Investigarán llamadas y reuniones de Mauricio Macri
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi decidió avanzar en la imputación contra el ex presidente Mauricio Macri en la causa que investiga el espionaje ilegal sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner y resolvió investigar las reuniones y llamadas que hizo el ex jefe de Estado entre junio y noviembre de 2018. Se trata del pedido que había impulsado el fiscal Franco Picardi para indagar si el líder de Juntos por el Cambio había encabezado un plan sistemático de espionaje ilegal durante su gobierno “para lograr objetivos políticos y personales”.
Según la resolución, el juez resolvió no hacer lugar al planteo del Ministerio Público para mandar a juicio a los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y otros dos ex funcionarios, quienes ya tenían procesamiento confirmado por la Corte Suprema en esta investigación. El juez consideró que la etapa de instrucción aún no está concluida. “Téngaselo presente para el momento procesal oportuno”, contestó.
Y añadió: “La solicitud del Ministerio Público Fiscal de que se extraigan testimonios de la presente y se lleven a cabo una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación -complementariamente a las diligencias ordenadas en causas conexas y que se encuentran en curso-, no hace mas que persuadir al tribunal de que la instrucción aún no se encuentra completa”.
Entre las medidas dispuestas, el juez le solicitó a la Agencia Federal de Inteligencia que “brinde detalle de todas las líneas telefónicas institucionales oportunamente asignadas a Mauricio Macri, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Alan Ruiz, Juan Sebastián De Stéfano y Bernardo Miguens, entre los meses de junio y noviembre del año 2018″. Eso incluye “teléfonos celulares, teléfonos institucionales y teléfonos encriptados, y/o similares”).
El fiscal pedía secuestrar los aparatos pero el juez entendió que “teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que cesaron en sus respectivos cargos, se advierte que no resultará posible a la fecha garantizar la preservación de su original contenido, circunstancia que evidencia la inutilidad de la adopción de la medida en esta instancia”. A las empresas telefónicas también se les pidió que informen qué números utilizaban esos ex funcionarios entre junio y noviembre de 2018, el período en que se sospecha que se vigiló a la vicepresidenta.
Registros completos
El juez también dispuso pedir a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que aporte los registros completos de ingresos y egresos a la Quinta Presidencial de Olivos y a la Casa Rosada, entre los meses de junio y noviembre del año 2018 de Macri y los otros investigados.
Desde la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia pidieron copia del dictamen del fiscal, algo que será enviado, según dispuso Martínez De Giorgi.
En ese dictamen, Picardi sostenía que “hay circunstancias objetivas comunes en las causas cuyas investigaciones se orientan al conocimiento de posibles acciones de inteligencia ilegal desplegadas durante el período de gestión que tuvo a su cargo la dirección de la AFI entre los años 2016 y 2019.”De la acreditación probatoria del caso derivaron vinculaciones directas entre varios de los objetivos de inteligencia ilegal promovidos e intereses personales que son reconducibles a Gustavo Arribas y Mauricio Macri”, decía, como el caso de los seguimientos al novio de Florencia Macri, hermana del entonces presidente, o al periodista Hugo Alconada Mon.
En agosto de 2018, un auto de la AFI fue detectado en la puerta del Instituto Patria. El kirchnerismo denunció ese episodio en Comodoro Py. En aquel momento, la AFI explicó que se estaban haciendo tareas de prevención por la cumbre del G20 en el marco de una causa que tramitaba el juez Federico Villena, de Lomas de Zamora. Con esa explicación, Martínez De Giorgi dictó los sobreseimientos de Arribas y Majdalani.
Sin embargo, en febrero del 2020, la entonces interventora de la AFI Cristina Caamaño denunció ante el propio Villena que habría existido un entramado para justificar operaciones de vigilancia sobre Cristina Kirchner y presentó documentación del organismo de inteligencia que apareció en su gestión. Villena se excusó de intervenir, mientras en su juzgado explotaba la causa contra más espiados: no solo CFK sino también distintos políticos del macrismo, junto a periodistas, jueces y gremialistas, entre otros, según las pruebas que se encontraron en los teléfonos de un grupo de espías.
A principios de junio del 2020, después de una veintena de detenciones e indagatorias, la Cámara Federal de La Plata apartó a Villena y le pasó el expediente a su colega José Luis Augé, que avanzó en los procesamientos. Sin embargo, la causa pasó dejó los tribunales de La Plata y por orden de Casación quedó en Comodoro Py, donde ahora se sustancia la investigación. A fin del año pasado la Cámara Federal entendió que no había existido una asociación ilícita sino conductas de cuentapropismo de un grupo de agentes. Ahora, el dictamen de Picardi pone en escena de las imputaciones a Macri que hasta ahora no había sido alcanzado en este expediente.
