Piden elevar a juicio oral la causa contra José Alperovich

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional pidió que se eleve a juicio oral la causa contra el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, quien está acusado de presunto "abuso sexual agravado con acceso carnal" en seis oportunidades contra su sobrina y excolaboradora entre 2017 y 2018, en hechos que se cometieron mediante "abuso de poder y autoridad", aseguró en su fallo el juez en lo Criminal Osvaldo Rappa.

Alperovich había negado las acusaciones de abuso sexual el pasado 20 de abril al prestar declaración indagatoria en el marco de la causa de manera virtual.

La denuncia

La joven lo denunció en 2019 por hechos registrados cuando se desempeñaba como asistente del senador y que se habrían producido en Tucumán y en un departamento de la zona de Puerto Madero.

En esa denuncia, la mujer manifestó la presión psicológica que ejercía su pariente y el poder que detentaba sobre ella, lo que le infundía temor e imposibilidad de superar esa situación.

En diciembre de 2020, los fiscales Santiago Vismara, titular de la fiscalía Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal, y Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (Ufem), habían formulado un pedido de indagatoria, y en diciembre del año pasado, reiteraron la solicitud en base a la ampliación de la acusación que hicieron contra el exsenador.

Detalles del dictamen

En el dictamen, los fiscales manifestaron la relevancia de evaluar los distintos factores de la causa "con perspectiva de género". En ese sentido, recordaron que la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, define a la violencia contra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”.

Indicaron luego que “ninguna investigación judicial de violencia sexual sobre una mujer puede catalogarse como seria y exhaustiva, si no toma en consideración las desigualdades estructurales entre varones y mujeres, propias del sistema patriarcal, y si no se hace cargo de analizar el impacto de esas inequidades en el caso concreto”.

Citaron luego la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), según la cual el Estado argentino se comprometió a trabajar en la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Esto implica la prohibición del uso y la reproducción de estereotipos discriminatorios por parte de aquellas personas que integran los sistemas judiciales, detallaron.

“Las principales consecuencias de la discriminación de género ejercida por el sistema penal son la falta de exhaustividad en el análisis de la prueba, la tramitación de investigaciones tendenciosas y parcializadas, y una fuerte presencia de estereotipos y prejuicios que conducen a realizar interpretaciones y valoraciones arbitrarias”, consideraron.

Además, sostuvieron que "los estereotipos influyen en las decisiones del Poder Judicial, muchas veces en perjuicio de las mujeres".

"Las sentencias de los tribunales suelen emplear conceptos referidos a la moral privada para definir los márgenes de la violencia conyugal y los delitos sexuales. Muchas veces, las decisiones destacan la ausencia de elementos independientes al relato de la víctima que permitan corroborarlo y el análisis que las subyace permite detectar que se construyen sobre estereotipos que atribuyen a las mujeres el rol de ‘mentir’, ‘fantasear’ o ‘fabular’ y utilizar el derecho penal con el fin de ‘perjudicar’ o de ‘mantener una apariencia’”, continuaron.

Vismara y Labozzetta explicaron lo que significaba, para este caso en concreto, el "estado de cautividad que padecía la víctima" y que tenía la particularidad de estar condicionado "por la subordinación económica, social, psicológica, legal y política, así como la fuerza física". Esa cautividad lleva a que la víctima esté en continuo contacto con el agresor y que este se convierta en la persona más poderosa dentro de su vida, apuntaron los investigadores.

“Los métodos para obtener el control de la víctima consisten en infligir el trauma psicológico de forma sistemática y repetitiva. Son técnicas organizadas de debilitamiento y desconexión. Estos métodos están pensados para causar terror e indefensión y destruir el sentido del yo de la víctima en relación con los demás. El efecto de esta técnica es convencer a la víctima de que el abusador es omnipotente, que resistirse es inútil y que su vida depende de que se gane indulgencia a través de la sumisión absoluta”, precisaron.

Luego se refirieron al "contexto de intimidad" en el que suelen producirse los abusos y cómo el agresor manipula la confianza y la dependencia de la víctima. “En esta dinámica, utiliza métodos coercitivos como el cariño, la persuasión, la mentira, la manipulación psicológica y las amenazas, la culpabilización y el chantaje.

Estas estrategias le permiten, por una parte, la concreción de los abusos y, por otra, la mantención del secreto, generando así el estado de indefensión y desamparo de la persona damnificada”, detallaron los fiscales.
Alperovich declaró, negó la imputación por abuso sexual agravado y no respondió preguntas
 
A criterio del MPF, deben tenerse en cuenta la asimetría que había entre Alperovich y la denunciante: la relación familiar que tenían; la diferencia de edad; la situación de dependencia laboral; el posicionamiento político y social del acusado, ya que Alperovich es “un reconocido político, con enorme influencia a nivel provincial y nacional, que gobernó durante años la provincia de Tucumán”, indicaron.

“En este sentido, no perdemos de vista que los elementos colectados dan cuenta del contexto de permanente control y humillación en el que se desenvolvía esa relación, el constante tono imperativo de él hacia ella y la naturalización del entorno de frases obscenas proferidas por él y dirigidas a ella y a otras personas”, destacaron.