La causa por tráfico de drogas en la cárcel está paralizada

Policiales 10 de septiembre de 2022 Por Los Primeros TV
Un pedido de indagatoria al ex juez Guyot y a 18 guardiacárceles, realizado hace un año y medio, aún no tiene respuesta. Sospechosos en actividad.
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VILLA URQUIZA. Detrás de sus muros funcionaba una red de tráfico de drogas.

Un ex juez y 18 agentes del Servicio Penitenciario de Tucumán, sospechados de haber operado una red de tráfico de drogas en el penal de Villa Urquiza, son los impensados beneficiarios de una incomprensible demora en el avance de un proceso que se ventila en el fuero federal de la provincia, investigada por el fiscal Pablo Camuña, quien pidió hace casi dos años que sean indagados y detenidos, requerimiento que nunca recibió respuesta.

La megacausa que indaga en lo sucedido entre los imponentes muros del penal entre 2015 y 2019, incluye a varios agentes del servicio de custodia carcelaria que aún están en servicio efectivo, con todo lo que eso implica en términos de una posible obstrucción al proceso de esclarecimiento de los sucesos.

La primera linea de investigación se abrió hace más de siete años, pero luego comenzaron otras cinco del mismo tenor, lo que llevó a que sean unificadas. La teoría de Camuña, basada en los testimonios recopilados en todos los expedientes, apunta a la existencia de una actividad ilícita de venta de drogas (marihuana y cocaína) y psicofármacos (rivotril, alprazolam y clonazepam, entre otros) en el penal de Villa Urquiza. 

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Los detalles de la pesquisa

“Sería regenteada por una misma estructura criminal conformada por distintos agentes del Servicio Penitenciario, que bajo la utilización de violencia física e incluso psicológica, lograban que las personas detenidas bajo su cuidado, accedieran a distribuir y comercializar dichas sustancias”, asegura el investigador federal.

El fiscal también consideró que “los detenidos que denunciaban la situación ante el juez de Ejecución, recibían distintos tipos de represalias, torturas físicas y psicológica”. Camuña resaltó que esta situación alcanzó un punto extremo con el homicidio del interno Fernando Medina, ocurrido el 22 de noviembre de 2017. 

La víctima era uno de los denunciantes y, por orden judicial, debía ser cuidado en todo momento. La jubilada fiscal Adriana Giannoni indagó el caso y requirió que se enjuiciara a varios funcionarios del servicio penitenciario. Su hipótesis del caso es que al reo lo mataron por haber denunciado con pruebas de la venta de drogas en el penal.

El 25 de noviembre de 2020, el fiscal pidió que se los dicte a declarar, se aprehenda y se aplique embargo por $150.000 a Roberto Eugenio Guyot (ex juez de Ejecución destituido en septiembre de 2020 por incumplimiento a sus deberes). Guillermo Antonio Snaider (ex titular del Servicio Penitenciario), José Fernando Cisterna, Víctor Lisandro Casasola, Juan Carlos Argañaraz, Enrique Osvaldo Núñez, Cristian Marcelo Medina, Pablo Alejandro Brito, Gastón Torres y Martín Sebastián Lucena.

En tanto que la lista de miembros que siguen en actividad son Claudio Alejandro González, Facundo Abel Albornoz, Fausto Maximiliano Ponce, Ramón Osvaldo Mareño, Roberto Carlos Chazarreta y Carlos Alberto Núñez.

En la acusación, Camuña incluyó un minucioso detalle de cuáles habrían sido los roles de cada uno de los sospechosos. Parar establecer su teoría, los dividió en tres grupos: la actuación del personal jerárquico, personal subordinado y el apoyo judicial.

Los roles de los acusados

Al primer grupo, integrado por Snaider, Cisterna, Patto, Núñez, Argañaraz, Casasola, Peñalva, Brito y González, lo sindicó “como responsables jerárquicos de los negocios ilícitos dentro del penal. En algunos casos se habían asociado a otros internos (entre ellos han sido mencionados los miembros del clan Acevedo) para realizar esos negocios con facilidad, infundiendo miedo en aquellos internos que se negaran a hacer lo que ellos mandaran y logrando la impunidad para ellos y su grupo criminal”.

“Este eslabón del grupo criminal, cuya participación en diferentes roles a lo largo de los años fue esencial para el andamiaje creado, ya que sin la misma los otros miembros del grupo delictivo (segundo eslabón), difícilmente podrían haberse organizado y cometido estas múltiples acciones criminales”,se lee en el pedido que realizó.

Lucena, Valdez, Albornoz, Ponce, Torres, Mareño, Cazarreta, Núñez y Medina, fueron señalados por Camuña como integrantes del denominado “grupo de subordinados”. Según su teoría, “tenían asignados ciertos lugares de privilegio para moverse dentro del penal, para realizar las maniobras delictivas y facilidad de contacto con los internos. Estas personas cumplían roles fundamentales para la organización, como por ejemplo falsear el contenido de actas de requisas, fraguar procedimientos de secuestros de boleos, hacer ingresar estupefacientes a la cárcel o a través de terceros, contacto directo para entregar o distribuir los estupefacientes, cobrar el producido de su venta, amenazar y golpear a los internos”.

Por último, el fiscal federal también expuso el porqué debía ser indagado y detenido el ex juez Guyot, en un hecho histórico en nuestra provincia, ya que nunca se había vinculado a un magistrado en una causa por droga. “Realizó un aporte posterior a estas conductas, orientado a garantizar la impunidad de los perpetradores, mediante la omisión de las funciones de su cargo, la omisión de realizar actos de persecución penal a los que estaba obligado y asimismo, de forma directa, la emisión de amenazas en contra de algunos de los internos que denunciaban los casos”, indicó en el pedido.

“Este aporte se hizo en función de una promesa anterior, la de prestar y asegurar la impunidad de los ejecutores, con el objeto de permitirles el desarrollo de su actividad ilícita principal, esto es, el tráfico de estupefacientes y psicotrópicos dentro del penal, y asimismo las actividades más graves como lo son la aplicación de torturas a los internos”, añadió.

Las demoras de una investigación complicada

La instrucción de las causas se demoró tres años por una sola razón: la investigación en un penal es diferente a una que se hace por droga porque no se pueden utilizar los mecanismos tradicionales (seguimientos y filmaciones, por ejemplo); la reticencia de los internos de contar lo que realmente sucede por temor a sufrir y represalias y los principales sospechados eran, justamente, las autoridades del lugar donde se desarrollaba la actividad ilícita. En noviembre de 2020 solicitó que se cite a los 19 imputados a prestar declaración indagatoria y que se los detenga.

Su planteo tuvo inesperados contratiempos. Primero se extravió un expediente clave que generó el inicio de una investigación administrativa cuyo derrotero no se informó. Después hubo planteos de competencias entre los jueces federales Daniel Bejas y Fernando Poviña. Fue el último que rechazó en noviembre de 2021 el pedido al considerar que no había pruebas suficientes para procesarlos.

Agustín Chit, que reemplazó a Camuña en la fiscalía federal 2, decidió apelar la resolución. En abril pasado, el fiscal general Gustavo Gómez realizó ante la Cámara Federal de Apelaciones un duro planteo sobre el fallo del magistrado al considerar que de manera injustificada se estaba negando a realizar una medida (la declaración indagatoria de los sospechosos) clave para avanzar con la causa. 

Si bien es cierto que no solicitó la detención de los acusados, insistió en su citación. También pidió que el crimen del interno Medina, pase a la órbita de la justicia federal. Su postura fue ratificada en una audiencia realizada en mayo, pero hasta el momento no falló sobre la cuestión.

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