Se reforzará el control vehicular este fin de semana
En el ámbito de las acciones preventivas coordinadas desde el Ministerio de Seguridad, y tendientes a desalentar la comisión de los delitos, la Unidad Regional Norte desplegará un intenso operativo en el norte de la provincia.
Desde la noche del viernes, efectivos policiales iniciaron recorridos y controles preventivos que se sucederán durante todo el fin de semana.
En ese contexto el jefe de zona I, comisario principal Sergio Padilla se refirió a las tareas desarrolladas: “Hoy, estamos llevando a cabo un operativo en todas las jurisdicciones, tiene como misión desalentar cualquier acto delictivo, aplicando la Ley Nacional de tránsito y la reglamentación de contravenciones policiales. Estamos tratando de abarcar todas las localidades, hasta las más pequeñas, iniciamos la comuna de Tapia y contamos con la presencia de la Guardia de Infantería y todos los medios de la jefatura de zona, los móviles de la Comisaría de Choromoro, San Pedro de Colalao, Trancas y Vipos. Además, contamos también con la presencia del cuerpo de seguridad de Tapia y llegamos hasta Chuscha con los recorridos”, cerró.
En el transcurso de la primera jornada fueron secuestrados dos automóviles y tres motocicletas por infracciones a las leyes de tránsito, en tanto varias personas resultaron demoradas.
La causa por tráfico de drogas en la cárcel está paralizada
Un pedido de indagatoria al ex juez Guyot y a 18 guardiacárceles, realizado hace un año y medio, aún no tiene respuesta. Sospechosos en actividad.
Un ex juez y 18 agentes del Servicio Penitenciario de Tucumán, sospechados de haber operado una red de tráfico de drogas en el penal de Villa Urquiza, son los impensados beneficiarios de una incomprensible demora en el avance de un proceso que se ventila en el fuero federal de la provincia, investigada por el fiscal Pablo Camuña, quien pidió hace casi dos años que sean indagados y detenidos, requerimiento que nunca recibió respuesta.
La megacausa que indaga en lo sucedido entre los imponentes muros del penal entre 2015 y 2019, incluye a varios agentes del servicio de custodia carcelaria que aún están en servicio efectivo, con todo lo que eso implica en términos de una posible obstrucción al proceso de esclarecimiento de los sucesos.
La primera linea de investigación se abrió hace más de siete años, pero luego comenzaron otras cinco del mismo tenor, lo que llevó a que sean unificadas. La teoría de Camuña, basada en los testimonios recopilados en todos los expedientes, apunta a la existencia de una actividad ilícita de venta de drogas (marihuana y cocaína) y psicofármacos (rivotril, alprazolam y clonazepam, entre otros) en el penal de Villa Urquiza.
Los detalles de la pesquisa
“Sería regenteada por una misma estructura criminal conformada por distintos agentes del Servicio Penitenciario, que bajo la utilización de violencia física e incluso psicológica, lograban que las personas detenidas bajo su cuidado, accedieran a distribuir y comercializar dichas sustancias”, asegura el investigador federal.
El fiscal también consideró que “los detenidos que denunciaban la situación ante el juez de Ejecución, recibían distintos tipos de represalias, torturas físicas y psicológica”. Camuña resaltó que esta situación alcanzó un punto extremo con el homicidio del interno Fernando Medina, ocurrido el 22 de noviembre de 2017.
