Un 2022 de urgencias y los desafíos de 2023

Cierra un año económico marcado por las urgencias, los embates que generó la guerra en Ucrania, un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, los cambios en el Palacio de Hacienda, la contención de los cimbronazos en el plano financiero y las presiones cambiarias, la continuidad de la recuperación económica (claro está, más atenuada) y la aceleración de la inflación a un nuevo y peligroso escalón, que impactó otra vez en los ingresos populares y que ahora el equipo económico apuesta todas sus fichas a aplacar (con algunas primeras señales alentadoras). En el horizonte inmediato se avecina 2023, que sumará desafíos al compás del proceso electoral.
En la arena del debate sobrevoló la discusión (incluso dentro del oficialismo) sobre la necesidad o no de aplicar un plan de estabilización de shock de corte más tradicional como vía para cortar una inercia inflacionaria que amenazaba con espiralizarse en un contexto de escasez de divisas en las arcas del Banco Central. Con la necesidad de llegar a las PASO con otro aire y ante el riesgo cierto de agravar el cuadro social, primó la idea de apostar a un programa gradual, que combina un ajuste de las variables macro (recorte del gasto, suba de tasas, control de importaciones y tipos de cambio diferenciados) con un acuerdo de precios más amplio que pretende alinear las expectativas nominales hacia la baja e iniciar una recuperación de los ingresos. En eso están Sergio Massa y su equipo. La pelota está en el aire.

 
Los condicionamientos

El primer hito de 2022 expuso uno de los grandes problemas que hoy tiene la economía argentina. Hijo del megaendeudamiento en dólares en tiempo récord impulsado por Mauricio Macri y de la vuelta al Fondo como corolario de ese proceso, en marzo de este año el Gobierno selló la renegociación del crédito de u$s45.000 millones que tomó Cambiemos en 2018 con un nuevo programa (esta ve, de Facilidades Extendidas) que delineó las pautas macro para los próximos años y el actual. Esa deuda y la tutela de Washington sobre la política económica argentina es el gran telón de fondo.

Para ese momento, ya se había desatado la guerra en Europa, que golpeó a toda la economía global y (disparada de la energía y otros precios claves mediante) agravó la delicada situación de las reservas. Reservas que, a pesar del gran superávit comercial de los dos primeros años del actual Gobierno, no se habían visto reforzadas en medio de maniobras para sacarle jugo a la brecha cambiaria y, sobre todo, de los pagos de deuda privada. Según los números elaborados por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el titular del INDEC, Marco Lavagna, este año la guerra le costó casi u$s5.000 millones a Argentina. Algo que el equipo económico ya puso en la mesa de discusión con el FMI en busca de algún tipo de contemplación para el próximo año.

Sobre eso se montaron a mitad de 2022 dos cimbronazos. Primero, la corrida contra la deuda en pesos de junio, enmarcada en el endurecimiento de las condiciones externas por la suba de tasas en Estados Unidos y los países centrales, y en el fantasma del reperfilamiento de 2019 que comenzó a circular en el mercado ante el supuesto de un eventual recambio presidencial el próximo año. Luego, en julio, tras la intempestiva renuncia de Martín Guzmán al calor de las internas en el oficialismo, la intensificación de la presión sobre los dólares paralelos, que acercó la brecha al 140%.

Impactos

Todo este cuadro y los desbalances macro terminaron por disparar un nuevo salto de la inflación, que llegó a superar el 7% mensual y se encamina a cerrar el año cerca del 100% (luego de navegar desde 2018 en torno al 50%). Un nivel que introdujo al país en un peligroso régimen de alta inflación y que consolidó el deterioro que arrastran los salarios y jubilaciones desde 2015. El poder adquisitivo de los salarios (medido en base al RIPTE) acumula una pérdida cercana al 25% desde entonces: el grueso durante los cuatro años de Macri y unos 2 puntos extra desde 2019.

Pero el piso actual de los ingresos no coincide con una caída de la actividad. Tras recuperarse 10% en 2021 a la salida de la cuarentena, en 2022 la economía se encamina a crecer alrededor de 5% impulsada por el arrastre del año pasado y por la expansión del primer semestre, con una segunda mitad del año de relativo estancamiento. Con todo, el empleo asalariado formal en el sector privado acumula 25 meses seguidos de repunte. Aun así, el poder adquisitivo no atisbó señales de mejora.

