Una auditoría del gobierno de Maximiliano Pullaro ha revelado que casi la mitad de los “comedores populares” gestionados por organizaciones piqueteras en Santa Fe no existen.

Estas irregularidades representan un desvío estimado de 600 millones de pesos mensuales, y hasta ahora se han recuperado 100 millones de pesos mal asignados. El proceso de auditoría se enfocó en 481 comedores, con 222 en Rosario y 259 en el centro norte de la provincia.

Como resultado, se suspendieron 160 organizaciones y se presentaron 10 denuncias ante la justicia. Las inspecciones revelaron prácticas fraudulentas como la suplantación de identidad y la declaración de servicios alimentarios inexistentes. Las primeras denuncias se presentaron el 21 de febrero, seguidas de ampliaciones el 11 de abril y el 16 de mayo.

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El gobierno de Santa Fe administra tres programas alimentarios destinados a 350 mil personas de bajos recursos. La inversión total en estos programas asciende a 2.000 millones de pesos, y eran distribuidos a través de organizaciones sociales y piqueteras.

Las auditorías en Santa Fe reflejan un esfuerzo similar al del gobierno nacional encabezado por el Ministerio de Capital Humano, donde también se han descubierto irregularidades, especialmente dentro del Movimiento Evita.

Una fuente oficial explicó: “Encontramos lugares inexistentes, comedores en domicilios particulares o en espacios públicos. Incluso descubrimos un galpón vacío y un depósito que no funcionaban como comedores.”