Juicio por Luis Espinoza: declararon familiares de la víctima
El pasado 24 de octubre comenzó el juicio oral por la desaparición forzada del peón rural Luis Espinoza. El debate, en el cual se juzgará a nueve policías y a dos civiles que habrían tenido participación en el hecho se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal.
Este martes, en la cuarta jornada del juicio, prestó declaración Betina Espinoza, hermana de Luis. A ella le avisaron que la policía lo había detenido a su hermano, Juan, y salió a buscarlo al monte donde lo tenían. Llegó Justo antes de que le saquen las esposas. “Estaba muy golpeado, los policías estaban todos agitados y se estaban yendo”, aseguró Betina a la justicia.
La mujer participó de la búsqueda de Luis, que estuvo desaparecido una semana. Ella y las hermanas buscaban en la zona de la desaparición porque sabían que en esos montes no se iban a perder.
También en la jornada declaró el Delegado Comunal de Villa Chicligasta, Mario Castro:
El caso Espinoza: Hay 11 imputados por desaparición forzada
Espinoza fue asesinado de un disparo en la espalda el viernes 15 de mayo de 2020, en medio de unos incidentes durante una carrera cuadrera ilegal en la localidad de Melcho (Simoca). Los sospechosos mantuvieron oculto el crimen e intentaron hacer creer que la víctima se había ocultado en el monte. Luego, de acuerdo con la investigación, llevaron el cuerpo hasta la comisaría de Monteagudo y finalmente lo arrojaron por un precipicio, en Catamarca, donde días después fue hallado tras una intensa búsqueda.
El hecho implicó varias irregularidades. Ocurrió durante la etapa más restrictiva de la pandemia de Covid-19. Las cuadreras y cualquier actividad recreativa grupal estaban prohibidas, pero además para los investigadores del caso hay indicios de que el operativo policial fue totalmente irregular porque no se habría puesto en conocimiento a los superiores. Incluso, los autores del hecho cruzaron de una provincia a la otra cuando los límites provinciales permanecían cerrados para evitar la circulación de personas y el incremento de contagios.
La fiscala Mónica García de Targa del Centro Judicial de Monteros, imputó a los policías Rubén Montenegro (subcomisario), José Morales (oficial), Miriam González, René Ardiles, Víctor Salinas, Carlos Romano, José Paz, Gerardo González Rojas y Claudio Zelaya por el delito de privación ilegítima de libertad seguida de muerte y desaparición forzada de persona. También acusó a Fabio Santillán de haber tenido alguna participación.
El 1 de septiembre de ese año se puso en vigencia el nuevo sistema judicial en toda la provincia, lo que implicó que el fiscal Carlos Sale, de la fiscalía de Homicidios II continuara con la pesquisa.
En abril de 2021 pidió la elevación a juicio, sin embargo el defensor de Zelaya, José Luis Robles, apeló sosteniendo que, por el tipo de delito, se trataba de una causa que debía tratar la Justicia Federal. El fiscal (federal) Gustavo Gómez coincidió con ese criterio y acompañó el planteo, primero en la Cámara Federal y luego en la Cámara de Casaciones. El tribunal, integrado por Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, resolvió finalmente que la causa pase a manos de la Justicia Federal.
Desde entonces el caso quedó en manos de Camuña, quien adaptó el proceso al sistema federal y debió volver a tomar indagatorias y testimoniales.