Es que la escalada de precios hizo su trabajo a la hora de dirimir la puja distributiva. Los frutos de la recuperación pospandemia fueron a parar a las arcas de “los cuatro vivos”, como advirtió en diciembre de 2020 Cristina Fernández de Kirchner cuando pedía que el Gobierno intervenga para alinear precios, tarifas, salarios y jubilaciones, e incidir así en la distribución de un ingreso creciente. En definitiva, se consolidó una repartija de la torta más desigual: para mitad de este año, los trabajadores acumulaban una pérdida de 8,5 puntos en su participación en el valor agregado bruto con respecto al nivel previo a la crisis del macrismo, según los datos del INDEC. En el segundo trimestre de 2022, la porción que se llevó el conjunto de los asalariados representó el 41,7%; en 2017, era del 50,2%. El grueso se convirtió en ganancia para los empresarios, que en los últimos dos años ampliaron considerablemente sus márgenes: así, el capital pasó de quedarse con el 41,7% de la torta en el segundo trimestre de 2017 al 49,2% este año. Hasta Rubinstein, un hombre de buenos lazos con el establishment, planteó la necesidad de que los márgenes empresariales (que subieron del 30% al 40% entre 2021 y 2022) “vuelvan a la normalidad”.

Recambio

La salida de Guzmán, el breve interregno de Silvina Batakis y la llegada de Sergio Massa marcaron un cambio en la política económica. Recostado en la mayor espalda política de Massa (en alianza con el sector comandado por la vicepresidenta), el Gobierno desplegó un plan abocado a contener la emergencia primero y a desacelerar gradualmente la inflación después. En el plano macro, las prioridades fueron dos: recomposición de reservas y disciplina fiscal para mitigar las presiones cambiarias y sentar bases para frenar la escalada inflacionaria.

Con la decisión de sostener el sendero de depreciación gradual del tipo de cambio oficial y evitar un salto devaluatorio, los primeros pasos buscaron detener la disparada de los dólares paralelos y empezar a reducir la brecha. El cóctel incluyó: un recorte considerable del gasto en términos reales (que pasó de crecer 12% interanual en el primer semestre a caer 13% en octubre) con vistas a cumplir la meta de déficit fiscal primario de 2,5% del PBI pactada con el FMI; una fuerte suba de las tasas de interés tanto del BCRA como del Tesoro, que alcanzaron el 107% y 118% efectivo anual respectivamente; el freno a la asistencia monetaria vía adelantos transitorios para financiar el rojo fiscal; mayores controles sobre las importaciones (nuevo SIRA, desactivación de cautelares); recuperación de los desembolsos de organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial; y el dólar soja (el tipo de cambio diferencial para cerealeras y productores que retenían la cosecha), entre otras medidas.

Transcurridos cuatro meses y dólar soja II mediante, el Gobierno se encamina a cumplir las metas de reservas y déficit fiscal pautadas para 2022, y logró contener las presiones devaluatorias. Más allá del repunte de fines de noviembre, los dólares paralelos se mantuvieron en calma y la brecha entre el MEP y el oficial (al cierre de esta nota) había bajado al 90%. Una de las principales preocupaciones oficiales pasó a ser la deuda en pesos, cuyo rollover empezó a complicarse ante un mercado en modo electoral que desconfía sobre lo que podría hacer un eventual próximo gobierno de Juntos por el Cambio con los cuantiosos vencimientos que se acumulan (y una oposición que por ahora no da precisiones al respecto). Se trata de un eje clave del programa para evitar que un shock de pesos reavive la tensión cambiaria.

Junto al cóctel macro, Economía se embarcó en una ambiciosa apuesta para intentar incidir en las expectativas de inflación y aplacar el componente inercial: un acuerdo de precios en principio por cuatro meses, que conjugó un congelamiento de 1.909 productos de consumo masivo y un tope del 4% mensual para otros 32.000 artículos, al que recientemente se sumaron los combustibles y al que buscan incorporar otros insumos. Se espera que noviembre arroje una señal de alivio en este plano.

Los desafíos 2023

Consideran en los despachos oficiales que del éxito de este plan dependerán las posibilidades de iniciar un sendero de recuperación de los ingresos y (en parte derivadas de ello) las chances electorales de la coalición gobernante. Massa le puso un número a esa apuesta: lograr que el IPC de abril perfore el piso del 4%, un desafío muy exigente pero que considera factible. Para eso, además de garantizar el cumplimiento de Precios Justos, sabe que necesitará apuntalar las reservas en un verano que la sequía volvió más arduo que lo habitual y ajustar la estrategia para la refinanciación de la deuda en pesos, con vencimientos que superan los $6 billones en el primer semestre y un mercado que entrará en clima de comicios. La clave será evitar cimbronazos cambiarios.