La ONU condena la pena de muerte en Myanmar

Tras varias décadas, la junta militar al frente del estado aplicó la pena de muerte contra cuatro opositores por promover "actos de terror brutales a inhumanos"
lunes 25 de julio de 2022
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El relator especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos en Myanmar, Tom Andrews, condenó este lunes las ejecuciones por la junta militar birmana de cuatro prisioneros, entre ellos un político opositor y un respetado activista.

“Estas personas fueron juzgadas, declaradas culpables y sentenciadas por un tribunal militar sin derecho a apelación y, según informes, sin asistencia de un abogado, en violación del derecho internacional de los derechos humanos”, denuncia Andrews en un comunicado colgado en Twitter.

El representante de la ONU insta a la comunidad internacional a actuar de manera contundente contra el régimen militar, que dio un golpe de Estado el 1 febrero de 2021, por sus “asesinatos generalizados y sistemáticos de manifestantes, ataques indiscriminados contra pueblos enteros y, ahora, la ejecución de líderes de la oposición”.

La agencia de noticias de Myanmar, controlada por los militares, informó hoy de las ejecuciones en una fecha no precisada de cuatro presos, que sería la primera aplicación de la pena de muerte en más de tres décadas.

El portavoz de los uniformados, sin embargo, no respondió en la mañana del lunes a las consultas de Efe sobre las ejecuciones anunciadas.

Los ejecutados incluyen al antiguo parlamentario de la Liga Nacional para la Democracia Phyo Zeyar Thaw y el activista Ko Jimmy, condenados en enero por cargos de terrorismo a raíz de sus actividades contra la junta. Los otros dos reos son Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, acusados de haber matado a una mujer por ser supuestamente confidente de los militares.

Rechazo de la comunidad internacional

El régimen castrense anunció a principios de junio que retomaría la aplicación de la pena capital, una medida condenada por varios países como Francia, Estados Unidos y Canadá, además de las Naciones Unidas, así como cientos de ONG's locales e internacionales.

La última ejecución capital en Myanmar se había llevado a cabo en 1988, según un informe de expertos de la ONU de junio pasado, que contabilizó 114 condenas a muerte desde el golpe de Estado.

Human Rights Watch calificó las ejecuciones como "un acto de absoluta crueldad". La directora para Asia de la ONG, Elaine Pearson, pidió a la comunidad internacional "mostrar a la junta que habrá una rendición de cuentas por sus crímenes".

Después de que el mes pasado anunciara las ejecuciones, el gobierno militar había recibido duras críticas por la decisión.

El secretario general de la ONU, António Guterres, la tachó de una "flagrante violación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas".

En mayo, un tribunal de la Junta condenó a la derrocada líder civil Aung San Suu Kyi a cinco años de cárcel por corrupción, en medio de numerosas acusaciones en su contra.

La Premio Nobel de la Paz, de 77 años, que permanece con prisión domiciliaria en la casa de su familia en Rangun, ya fue condenada a seis años de prisión por incitación contra los militares, violar las reglas anticovid y una ley de telecomunicaciones.

El golpe de Estado que la derrocó el 1 de febrero de 2021 generó protestas y revuelo en todo el país, que los militares reprimieron con la fuerza pública. Desde entonces, más de 2.000 personas murieron y más de 15.000 fueron detenidas en la represión contra los disidentes, según un grupo local de monitoreo.

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Fuente: Infobae