Uso de armas: según los expertos, circulan más de 4 millones

En Argentina, 1 millón de personas están registradas para la portación de armas, en tanto el 75% presenta alguna irregularidad en su expediente.

lunes 11 de julio de 2022

Además de ser el día de nuestra independencia, cada 9 de julio (desde 2001) se celebra el día internacional de la destrucción de las armas de fuego. La idea fue uno de los tópicos impulsados por la Organización de las Naciones Unidad (ONU) con el fin de promover un mundo con menos violencia.

En nuestro país, según las cifras de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) aparecen registrados más de 1 millón de legítimos usuarios que, sin embargo, en el 75% de los casos presentan alguna situación irregular en su expediente. Ese número corresponde a las armas que la sociedad tiene “blanqueadas”, sin embargo la estimación de algunos expertos es que por cada tenencia de arma legítima existen entre dos y tres irregulares. Es decir que en el país podrían estar circulando cerca de 4,2 millones de armas de fuego entre las reglamentadas y las que están en negro.

En ese marco, en el último informe publicado por este ente regulador, se muestra que, según la estimación, en 2020 se destruyeron 13.000, en 2021 más de 14.000 y en lo que va de 2022 ya se superó las 10.000. La tendencia va en crecimiento pero sigue volando bajo al lado del número de armas registradas en nuestro país. En los últimos cinco años han sido registradas 216.481 armas de fuego.

“Generalmente la sociedad piensa que comprar un arma le dará seguridad, pero cuando toman conocimiento de todos los riesgos que eso implica, entienden que tener un arma siempre es peor. Por comprender esto es que mucha gente ha decidido entregar las armas que tenía”, señala la directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Aldana Romano, quien agrega: “cuando el Estado cumple en informar y capacitar sobre estos riesgos, como ocurrió en otra época, la sociedad se mostró sensible al desarme y la tendencia de adquirir un arma fue disminuyendo”.

Plan de Desarme

En 2007 se puso en vigencia el programa de Desarme Voluntario, el cual brinda la posibilidad a quien posea un arma de fuego o algún material controlado (por Anmac) a despojarse de ese elemento gozando de amnistía por el delito de tenencia ilícita, además de que se le otorga un incentivo económico a quien acuda a este programa.

En los últimos cinco años se entregaron 30.000 armas mediante esta alternativa según el ente regulador. Además, desde 2007, ya se contabilizaron 200.000 elementos entregados voluntariamente para su destrucción.
El 70% de quienes se incorporaron al programa son varones y, según la estadística, 2 de cada 10 hombres manifestaron que alguna mujer influyó en la decisión de deshacerse del arma.

Según las estadísticas que lleva el Inecip, cerca del 9% de la población tenía uno de estos instrumentos en su entorno antes de que comenzara a funcionar este programa, que logró reducir 2 puntos ese índice, disminuyendo el registro a un 7%. “Estos datos los calculábamos mediante la encuesta de factores de riesgo que realizaba el ministerio de Salud de la Nación y que, al compararse con los registros de Anmac, verificaba que el número de armas en la sociedad es mucho mayor a lo que se registra legítimamente”, advierte Romano.

“Por cuestiones históricas y culturales, la sociedad argentina no se caracteriza por ser favorable a las armas de fuego, a diferencia de Estados Unidos y de varios países de América Latina. No es casual que las declaraciones de políticos que salen a hablar de la libre portación de armas terminen generando rechazo. En la sociedad argentina la mayoría sabe y conoce los riesgos que producen las armas de fuego, y por eso responde tan favorablemente a acciones como el Programa de Desarme”, considera Julián Alfie, investigador del mismo instituto.

Para deshacerse de un arma el usuario debe llevarla al centro de desarme (En Tucumán se debe consultar en la oficina del Anmac de General Paz 855). Allí, cuando se le indique, se presentará para entregar el arma y/o municiones. No se le solicitará datos personales. Ese día se realiza un registro fotográfico del arma y luego se la inutiliza con una prensa hidráulica en presencia de quien la llevó. Finalmente se le entrega al usuario el acta de desarme y el cupón de cobro, porque existe un incentivo económico, para quienes se suman a este programa.

Actualmente, el programa no se encuentra vigente hasta tanto sea sancionada la nueva ley de prórroga por el Poder Legislativo. La última extensión había sido aprobada en 2020 y venció el 31 de diciembre de 2021.

Armas judicializadas

“El año pasado le entregamos a la Anmac 3.504 armas de fuego que estaban secuestradas, provenientes de delitos, y que ya no eran del interés de una investigación judicial. Fueron dos envíos que hicimos a fines de 2021”, señala el secretario judicial de nuestra provincia Tomás Robert, quien agrega que tienen proyectada otra entrega para este año porque ya superaron las 1.500 armas que como mínimo deben componer un lote.

El funcionario detalla que el proceso para la destrucción de las armas no es sencillo. “Esto toma cerca de cinco días en Buenos Aires. No podemos enviarlas en tandas chicas. Primero se clasifica y se separa las armas que ya no son del interés de alguna causa judicial. A esas seleccionadas luego se les imprime un ticket codificado y luego se programa un traslado con el Grupo Cero, porque como se podrá imaginar, no es fácil trasladar un cargamento así a una ciudad que está a 1.200 kilómetros”, ilustra. Luego añade: “una vez en Capital Federal las armas son clasificadas en el Banco Nacional de Materiales Controlados (Banmac) y recién luego se las lleva a destruir”.

