Causa Vialidad: uno por uno, todos los condenados y absueltos por la Justicia
Además de condenar a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por delitos de administración fraudulenta, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) condenó a otros ocho implicados en la causa Vialidad.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, sólo encontraron responsable a la vicepresidenta del delito de administración fraudulenta, con una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Dejaron afuera de la sentencia la acusación por asociación ilícita.
En tanto, los magistrados condenaron al empresario kirchnerista y socio familiar Lázaro Báez, ex titular de Austral Construcciones, a seis años de prisión.
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La misma cantidad de años de sentencia recibieron José López, ex secretario de Obras Públicas de la Nación y Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, el ente que le dio nombre a la causa de corrupción. Se trata de la pena máxima para los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
En tanto, también fueron condenados otros funcionarios de Vialidad Nacional y Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe, 5 años; Raúl Pavesi, 4 años y medio; Raúl Santibáñez y Mauricio Collareda, 4 años; Raúl Daurich, 3 años.
Los absueltos
En el caso de Julio De Vido, Abel Fatala -que fue el segundo de José López en la secretaría de Obras Públicas- y el extitular de la AGVP Héctor Garro, se consideró que tuvieron “limitadas intervenciones en el entramado de los hechos probados” y “la inexistencia de un interés particular para procurar -para sí o para un tercero- un lucro indebido con fondos del erario público, y la insuficiencia de pruebas que los coloquen en una clara posición de garantes para evitar el resultado lesivo”.
El exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner, Carlos Santaigo Kirchner, fue sobreseído por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Cristina Kirchner, la primera funcionaria en el poder condenada por corrupción
La vicepresidenta se convirtió este martes en la primera funcionaria en ejercicio del poder que recibió una condena en un caso por corrupción. El TOF 2 comenzó a juzgarla en mayo de 2019 por el presunto direccionamiento de la obra pública vial a favor de Lázaro Báez.
La sentencia condenatoria le dio la razón de forma parcial a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes al finalizar su alegato acusaron a Cristina Kirchner de haber dirigido una la asociación ilícita -delito rechazado por el TOF 2- que se dedicó “a la sustracción de fondos públicos” para beneficiar a quien era su socio comercial, Lázaro Báez.
Ese otro delito, de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sí fue convalidado por el tribunal.
En este juicio que comenzó en mayo de 2019 y condujo a Cristina Kirchner a estar sentada por primera vez en el banquillo de los acusados, se analizaron los contratos viales que ganó el Grupo Austral por $ 46.000 millones.
Por qué la pena máxima fue de solo seis años de prisión
El tribunal justificó las penas que van entre los tres y los seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para quienes fueron funcionarios púbicos.
El delito por el cual se juzgó a los exfuncionarios implicados es el de administración fraudulenta, agravada por haber sido cometida contra la administración pública. Dicha figura prevé una pena máxima de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La diferencia en la cantidad de años de prisión dictada para cada implicado se debe a la incidencia que cada conducta tuvo en la creación o el aumento del riesgo jurídicamente desaprobado.
Para los magistrados, ese riesgo causado acumulativamente a lo largo de la maniobra fraudulenta, se materializó en la lesión en concreto al patrimonio de la administración pública nacional.
A su vez, los magistrados detectaron en el análisis para determinar las penas que existe un desfasaje entre el máximo legal establecido por la ley y el tamaño del daño causado. En ese sentido, es que para algunos casos, como el de la vicepresidenta, se optó por la pena máxima prevista.
Por otro lado, la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos se ha aplicado porque se encuentra prevista en el tipo penal para quienes estuvieren en ejercicio de la función pública al momento de la comisión de los hecho
