La escena se viene repitiendo con frecuencia hace más del mes, alrededor hubo 27 mensajes que alertan de la presencia de explosivos en instituciones educativas de la provincia, escuelas evacuadas y aulas vacías. Sin ir más lejos, esta vez las intimidaciones se registraron en el Colegio San Carlos, la Escuela Normal y la Facultad de Educación Física. 

En la mayoría de las instituciones las actividades ya habían comenzado y en la Escuela Normal debieron interrumpir las celebraciones por el Día del Niño y los actos por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. 

La Policía de la Provincia, a través de la División Delitos Telemáticos, continúa con la investigación para poder capturar a las personas que están enviando los mails y que realizan los llamados telefónicos alertando sobre la presencia de explosivos en las escuelas.

Rolando Gómez, subsecretario de Seguridad, analizó la situación y confirmó que ya se identificaron teléfonos desde donde se habrían realizado las intimidaciones. “La Dirección de Delitos Telemáticos está trabajando de manera conjunta con la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, se ha realizado una investigación donde se obtuvo la identificación de una serie de números de teléfono, chats y mails. A raíz de esto, la Justicia debe enviar las medidas a las empresas como Google u otros organismos internacionales que tienen sus políticas de privacidad y exigen una orden judicial para avanzar con la investigación”, afirmó.

El funcionario llamó a la toda la sociedad a tomar conciencia de esta preocupante situación que comenzó en el mes de mayo y se agudizó durante el mes de agosto: “Esta situación es una preocupación para el Ministerio, porque la amenaza existió, no es falsa. Todas las inspecciones que realizó la División Explosivos de la Policía fueron negativas, es una cuestión que tiene en zozobra a la comunidad educativa y a toda la sociedad. Pedimos a los padres que dialoguen con sus hijos a los efectos de establecer las pautas y tomen conciencia, porque se pierden día de clases y genera miedo en toda la comunidad educativa. Sabemos que las amenazas han coincidido con días de exámenes o de partidos de fútbol, pero, a raíz de las denuncias se despliega efectivos del 911 y comisarías, equipos de la Dirección de Explosivos, ambulancias, entre otros recursos; y si ocurre una urgencia, estos recursos no estarán disponibles, afecta a todo un conjunto”.

Artículos del Código Penal

En el Código Penal tratan el tema el Artículo 149 bis -“Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas (…) Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.”-  y el  Art. 211 -“Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.

Buscan que los chicos recuperen las clases perdidas

A través de un comunicado, el Ministerio de Educación de Tucumán afirmó que, ante las reiteradas amenazas de bomba registradas en instituciones públicas y privadas de la provincia, se instruirán los mecanismos necesarios para que cada escuela o colegio recupere las clases interrumpidas.

"Manifestamos nuestra preocupación, ya que una falsa amenaza de bomba no es broma; es un delito de gravedad", dijeron en un comunicado.

Y agregaron: "Desde el Ministerio de Educación hemos puesto a disposición todos los elementos aportados por las instituciones afectadas para colaborar con el avance de las investigaciones que llevan adelante los organismos competentes".

Por último, se informó: "Instamos a autoridades, a docentes de los establecimientos educativos y a las familias a promover instancias de reflexión sobre la gravedad de estos hechos para terminar con este tipo de acciones irresponsables, deliberadas y perjudiciales, que afectan a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general".