Robert menciona que no es fácil conseguir un turno para que el ente regulador reciba un cargamento desde el interior del país. “Fuimos una de las pocas provincias que ya pudimos destruir armas. Siempre que lo gestionábamos, por distintos motivos no se podía o bien se iba postergando, es así que a fines del año pasado por esa demora ya habíamos acumulado dos lotes (que superaban las 1.500 armas) para enviar”, destaca.

El secretario judicial dice que el ministerio Público Fiscal de cada provincia investiga el mercado negro de las armas. En el caso de Tucumán, esa responsabilidad recae en la fiscalía de Atentados contra las Personas que conduce Pedro Gallo. Uno de los casos más conocidos del último tiempo ocurrió en Independencia al 600 y fue el secuestro que implicó la aprehensión de un armero de 76 años, quien habría proveído a bandas delictivas. “Ese caso corresponde a una investigación específica sobre este delito, pero tengamos en cuenta que secuestros de armas tenemos casi todos los días. En la mayoría de los allanamientos por causas de robo u homicidio encontramos armas que, en el mejor de los casos, quizás no provienen del delito, pero tampoco los dueños tienen tenencia legítima”, concluye.

Tráfico y mercado Negro

“Las encuestas sobre presencia de armas de fuego históricamente permitieron estimar que el número total circulante en nuestra sociedad llega a triplicar el número de armas de fuego registradas”, asevera Alfie. Por su parte, Romano subraya: “lamentablemente hoy estos datos podrían ser aún más precisos si la pregunta referida a las armas no se hubiera excluido de la encuesta de riesgos que realizaba el ministerio de Salud”.
Los expertos aclaran que hablar de armas ilegales no es necesariamente referirse a las que se usan para cometer delitos, sino también de las que no cuentan con autorización para ser utilizadas. “En muchos casos hay personas que heredaron un arma y no tienen permiso para tenerla”, ejemplifican.

“En el mercado negro, las armas caseras, o ‘tumberas’ no conforman ni el 1%. El mayor caudal es el de armas fabricadas, y no es nada fácil esconder una fábrica de armas. Es decir que el mercado ilegal se nutre de los desvíos del mercado legal. Las armas ilegales nacieron siendo legales, el desvío se produce en la fabricación, o en la importación, cuando se declara un número que es menor al real. Este desvío también se produce cuando roban un arma ¿cuántos casos conocemos de armas desaparecidas de los depósitos judiciales o de las comisarías?”, analiza Romano, y advierte que conocer las dimensiones de este mercado ilegal, que es uno de los más redituables del mundo, sigue siendo una deuda pendiente.

“La primera dificultad que tenemos para descubrir qué tan grande es este mercado es que al delito de tráfico de armas lo investiga la Justicia Federal, que al día de hoy no se reformó hacia el sistema adversarial. Es decir que la investigación no está en manos del Ministerio Público Fiscal sino de los Juzgados, que no van a analizar el mercado sino el caso puntual que les toca”, dice la experta.

La directora del Inecip plantea finalmente que combatir este mercado negro se logra con tres bases:
“Primero, la política de prevención, el plan de desarme es un buen ejemplo de esto. Segundo, la política de control, si controlamos eficazmente el mercado legal no habrá desvíos que nutran al ilegal, y en eso se está fallando porque por falta de presupuesto hay, hasta donde sabemos, 23 inspectores para todo el país y porque la Anmac no tiene los recursos para implementar su ley de manera completa a pesar de que ya pasaron tres gobiernos. Tercero, la persecución penal debe ser inteligente en el diseño de estrategias para golpear al mercado negro, esto es responsabilidad del Poder Judicial, que debe modernizar su sistema procesal”.

Cuestión de Género

Desde 2021 la Anmac innovó que en las instrucciones de tiro a aspirantes se agregue un ejercicio de concientización sobre perspectiva de género. Esto se debió a la cantidad de casos de violencia de género (300 al mes en promedio) en los que la Justicia ofició al ente regulador solicitando la inhabilitación de usuarios involucrados en procesos de este tipo. Otro dato no menor es que sólo el 1% de los usuarios registrados en la Anmac son mujeres.

“Las estadísticas evidencian que las armas no le dan seguridad a quien las porta sino que, por el contrario, ponen en riesgo al usuario y a su entorno. Esto ocurre porque las armas compradas ‘para defensa personal’ terminan siendo usadas mayoritariamente con otros fines: suicidios, conflictos interpersonales (familiares, vecinales, y femicidios). Según los últimos números de la Corte Suprema, el 52% de los homicidios con armas de fuego se dan en el marco de conflictos interpersonales, discusiones o riñas, y solo el 8% se dan en el marco de defensa”, argumenta Alfie. Y complementa: “aún cuando sí son usadas con el fin de defenderse, no cumplen su objetivo: los estudios demuestran que, en contexto de robo, una víctima armada tiene más chances de terminar muerta (ella o alguien de su familia) que si no estuviese armada. Esto sucede porque los resguardos mínimos que debe tomar una persona para guardar el arma en su hogar evitando accidentes, atenta contra sus posibilidades de defenderse efectivamente a través del uso del arma”.

Por último, otro dato a valorar es que según lo que informó la Anmac, en 2021 realizaron 1.857 inspecciones a legítimos usuarios para constatar que estén cumplimiento con las normas vigentes de tenencia. Producto de esas medidas se incautaron 1.300.000 materiales tales como armas, municiones, fulminantes, detonadores, vainas, puntas, pólvora, explosivos, pirotecnia y otros del rubro. A su vez, en lo que va de 2022, se hicieron 1.318 inspecciones y se secuestraron 1.147.338 materiales que se encontraban en infracción.