Presentaron un Habeas Corpus preventivo para proteger a los manifestantes en las marchas
El petitorio busca evitar detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó este miércoles un habeas corpus preventivo y colectivo ante la Justicia “para resguardar los derechos de las personas que participen de la manifestación” en defensa de los jubilados y de quienes “transiten por la zona en la que se desarrolla”.
Preocupación por el protocolo antipiquetes
El organismo expresó su preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad en el marco del “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación”, conocido como protocolo antipiquetes. Desde su entrada en vigencia, la Defensoría realizó “30 observaciones en movilizaciones y protestas sociales”, derivando en 56 pedidos de informes y recomendaciones a los Ministerios de Seguridad de Nación y Ciudad, sin recibir respuestas adecuadas.
La Defensoría denunció que el protocolo antipiquetes viola estándares internacionales de derechos humanos y afecta la autonomía de la Ciudad en materia de seguridad. Además, señaló el “despliegue inusual y excesivo de fuerzas federales y locales” y el “uso innecesario, irracional y desproporcionado de la fuerza” en las protestas.
Solicitudes específicas a la Justicia
En el habeas corpus, la Defensoría solicitó que las fuerzas de seguridad actúen conforme a estándares internacionales, evitando detenciones arbitrarias y garantizando la integridad física de los manifestantes. Además, exigió que los agentes estén “visiblemente identificados, exhibiendo en su uniforme el nombre, apellido y rango correspondiente”, para facilitar el control de su accionar.
En paralelo, la Defensoría interpuso otras dos acciones judiciales. La primera, un habeas corpus para proteger a niños, niñas y adolescentes que participen en las manifestaciones, prohibiendo su detención, salvo en casos de flagrancia de delitos graves. La segunda, para garantizar que las fuerzas de seguridad no obstaculicen la labor del grupo de rescatistas y atención humanitaria CEPA durante las protestas.