Revocaron el sobreseimiento de acusados por lavado de dinero en la obra pública de Santa Cruz

La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de seis acusados por presunto lavado de dinero vinculado con las obras públicas en Santa Cruz, por las que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, está siendo juzgada. La Sala IV de Casación revocó el cierre de la causa que había sido dictada por la Cámara Federal por entender que el caso estaba prescripto.

“El mencionado fraude al Estado Nacional en la obra pública vial constituye el objeto del juicio oral que se encuentra actualmente en desarrollo en la causa CFP 5048/2016 ´Obra pública´, y la presente causa está vinculada a aquélla porque se trataría del lavado de activos agravado del producto de aquel ilícito de corrupción”, explicaron en el fallo los jueces de la Sala IV, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.

En la causa se investiga la firma ficticia de sucesivas intermediaciones comerciales y financieras bajo apariencia de costos vinculados a las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez para Santa Cruz pero que no tenían un verdadero propósito comercial real. Así se buscaba darle “un ropaje de licitud a más de quinientos (500) millones de pesos sustraídos al Estado Nacional a través del fraude en la obra pública.”

En la causa está imputado el financista Ernesto Clarens, también acusado y enviado a juicio oral por los cuadernos de la corrupción. Cuando el juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria a un grupo de acusados que plantearon la prescripción del caso. El pedido fue rechazado por el magistrado pero luego aceptado por la Cámara Federal que los sobreseyó. La medida alcanzó a María Julia Cis, Martín Samuel Jacobs, Armando Ulled, Graciela Elsa Ancarani, Carlos Alberto Eduardo Di Gianni y Rafael Mateo Merlini.

Pero el fiscal de la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, apeló y el caso llegó a la Cámara de Casación. “Del análisis de la resolución impugnada resulta que el tribunal ha incurrido en un error en la interpretación de la ley sustantiva, particularmente del art. 67 del C.P., y que yerra al sostener que en los presentes autos se encuentra extinta por prescripción la acción penal”, dijeron los jueces de Casación.

Tras un análisis jurídico de la figura de la prescripción y sus alcances, el tribunal concluyó que “el plazo de la prescripción de 10 años debe computarse a partir de que cesa el proceso de lavado de activos bajo investigación (29 de diciembre de 2009), y no la fecha individual de los aportes de cada interviniente en el citado delito”. Y agregaron que la prescripción se interrumpió “en virtud del llamado a indagatoria ocurrido el día 11 de julio de 2019, respecto de todos los imputados”. Así, Casación revocó los sobreseimientos de los acusados y la prescripción de la causa.

Las presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz tuvo varias derivaciones judiciales. La principal es el juicio oral contra Cristina Kirchner y otros 12 acusados que comenzó en mayo de 2019. El fiscal federal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta y Báez y 10 años para el ex ministro de planificación federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, como las principales condenas. Además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicas.

El próximo lunes comenzarán los alegatos de las defensas. La primera será la de Héctor Garro, ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz, y la de Cristina Kichner será la sexta. La expectativa es que el alegato de la vicepresidenta sea la última semana de septiembre o la primera de octubre. La expectativa es que el Tribunal Oral Federal 2 de a conocer el veredicto antes de fin de año.

Los herederos de Lázaro Báez: quiénes se quedaron con la obra pública en Santa Cruz

Luego del período “dorado” de la obra pública que se vivió en Santa Cruz entre 2003 y 2015, el ocaso fue contundente: tras el cierre de Austral Construcciones de Lázaro Báez, miles de trabajadores quedaron en la calle y las obras se paralizaron. A siete años de esos dramáticos días, se vive aquí una reactivación de la mano de empresas constructoras de perfil local: las obras no tienen la épica de entonces y los objetivos y presupuestos son más sencillos, pero no están exentas de sospechas y denuncias.

Ninguna de las empresas de Báez que por estos días estuvieron en la agenda pública a raíz del juicio de la causa Vialidad volvieron participar en la obra pública: en las licitaciones no aparecen Austral ni Loscalzo y Del Curto o Kank y Costilla, como tampoco Sucesión Adelmo Biancalani o Gotti Hnos. Sin embargo, la reactivación de la obra pública trajo aparejada la aparición de constructoras que arrastran rémoras de aquel pasado: una tuvo entre sus asistentes técnicos a Mauricio Collareda, procesado en la causa Vialidad, mientras que en otra de las nuevas empresas hay un exempleado de Austral Construcciones.

