El PE repartió $8 mil millones entre municipios oficialistas
La distribución de fondos de manera discrecional por parte del Poder Ejecutivo provincial, favoreciendo a algunos municipios y comunas gobernados por el oficialismo, se instaló con fuerza en el escenario político, a partir de una denuncia presentada por dirigentes de la oposición.
La polémica, surgida luego del encuentro que mantuvieron fuera de agenda los tres intendentes radicales, encabezados por el presidente de ese partido, Roberto Sánchez, con el gobernador interino Osvaldo Jaldo, sirvió para visibilizar los dos mecanismos de que dispone Casa de Gobierno para auxiliar económicamente a las administraciones comunales.
Uno de ellos es el Pacto Fiscal, en el que están incluidas las ciudades de Yerba Buena, Concepción y Bella Vista. El otro lo constituyen las asistencias que, de modo discrecional, puede repartir el PE y que, según su criterio, pueden ser o no reembolsables.
Estas ayudas se canalizan a través del ministerio del Interior, que conduce Miguel Acevedo, y se otorgan por pedido de los jefes comunales, para atender necesidades puntuales que, casi siempre, son obras públicas, aunque también se pueden subsanar carencias en otras áreas de las administraciones zonales.
El mecanismo para proveer de esos fondos a los municipios y las comunas es el del decreto, que debe llevar la rúbrica del Gobernador, de Acevedo y del secretario de Hacienda Fernando Solórzano, tal como se puede constatar cuando se da con uno de esos instrumentos legales dentro del Boletín Oficial de la Provincia.
Pero encontrarlos es algo complicado, debido a que los fondos que se destinan a tales fines no salen de una misma partida presupuestaria y su inclusión en la publicación oficial no sigue un criterio de estandarización que facilite la búsqueda.
Hijos y entenados
Así y todo, una recopilación realizada por el diario La Gaceta logró detectar que en lo que va del año, se emitieron no menos de 88 decretos que, sumados, dan un total de $ 8.122 millones que se giraron a municipalidades y delegaciones comunales en carácter de fondos no reintegrables. Es decir, no están obligados a devolver ese dinero.
En la mayoría de los casos, el objeto declarado para el desembolso son obras, pero no de detalla cuáles. El desglose figura en un expediente que, claro, no puede ser accedido porque sólo se publica el decreto, no el documento mediante el cual se hizo la solicitud de los fondos.
Esta falta de detalles sobre el destino declarado de los fondos no reintegrables a comunas y municipios, se acentuó desde abril de 2021, cuando comenzaba a bullir la feroz interna oficialista que precedió los comicios en los que después de mucho tiempo, se enfrentaban dos peronismos, encabezados por los entonces enemigos Juan Manzur y Osvaldo Jaldo.
Un repaso de los documentos relevados demuestra que el municipio más favorecido fue Banda del Río Salí, que en total recibió, sólo este año, 17 asistencias por parte de la Provincia, que suman en total $ 1.780 millones, lo que le permitió al intendente Darío Monteros inaugurar numerosas obras.
En segundo lugar aparece la Famaillá de los Mellizos Orellana, con $ 820 millones (menos de la mitad de lo recibido por Banda del Río Salí) concedidos mediante la firma de 8 decretos; y Alberdi, gobernada por Sandra Figueroa, que sumó $ 810 millones, repartidos en 6 despachos.
El listado se completa de la siguiente manera:
- Aguilares, $ 768 millones
- Tafí Viejo, $ 655 millones
- Monteros, $ 620 millones
- Burruyacu, $ 505 millones
- Las Talitas $ 447,7 millones
- Graneros, $ 390 millones
- Simoca, $ 297 millones
- Alderetes, $ 247 millones
- Lules, $ 240 millones
- Trancas, $ 150 millones
- La Cocha, $ 142 millones
- Tafí del Valle, $ 125 millones
Los municipios de signo político opuesto al oficialismo, no corrieron con la misma suerte. Hasta donde se puede ver, los pocos aportes conseguidos por las intendencias no peronistas fueron todos con carácter reintegrable.
La polémica reinstaló el debate sobre la necesidad de una ley que elimine la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos, algo que va de la mano con la necesidad de transparencia, que sólo se obtendrá con una ley de acceso a la información pública, aquella que Juan Manzur le prometió a la dirigencia de ADEPA en 2016, pisando el sagrado suelo de la Casa Histórica de la Independencia.
