La Corte Suprema confirmó la condena de Milagro Sala a 13 años de cárcel

Los jueces del máximo tribunal rechazaron un recurso extraordinario presentado por la defensa de la dirigente jujeña por haber liderado una banda delictiva
jueves 15 de diciembre de 2022
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de la dirigente kirchnerista jujeña Milagro Sala y de esa manera dejó firma la condena a 13 años de prisión que le dictó en 2019 el Tribunal Oral Criminal 3 de la provincia norteña en el caso conocido como “Pibes Villeros”.

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“Es un criterio sostenido por esta Corte que la autonomía que la Constitución Nacional reconoce a las provincias requiere que se reserven a sus jueces las causas que en lo sustancial del litigio versen sobre aspectos propios de esa jurisdicción, en virtud del respeto debido a sus facultades de darse sus propias instituciones y regirse por ellas", asegura la sentencia.

Y agrega: "En consonancia con esa premisa fundamental es que se ha resuelto, reiteradamente, que los pronunciamientos por los cuales los más altos tribunales provinciales deciden acerca de los recursos locales que son llevados a su conocimiento no son susceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario, salvo que se demuestre una lesión a un derecho de raigambre federal o que la sentencia, por sus graves defectos de fundamentación o razonamiento, no constituya una derivación razonada del derecho vigente, aplicado a las circunstancias de la causa. En ese marco, el recurso extraordinario federal intentado es inadmisible y, por ello, ha sido bien denegado por el a quo”, argumentó el tribunal.

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Consideran probado que lideró una asociación destinada a cometer delitos

En el caso de Sala, la justicia jujeña consideró probado que ella lideró una asociación destinada a cometer delitos. Lo hizo desde la Túpac Amaru, organización que recibió fondos millonarios del Estado durante los gobiernos kirchneristas. El tribunal jujeño que condenó a Sala también la encontró culpable de haber extorsionado a cooperativistas; entre ellos, a Cristian Chorolque, Leopoldo Jacinto Basualdo y Julia del Carmen Gutiérrez; y de haber defraudado al Estado con fondos provenientes de un acuerdo suscripto entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación. El acuerdo (ACU 487/2015) tenía por objeto financiar mejoras habitacionales en San Salvador de Jujuy y San Pedro, en el marco del programa nacional “Mejor Vivir II”.

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Sala buscó revertir su condena en la Cámara de Casación y en el Superior Tribunal de Justicia jujeño, que rechazaron sus recursos. Los abogados de Sala llevaron entonces el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pidieron la nulidad de la causa. Sostuvieron, entre otros argumentos, que la acusación no fue precisa y que durante el juicio se añadieron hechos por lo que Sala no había sido investigada y de los que no se había podido defender. También alegaron que el tribunal rechazó a testigos importantes para la defensa y que se negó a realizar un peritaje con el que podría haberse determinado con precisión qué obras se habían completado y cuáles no, pese a que se trataba de un eje central de la acusación.

Sala cuenta con el apoyo del gobierno nacional, que considera injusta su condena. Alberto Fernández viajó a Jujuy en junio de este año para visitarla y dijo que ella era víctima de una “clara persecución” y que estaba injustamente detenida. “Le pido a la Corte Suprema que empiecen a enmendar las barrabasadas que se hicieron”, dijo entonces el Presidente. El fallo de hoy contra Sala sin dudas será motivo para una nueva crítica del Gobierno a la Corte, con quien mantiene una relación muy tensa.

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El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, había dictaminado en este caso en contra de Sala. No solo se opuso a la revisión de su condena sino también a su pedido para quedar en libertad.

Sala ya tenía una sentencia firme, confirmada por la Corte, en una causa menor, por amenazas, con una pena en suspenso. Las condiciones de detención de Sala son monitoreadas por una oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el apoyo del Gobierno y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).