Senado: dictamen para el proyecto de moratoria previsional
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la Nación dio dictamen favorable este martes a la iniciativa oficialista para una nueva moratoria previsional que establece un plan de pagos para que alrededor de 742.000 personas en edad de jubilarse puedan abonar períodos faltantes y acceder al beneficio.
La iniciativa permite regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del presente programa.
Al encabezar el encuentro, la presidenta de la comisión, la senadora del Frente de Todos, Juliana Di Tulio, afirmó que el oficialismo trabaja para lograr "un sistema previsional justo". Actualmente solo "una de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres pueden jubilarse", indicó y dijo que con la propuesta se busca que "esa posibilidad se amplíe".
"Es para un sistema justo, para que las personas puedan cobrar lo que han aportado", remarcó Di Tulio, y sostuvo que se pretende "ir corrigiendo todos los defectos" que ha tenido el sistema previsional con las sucesivas crisis económicas desde 1976.
Además, especificó que la medida tendrá un costo fiscal "del 0,02% del PBI para este año, unos 12.460 millones de pesos; y del 0,3% del PBI para el año próximo, alrededor de 184.844 millones de pesos".
Los números aportados por Di Tullio fueron cuestionados por la vicepresidenta de la Comisión, la cordobesa de Juntos por el Cambio, Carmen Álvarez Rivero, quien consideró que "es una suma importante de déficit acerca de la cual el ministro Guzmán tiene que acusar un impacto".
En este sentido, su compañera de bancada por la Ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri, pidió que el proyecto también sea discutido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que el ministro de Economía se haga presente en una próxima reunión "para que nos diga cuánto impacta este 0,02 y este 0,3% del PBI en el acuerdo con el Fondo".
Sin embargo, Di Tullio cortó cualquier posibilidad de una presentación de Guzmán ante los legisladores al enfatizar que "la presidenta del Senado (Cristina Fernández de Kirchner) tiene la facultad de dar los giros de los proyectos y este es el único giro que tiene: no va a ir a Presupuesto".
Una de las autoras de la norma, la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, declaró por su parte que "si no sacamos esta ley habrá un universo de 800 mil personas que no podrán jubilarse. Los números tienen que cerrar con la gente adentro. Este proyecto tiene que ver con la génesis del Frente de Todos".
Además, insistió en que "se debe empezar a generar conciencia previsional previniendo que antes de la edad empiecen a calcular con los aportes y que no sea una costumbre esto de los planes de pago previsionales".
En tanto, el senador Mariano Recalde, también coautor de la iniciativa, indicó que durante el gobierno de Mauricio Macri solo se benefició a las mujeres con moratoria de deudas previsionales y dijo que "es un retroceso" y es "injusto" el actual número de personas en condiciones de jubilarse.
Los puntos principales del proyecto
- La norma permitirá regularizar períodos faltantes de aportes hasta diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas del haber jubilatorio y que, de acuerdo a la cantidad de años a cancelar, serán 1, 30, 60 o 120 cuotas.
- De acuerdo con las estimaciones, en lo que resta de 2022 aproximadamente 500 mil personas en la edad jubilatoria ya cumplida podrían adherir a la Unidad de Pago de Deuda Previsional contemplada en la norma. Además, otras 300 mil estarían en condiciones de adherir en 2023.
- Se trata de personas que no han podido adherir a las moratorias anteriores por las restricciones que acumularon a partir de 2016, según explicaron.
- De acuerdo con datos oficiales, actualmente solo uno de cada diez mujeres y tres de cada diez varones estarán llegando a jubilarse este año con los 30 años de aportes exigidos y el resto se ve obligado a recurrir a la PUAM, una prestación sancionada durante el gobierno anterior y que otorga un 80% del haber mínimo.
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Fuente: Ámbito