“El sistema no empezó y terminó con Lázaro Báez, el sistema sigue. Es claro y evidente que la digitación de la obra pública continúa, lo único que ha cambiado en Santa Cruz son los nombres”, afirma el concejal de Río Gallegos Pedro Muñoz, de la Coalición Cívica-ARI. Esta semana presentará un amparo judicial ante la negativa del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso (Frente de Todos), de brindar información sobre el registro de empresas que llevan adelante la obra pública en la capital provincial. “De los 2000 millones de pesos de obra pública para Río Gallegos, 1300 millones se les adjudicaron a Strella Construcciones, y queremos explicaciones”, afirmó Muñoz.

Las nuevas empresa

Muñoz quiere conocer por qué Río Gallegos continúa adjudicando obras a Strella Construcciones, pese a que, según un edicto judicial publicado en el Boletín Oficial, su responsable figura en un concurso preventivo. El concejal también cuestiona que la empresa no tributó al Municipio ni figura con habilitación comercial. La última obra adjudicada es de mayo de este año, por $55 millones, para la intervención urbana de la Laguna Ortiz.

A partir del 2016, cuando se suspendieron los fondos nacionales para obras viales y las empresas de Báez desaparecieron de escena, otros nombres surgieron para tomar obras de menor envergadura, la mayoría realizadas a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), que hasta el 2019 era presidido por Grasso, actual intendente de Río Gallegos que aspira a competir por la gobernación. Al frente del IDUV quedó ahora su hermana, María.

Consultora Better SRL fue de las empresas que sumó adjudicaciones en toda la provincia. Entre otras, una obra de cloacas en Pico Truncado, en 2018. Según quedó asentado en registros audiovisuales, Mauricio Collareda, exjefe del Distrito 23 “Santa Cruz” de Vialidad Nacional entre 2007 y 2015, era el referente técnico de la empresa. Collareda no figura como accionista de la constructora, pero tampoco en su planta de empleados. Sin embargo, firmaba los convenios por la empresa.

Según la acusación leída por el fiscal Diego Luciani, desde Vialidad Collareda intervino en la contratación y ejecución de numerosas obras que tenían las empresas de Lázaro Báez y de otras en las que Vialidad resultaba comitente. “Se modificaron ítems, se echó mano a invocar la peor crisis de la historia. En todos los casos legalmente inadmisibles o insuficientemente acreditados, el plazo de 36 meses se elevó a 102, el costo de la obra se elevó a más de 319 millones de pesos, tuvo un incremento del contrato de más del 100% y pese a todo esto la obra fue abandonada. Acá intervinieron estos funcionarios”, dijo Luciani respecto de Collareda. Se le imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

Entre otra de las obras adjudicadas a la empresa Consultora Better SRL se encuentra la construcción de silos en Punta Quilla, por $23 millones; la construcción de canchas de césped sintético, por $14 millones; la construcción del nuevo edificio del Instituto de Desarrollo y Vivienda; y el acceso vial del Barrio San Benito, en Río Gallegos. Esta última obra representó un papelón sin precedentes: a los seis días de inaugurada con gran pompa, el asfalto empezó a desprenderse y debió realizarse otra vez. El Municipio rescindió el contrato y le pidió a Vialidad que termine la obra.

Por varias de estas obras realizadas a través del IDUV, la vocal por la minoría del Tribunal de Cuentas, Yanina Gribaudo, radicó una denuncia en el Juzgado de Instrucción Penal N°1. En su denuncia, explica que los inspectores del organismo advirtieron serias falencias en el material utilizado y, sin embargo, se siguió adelante. En la misma denuncia también pide que se investiguen irregularidades detectadas en la construcción de la nueva sede del IDUV y cuestionó que se haya contratado una empresa con limitada capacidad de obra para hacer ocho proyectos por un monto superior a los $42 millones. “La causa no avanzó en la justicia”, confirmó Gribaudo.

Dentro de la misma denuncia judicial, Gribuado pide que se investigue la contratación de la empresa Magdalon, por la obra Refacciones del Centro de Salud N°1 de Río Gallegos, a raíz de las demoras, incumplimientos y ampliaciones de obra. Raúl Fernando Magdalon es el titular de la empresa que hizo punta en las contrataciones públicas locales de los últimos años.

De acuerdo a los registros laborales consultados, Magdalon aparece como empleado por Austral Construcciones entre los años 2007 y 2010, y también está registrado en la plantilla de Consultora Better SRL en 2018. En tanto, en 2018 figuró como presidente de la empresa constructora Mata Negra, otra de las favorecidas por la obra pública provincial en los últimos años.