Los conflictos indígenas crecieron un 74% en los últimos años
La tensión con la comunidad mapuche en Villa Mascardi es apenas un ejemplo de un fenómeno en aumento que, por ahora, el Estado no puede resolver: los conflictos con las comunidades indígenas crecieron como nunca antes en los últimos años. Los reclamos de los pueblos originarios aumentaron un 74% en el período 2015-2020 y los especialistas aseguran que la conflictividad continúa en ascenso.
Motivados por su histórica demanda para que el Estado reconozca tierras ancestrales, estas comunidades mantienen abiertos por lo menos 319 reclamos. Ninguno de los espacios políticos que gobernaron el país en los últimos años pudo resolver este problema que, en algunos casos -como ejemplifica el conflicto con los mapuches-, se volvió una bomba de tiempo.
La información analizada se desprende de un relevamiento realizado por Amnistía Internacional para su proyecto Territorio Indígena, que se realiza sobre los reportes de las propias comunidades y sobre investigaciones de esta organización. El estudio indica que allá por 2015 había 183 conflictos relevados a lo largo de todo el país. Dos años después, ya con Mauricio Macri en la Casa Rosada, ese número creció hasta los 225 conflictos y, con los últimos datos disponibles, la cifra trepó hasta los 319.
Como ya ocurrió en los últimos años, otra crisis con los mapuches en Villa Mascardi volvió a darle visibilidad al tema esta semana e incomodó al gobierno de Alberto Fernández. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta calificó como “gravísimo” el desalojo de la comunidad indígena que culminó con mujeres y niños detenidos por las fuerzas de seguridad. Después, renunció a su cargo.
Aunque en los últimos años el reclamo de los mapuches es el más recordado por distintos hechos de violencia, las demandas indígenas que motivaron intervención policial son la minoría. Amnistía Internacional indicó que menos del 15% de los reclamos que registraron llegaron a contar con intervención policial, desalojos, criminalización o algún tipo de violencia. El mapeo realizado por esta organización es apenas un punto de partida que tiene como objetivo visibilizar esta problemática, pero no incluye todos las demandas de pueblos originarios del país, indicaron.
Casi el 60% de esos reclamos indígenas tienen como objetivo el reconocimiento de tierras en distintas provincias del país. Esta es una problemática que no afecta sólo a la Patagonia, sino que atraviesa de Norte a Sur distintos puntos de Argentina. El total de la superficie afectada por los conflictos resulta de casi 5 millones de hectáreas.
¿Por qué está en aumento la conflictividad? Desde Amnistía explican que el gran detonante es el crecimiento de actividades como la minería, la agricultura y la explotación petrolera, así como la venta de tierras rurales a privados tanto argentinos como extranjeros. Todos estos procesos avanzan sobre tierras que las comunidades reclaman históricamente. Ante esta situación -indican- el Estado no ofrece espacios de diálogo con los pueblos indígenas para solucionar estos conflictos.
Los conflictos por provincia
Entre Neuquén (42 reclamos), Chubut (21) y Río Negro (20) suman casi un cuarto del total de los conflictos del país, la zona más caliente por las demandas de los pueblos originarios que registraron en los últimos años con hechos de violencia. El tema se instaló en los medios en agosto de 2017 cuando Santiago Maldonado murió ahogado después de que Gendarmería reprimiera a los manifestantes del Pu Lof en Cushamen, provincia de Chubut.
Aunque el conflicto de la comunidad mapuche en el Sur visibilizó esta problemática a nivel nacional, el Norte del país acumula mayor cantidad de conflictos abiertos y, muchos de ellos, registraron a lo largo de los años alguna intervención de las fuerzas de seguridad y, por ese motivo, fueron calificados como reclamos “violentos” por la organización.
En el NOA, Salta (35 reclamos), Jujuy (25) y Tucumán (17) también suman casi la cuarta parte del total de las protestas de los pueblos originarios a nivel nacional. La mayoría de los reclamos que requirieron intervención de las fuerzas de seguridad en algún momento de los últimos años se concentraron en las afueras de San Miguel de Tucumán, como el conflicto con la comunidad india Quilmes en Amaicha del Valle. También se registraron otros reclamos de este tipo entre el Río Bermejo y la frontera salteña con Bolivia.
En el NEA, Formosa (26 casos), Misiones (27) y Chaco (16) también aparecen como otra de las regiones con diversos conflictos entre el Estado y los pueblos originarios. Las Lomitas, en Formosa, es una de las más conflictivas de esa región, según el relevamiento de Amnistía Internacional. Esa zona fue, además, el escenario de la “Masacre de Rincón Bomba” una matanza que sufrió la comunidad pilagá en 1947. La Justicia decidió hace tres años que aquel ataque de la Gendarmería fue un crimen de lesa humanidad y ordenó distintas medidas de reparación, como becas estudiantiles, fijar la fecha homenaje a las víctimas en el calendario escolar y construir un monumento, entre otras.
