El Senado buscará regular las "consultas populares"
Después de más de 20 días de calma y el clásico receso que el Congreso adopta -no está en su reglamento-, el Senado retomará la actividad con un plenario de comisiones que reanudará la discusión para aliviar las condiciones de las consultas populares. Hay tres proyectos en danza, todos de legisladores kirchneristas: Oscar Parrilli, Juliana di Tullio y Guillermo Snopek.
La discusión se inició a inicios del mes pasado, con las iniciativas de Parrilli y Di Tullio en las comisiones de Justicia -que preside el neuquino- y de Asuntos Constitucionales -que comanda Snopek- de la Cámara alta. Días atrás se sumó el proyecto del jujeño, quien es el enemigo principal de su cuñado y gobernador provincial, el radical Gerardo Morales.
El objetivo de las leyes en juego es regular el derecho de iniciativa popular establecido en el artículo 39 de la Constitución y reformar la actual ley 24-747, aprobada en 1996, y que imponía mayorías especiales en el Congreso. En el texto de Snopek, dichas mayorías desaparecen, por lo que quedaría tácitamente registrado que, para que una iniciativa popular vea la luz en forma de proyecto de ley, necesitaría sólo del voto de la mayoría de los presentes.
Por otro lado, la iniciativa pretende excluir ciertos temas que no podrán ser fijados ni modificados por este mecanismo: reforma constitucional, tratados internacionales, impuestos, Presupuesto y materia penal, aunque sí lo referido a la materia electoral. Además, aumenta la burocracia con la creación de una Oficina de Iniciativa Popular (OIP), en el ámbito del Congreso.
Semanas atrás, Parrilli expresó: “Está claro que no estamos dando respuesta a todos los anhelos y expectativas que el pueblo tiene sobre dirigentes y democracia, por eso aparecen después soluciones mágicas y autoritarias”. Luego, dijo que la idea es que “no sea anormal ni inédito hacer participar al pueblo a través de las consultas en decisiones estratégicas que hacen al gobierno”.
Estrategias para definir la reforma de la Corte
La Ley 25.432 señala que no se puede llevar adelante una consulta popular el mismo día de una elección, por lo que el oficialismo propone modificar este punto. Además, hasta el momento se requiere de una mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras para poder llamar a una consulta popular, mientras que lo que se plantea en la nueva iniciativa es que pueda hacerse con mayorías menos calificadas. De allí la clave del combo de proyectos en cuestión, que abre un plan b para el debate sobre la Corte Suprema, con un cristinismo que tuvo que posponer la última sesión previa al receso ante la falta de blindaje de votos para el recinto.
La iniciativa del Frente de Todos establece un máximo tribunal de Justicia con 25 magistrados, tal como solicitaron varios gobernadores. Sin embargo, el texto no dice nada sobre la distribución y muchos mandatarios oficialistas desaparecieron a la hora de defender el proyecto en el Senado.
El kirchnerismo se encontró con que Adolfo Rodríguez Saá no estaba dispuesto a acompañar la ley. Varios motivos se desprenden de acá: el oficialismo casi que no tuvo en cuenta un texto que el puntano presenta desde hace años, a favor de una Corte de nueve jueces; la invitación para que exponga sobre el tema su hermano, el gobernador Alberto Rodríguez Saá (el legislador negó esto); y el olvido -luego remendado en el dictamen- de la perspectiva de género en la ley en cuestión.
Otro voto -más cantado- fue el del usual aliado rionegrino Alberto Weretilneck, quien impulsó un despacho de minoría en defensa de su propia iniciativa, de 16 magistrados en la Corte Suprema. Tanto él como Alberto Rodríguez Saá nunca pusieron en duda su presencia en el recinto, es decir, en cuanto al quorum.
Otro caso fue el de la casi oficialista Clara Vega, más extraño que los otros dos. Primero, se mostró desconfiada del proyecto; luego, dijo que no lo veían tan mal y, cerca de la sesión que al final no se realizó, entró en silencio y sembró más dudas que certezas. Así, el Frente de Todos ponía en riesgo un debate y se acercaba a una derrota difícil de digerir -por las señales de poder que busca dar- de cara al futuro, en medio de la turbulencia en la que se encuentra el Gobierno. En caso de avance, el tema se bloquearía en Diputados.
Más allá de estos tres senadores, hay otros casos que necesitarán ser revisados. Uno de ellos es el del santafesino Marcelo Lewandowski. El legislador empuja, desde hace tiempo, una solución para destrabar la reforma judicial empantanada en Diputados: realizó un extracto de lo que se refiere al distrito que representa para agilizar la lucha contra el narcotráfico, a la que califican a estas alturas como “dramática”.
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Fuente: Ámbito
