Imputan al médico que operó a Betiana Juárez

Está acusado de amenazar a una enfermera. El hecho habría ocurrido luego de que falleciera una joven embarazada y su beba quede internada en grave estado
viernes 10 de junio de 2022

El Ministerio Público Fiscal convocó a una audiencia que se llevó a cabo este viernes con el objetivo de legalizar la aprehensión, formalizar la investigación, formular cargos y requerir la medida de coerción de mayor intensidad en contra de un médico del Hospital Avellaneda acusado de amenazar a una enfermera con un arma de fuego. Investiga la Unidad Fiscal de Atentados Contra las Personas, a cargo de Pedro Gallo.

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La aprehensión se produjo el miércoles pasado, 8 de junio, cerca de las 9:30 horas. Una hora antes, personal del destacamento policial del nosocomio se comunicó con la Comisaría 5, informando que habían recibido una denuncia de que un médico de ese lugar estaba con un arma amenazando a algunas enfermeras. 

La teoría del caso

Según narró el auxiliar de fiscal, Guillermo Di Lella, la víctima y una pediatra neonatóloga estaban en la unidad de terapia intensiva neonatal cuando ingresó el imputado, quien se desempaña como ginecólogo. El profesional, de 66 años, comenzó a decirles que tenía enemigos dentro del hospital, pero que tenía con qué defenderse.

En ese momento, extrajo de su cintura un arma de fuego con el propósito de obligar a la víctima a que se abstenga de seguir colaborando con la investigación caratulada como “personal médico a determinar sobre homicidio culposo por mala praxis, en concurso ideal con lesiones culposas”, que tiene como víctimas a una madre y su hija recién nacida.

La mujer, de 29 años, ingresó al Hospital Avellaneda con un embarazo de 39 semanas y, por causas que se investigan, falleció el viernes 3 de junio. En tanto que la bebé se encuentra en estado crítico, internada en neonatología de ese centro de salud.

“Un hecho grave”

El auxiliar de fiscal solicitó la prisión preventiva del médico por 30 días. En la resolución, el magistrado rechazó la preventiva y, en cambio, dispuso el arresto domiciliario por un plazo de siete días, mediante la colocación de un dispositivo electrónico. Al mismo tiempo, impuso la prohibición de realizar cualquier acto de intimidación, amedrentamiento o amenaza respecto a la víctima y a cualquier persona que pudiera ser testigo en la causa. Por último, notificó al director del hospital para que arbitre los medios necesarios con el fin de evitar el contacto de las partes involucradas dentro del nosocomio.