúe al momento de dictar la sentencia.

Voceros judiciales especificaron que el último testigo del proceso iba a ser un médico que se desempeña en la Unidad 1, dependiente del Servicio Penitenciario de San Luis, donde las imputadas permanecieron detenidas hasta el inicio del juicio.

Sin embargo, las defensas desistieron de ese testimonio y solicitaron que el informe del profesional igualmente se incorpore como prueba, lo que fue aceptado por la fiscalía, la querella particular y la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

A su vez, durante la audiencia, los magistrados hicieron lugar a un pedido de la defensora Blanco Gómez, para que no se adjunten como pruebas documentales los informes técnicos de una médica y un psicólogo forense.

Por último, la totalidad de las partes pidieron la anexión de una serie de pruebas documentales, entre ellos registros fílmicos, estudios genéticos, fotografías, dibujos, el informe de la autopsia, historias clínicas e informes de Sanidad Policial, la Agencia de Investigaciones Científicas y del Servicio Penitenciario puntano, entre otras.

 

El juicio, que se desarrolla a puertas cerradas ya que la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual, comenzó el pasado 10 de noviembre y, desde entonces, concurrieron a declarar 70 testigos, aunque se preveían más de 100.

El crimen de Lucio ocurrió el 26 de noviembre de 2021, cuando el niño murió a raíz de los golpes recibidos. Por la muerte del menor, detuvieron a su madre y a la pareja de ésta, quienes en un primer momento estuvieron alojadas en la seccional 6ta. de Santa Rosa, donde recibieron duras agresiones, por lo que luego las derivaron a San Luis.

Según la autopsia, solicitada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), el niño "presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data" y que el deceso se produjo por una "hemorragia interna", producto de las agresiones. "En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así", había dicho a Télam el forense Juan Carlos Toulouse.

Tras la muerte de Lucio se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

Por tal motivo, se inició una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace.