A los funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya no los sorprende nada. Los resultados de las auditorías que realizan sobre el universo de más de 1.800.000 beneficiarios de Pensiones No contributivas que tienen un Certificado Único por Discapacidad (CUD) detectaron situaciones entre “disparatadas” y “escandalosas”.

Un porcentaje de esos beneficios -sobre todo en los beneficios otorgados por Discapacidad Laboral-, que podría ascender y hasta superar el 50%, habrían sido otorgadas como una política de “subsidios discrecionales” en los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández, no como producto de una evaluación médica y necesidad social ante una vulnerabilidad manifiesta.

Hay casos escandalosos: certificados que indicaban “amputaciones” que no eran tales. Una misma radiografía fue utilizada en 150 trámites; diagnósticos por “pie plano”, una mujer que se disfrazó para hacerse pasar por su esposo, presos que se presentaron a la evaluación, y hasta muertos que seguían cobrando el beneficio estatal de 270 mil pesos mensuales. 

Los informes también reflejan que

  •  212 presos cobraban de manera irregular una Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral. El 85% de estas pensiones a presos fueron otorgadas en los gobiernos Kirchneristas.
  • 31 prófugos de la justicia también estaban recibiendo estas pensiones.

Auditorías en marcha

El 12 de febrero pasado el gobierno de La Libertad Avanza, en el marco del reordenamiento del sistema que está llevando la cartera a cargo de Mario Lugones se enviaron las 300.000 primeras cartas documento para comenzar a auditar todas las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) activas. Al mes de abril el número trepó a 470.000 intimaciones de las cuales se entregaron 248.877.

De las 221.189 que no se entregaron fue porque:

  • El 70% no completó de manera debida la dirección dónde viven
  • El 10% declaró desconocer a la persona que figuraba en la carta documento.
  • 928 personas fallecieron, pero una persona cercana seguía percibiendo el beneficio.
  • 11.000 beneficiarios se mudaron y no declararon la nueva dirección.
  • 3.900 se negaron a recibir la intimación para someterse a una nueva evaluación médica.
  • 100 renunciaron a la pensión tras haberla recibido la carta documento. 

Una alta fuente de la ANDIS dijo que: “Hay en estudio 224.657 pensiones que podrían ser dadas de baja en el corto plazo por diversos motivos”. Hasta el momento se realizaron 83.616 entrevistas médicas y hay 128.660 programadas.

Según las cifras que la cartera de Lugones hizo pública las auditorías sobre este tipo de pensiones es un “proceso progresivo que abarca más de un millón de casos y que busca garantizar que las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral cumplan con los criterios legales establecidos y asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes lo necesitan de acuerdo con el decreto 842/2024″.

Si las proyecciones realizadas por el Ministerio de Salud y la ANDIS se mantienen, el gobierno de Javier Milei “espera generar un ahorro de 900 mil millones de pesos en 2025″. Esto es más de 700 millones de dólares.

Recurso de amparo

Las auditorias en marcha generan controversia. La Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA), patrocinada por el abogado Nicolás Rechanik, interpuso una acción de amparo contra el Estado Nacional, específicamente contra la ANDIS para que se suspendan de manera urgente las auditorías presenciales de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, por considerarlas violatorias de derechos fundamentales.

La presentación solicita que se ordene al Estado dictar un acto administrativo que regule con claridad y participación social el procedimiento de control, incluyendo la presencia de representantes de personas con discapacidad en la elaboración de los protocolos.

También solicitan que se suspendan de inmediato los operativos presenciales en todo el país, hasta que se cumplan tres condiciones: la aprobación de un protocolo conforme a los estándares internacionales, la garantía de condiciones accesibles y no traumáticas, y la incorporación de mecanismos alternativos como auditorías virtuales, domiciliarias o con apoyos.

Aumento desproporcionado en pensiones

Desde la Casa Rosada sospechan que en las últimas dos décadas los gobiernos, en especial kirchneristas, utilizaron el otorgamiento de este tipo de beneficios para realizar política. “Las estadísticas no mienten -sostiene Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS- entre 2003 y 2015, la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales”, dice y agrega: “Bajo la presidencia de Alberto Fernández, esta cifra volvió a ascender, llegando a unas 1.250.000 pensiones entre 2019 y 2023″.

El Decreto 842/2024, firmado por el Poder Ejecutivo y publicado el 9 de abril de 2024, establece un nuevo marco normativo para las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral en la Argentina. La norma redefine los requisitos para acceder al beneficio, exige una incapacidad total y permanente del 76% o más, y crea un nuevo Cuerpo Médico Evaluador bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El decreto también impone la obligatoriedad de actualización de datos y reinscripción de todos los beneficiarios, endurece las condiciones de incompatibilidad (como la percepción de otros ingresos o situaciones judiciales pendientes) y otorga mayores facultades a la ANDIS para auditar, suspender o dar de baja pensiones. Y se autoriza a que pueda intercambiar información en tiempo real con otros organismos del Estado, como el Ministerio de Justicia, ANSES, PAMI y AFIP. La ANDIS fue autorizada para “suspender cautelarmente beneficios ante sospechas fundadas de irregularidades”.

El decreto también especifica que no podrán acceder ni mantener la pensión aquellas personas que:

  • Estén detenidas o prófugas de la justicia.
  • Perciban otros ingresos regulares que superen el monto establecido como tope por la legislación.
  • Sean beneficiarios de otras prestaciones previsionales o de planes sociales incompatibles.

El cambio de modalidad para otorgar las nuevas Pensiones No Contributivas y las auditorías fueron adoptados por la Casa Rosada tras conocerse los resultados de un relevamiento preliminar que arrojó cifras alarmantes: cerca del 80% de los beneficiarios relevados “no cumplen con las condiciones necesarias” para recibir la pensión otorgada por el Estado Nacional./ Infobae