En vez de aplacarse, el conflicto que mantienen las universidades públicas nacionales con el Gobierno nacional está lejos de terminar. Luego del anuncio del veto presidencial del presupuesto del sector votado por el Senado, la presentación del presupuesto nacional 2025 avivó el fuego. En las partidas proyectadas para el año próximo, la administración de Javier Milei le asignó a las instituciones cerca de la mitad de lo que vienen pidiendo. Ahora, los rectores y las federaciones que nuclean a docentes y no docentes amenazan con una nueva marcha para octubre, como manera de presionar para que la cámara de Diputados exija volver a votar la ley de presupuesto universitario para sortear así el veto presidencial.

Según consta en el documento del presupuesto, el Gobierno le asignó $3,8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pide $7,2 billones para poder funcionar.

La diferencia entre el presupuesto proyectado por el Gobierno y el diseñado por los rectores es enorme: de unos $3,4 billones. Concretamente, el número que determinó el oficial es de $3.804.206.408.806. En tanto, el de las autoridades universitarias finales del mes pasado, durante el plenario del CIN en La Pampa, contempla unos $7.190.565.984.958. La diferencia es de $3.386.305.576.152.

“A la medianoche pudimos acceder a las planillas y hacer un análisis pormenorizado. Advertimos que hay una diferencia enorme y se explica, porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios. No hay intención cierta de recomponer los salarios docentes y no docentes para al menos igualar la situación de pérdida frente a la inflación. La única certeza que surge de este presupuesto es que los docentes y no docentes en 2025 van a tener los mismos salarios que hoy, ni siquiera se contempla la inflación, que se estimó del 18%”, afirmó Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis.

“Es por eso que esta tarde [por el lunes] nos reunimos con las federaciones y decidimos que el martes que viene, tras la reunión del CIN, anunciaremos las medidas a tomar: una nueva marcha para octubre, salvo que el Gobierno tienda una diagonal que permita modificar esta situación, aunque lo vemos muy poco probable porque no vemos voluntad de dialogar”, agregó.

Ante esto, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitaria, señaló: “Tradicionalmente, el presupuesto que presenta el CIN es uno que contempla la expansión del sistema. Sin embargo, hoy, la expansión no está en nuestros planes, dado que el principal problema que tiene el sistema es que tiene una enorme matrícula, es decir, tiene muchos alumnos, pero tiene pocos graduados. En los últimos 10 años más que triplicó la cantidad de alumnos y de inscriptos, pero mantiene la misma cantidad de egresados, ahí radica el problema que es central. Además, nos encontramos con una tasa de deserción alta. Por ello, creemos hay que trabajar en lograr mayores tasas de graduación en vez de pensar en una expansión del sistema”.

Hay que recordar, que en lo que va del año, ante el presupuesto prorrogado, en distintos momentos, el Gobierno asignó actualizaciones de partidas presupuestarias, para gastos de funcionamiento.

Los salarios de docentes, investigadores, directivos y personal administrativo no docente representan cerca del 85% del presupuesto universitario, mientras que los gastos de funcionamiento son un 5%. Desde que comenzó la gestión de Milei, los gremios universitarios consideraron insuficientes todas las actualizaciones que otorgó el Gobierno: un 4% en junio, un 9% para mayo, un 8% en abril, un 12% en marzo y en febrero, un 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Luego, otorgaron un 7% de julio.

Pero no solo se trata de una diferencia de partidas. El texto del presupuesto supone que las universidades hagan un reporte detallado de sus gastos, ya que desde el Gobierno apuntan a la discrecionalidad de ciertos gastos, sindicados como “cajas negras”, del mundo universitario. Entonces se establece que, si la información aportada no satisface los requerimientos, se podría interrumpir la transferencia de partidas.

“Las universidades nacionales deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”, se detalla.

“Las plantas de personal docente y no docente sobre las cuales se aplicarán los aumentos salariales en el año 2025 serán las vigentes a las liquidaciones correspondientes al mes de noviembre de 2024″, apunta el texto.