Vialidad: la Justicia prepara el veredicto para Cristina Kirchner y crecen las dudas

Política 22 de noviembre de 2022 Por LPTV
El juicio investiga irregularidades en la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Se estima que la condena podría conocerse antes de fin de año
CFK dará sus “últimas palabras” el martes 29 de noviembre.
CFK dará sus “últimas palabras” el martes 29 de noviembre.

En pocas semanas, Cristina Kirchner se enfrentará al veredicto del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 por la causa Vialidad. Y si bien todavía hay mucha incertidumbre alrededor de la sentencia y el posible alcance de una condena, la misma podría conocerse antes de fin de año.

Según se desprende del cronograma de las audiencias finales que anunció el tribunal, este viernes 25 expondrán los acusados Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Julio De Vido y Abel Fatala, si es que desean hacer uso de su derecho a hablar por última vez ante el Tribunal, antes del veredicto.

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La Vicepresidenta, por su parte, dará sus “últimas palabras” el martes 29 de noviembre. Ese día también tendrán su turno Héctor Garro, Carlos Santiago Kirchner y José López. Luego quedará allanado el camino para que el Tribunal fije una fecha para escuchar a los restantes y emitir su veredicto.

Para la Fiscalía no existen dudas de que se cumplen todos los requisitos para que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por ser jefa de una “asociación ilícita” y por administración fraudulenta por irregularidades en la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Se trata de un delito complejo, por lo que aún no se sabe si la van a condenar o sobreseer.

Crecen las dudas por la sentencia

Más de 150 audiencias presidió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). durante las cuales se escucharon a más de un centenar de testigos en el marco del expediente que llegó a juicio con una acusación que colocó en la máxima responsabilidad a Cristina.

La principal imputación recae sobre la Vicepresidenta: fue procesada como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al concederle contratos viales al Grupo Austral -propiedad de Lázaro Báez- por $ 46.000 millones entre 2003 y 2015.

El agravante, sostiene la imputación, fue que se montó desde diversos organismos del Estado una estructura de beneficios a favor de Báez, quien entonces mantenía sendos vínculos comerciales con al familia Kirchner. Ese esquema permitió que ganara licitaciones "direccionadas, contratos con sobreprecios promedio del 65%" y que la mitad de los caminos hayan quedado sin terminar.

El esquema de beneficios, como sostiene la Fiscalía, generó un perjuicio que contabilizaron en 1.000 millones de dólares. El daño ocasionado al erario público, tuvo como contrapartida un incremento patrimonial de Báez del 12.000% mientras que su firma insignia tuvo un crecimiento del 46.000% con el Estado nacional como único cliente.

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Para el Ministerio Público Fiscal los elementos que componen la acusación, se corroboraron a lo largo del debate oral. Los fiscales Luciani y Sergio Mola encontraron responsable de los delitos atribuidos a Cristina Kirchner, a su ex socio comercial -Lázaro Báez-, a los ex funcionarios vinculados a la obra pública vial, Julio De Vido, José López, y Nelson Perriotti, entre otros.

Con un marco probatorio suficiente, según el alegato de los fiscales, solicitaron una pena de doce años de cárcel para la Vicepresidenta.

La respuesta a los delitos atribuidos llegó en la etapa de alegatos de las defensas. Carlos Beraldi, abogado de Cristina, señaló que no había argumentos jurídicos para sustentar la imputación. Uno de los ejes centrales del planteo fue que un gobierno no puede ser nunca considerado una asociación ilícita, mucho menos uno que fue elegido democráticamente.

Al respecto la Fiscalía hace una distinción semántica. No acusó a las gestiones kirchneristas de constituir una asociación ilícita, sino a determinados integrantes de esos gobiernos de haber conformado una organización delictual.

Para el representante del ministerio Público Fiscal, se cumple con todos los elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de imputar a una persona por el delito de asociación ilícita, uno poco utilizado para funcionarios públicos.

Por un lado, durante sus alegatos, el fiscal Luciani señaló que se está frente a una "organización criminal constituida por tres personas o más", como establece el código penal a la hora de establecer cómo se constituye una asociación ilícita.

Además, le atribuyó la estabilidad, permanencia en el tiempo respecto a la actividad ilícita desarrollada. Este expediente tiene como ventana de tiempo los tres gobiernos kirchneristas desarrollados desde mayo de 2003 hasta diciembre de 2015.

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Entre otros aspectos, ponderó la organización de los delitos atribuidos a través de una marcada organización y división de roles de quienes señaló como parte de la asociación ilícita. El fiscal Luciani dijo que la vice era la jefa, mientras los organizadores fueron Báez, De Vido, López y Periotti. El resto de los imputados fueron acusados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Hay otro aspecto que resaltó la Fiscalía y que se analiza como un componente más de la asociación ilícita: la indeterminación en la comisión de delitos. Es decir: la maniobra no se agotó en el presunto direccionamiento de la obra pública vial, sino que esa estructura derivó en otros tipos penales, en otras acciones investigadas.

De allí se desprenden los casos Hotesur y Los Sauces, las empresas de la familia Kirchner investigadas por lavado de dinero. En ambos casos las empresas de Lázaro Báez fueron un eslabón fundamental tanto en la construcción de edificios como alquilando departamentos como los hoteles.

La justicia, en etapa de instrucción, determinó que parte de los fondos obtenidos como resultado de las irregularidades en la obra pública se volcaron a una etapa de reciclaje. Es decir a esas maniobras de blanqueo. Los beneficiarios finales era el matrimonio Kirchner. "Todo derivaba en el incremento patrimonial", sostiene la imputación.

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