El Secretario General de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), César González, confirmó que la huelga de autobuses fue ampliamente respetada, con los conductores ausentes de sus puestos de trabajo.

González evaluó a medio día el impacto de la acción sindical en Tucumán, en respuesta al incumplimiento del pago salarial por parte de los empresarios de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat).

Los trabajadores han estado demandando el pago completo de los salarios de junio y la remuneración anual complementaria (SAC) del primer semestre.

Según González, algunas empresas estaban ofreciendo un "anticipo" este viernes para cubrir una parte de la deuda, aunque enfatizó que la huelga "continuará mañana y hasta que cobremos todo". "Si la deuda no se salda completamente, no se desconvocará la huelga", subrayó.

Agregó que se ha confirmado que se ha acreditado un subsidio provincial de 530 millones de pesos, que se distribuirá entre los 3.500 trabajadores como anticipo de los salarios de junio y la SAC.

González afirmó que la huelga continuará si no se paga la deuda en su totalidad, destacando que la deuda promedio es de 550.000 pesos por conductor.

El líder de la UTA en Tucumán también hizo hincapié en que la convocatoria del Ministerio de Transporte nacional a las cámaras empresariales no ha influido en el conflicto en Tucumán.

"Aquí estamos discutiendo el incumplimiento de los empresarios con respecto al pago de los salarios de junio y la SAC ya vencidos", dijo.

El Ministerio convocó a las cámaras empresariales en un intento de poner fin a la huelga de autobuses que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La huelga de 24 horas ordenada por la UTA se está llevando a cabo en la jurisdicción metropolitana, después de que las empresas de autobuses confirmaran que no pagarían el aumento a los trabajadores.

Según Noticiasargentinas.com, el gobierno ha aclarado que en esta ocasión no puede intervenir ni ordenar la conciliación obligatoria, por lo que la huelga no puede ser detenida con tal medida.

La Ministra de Trabajo nacional, Raquel "Kelly" Olmos, responsabilizó a las empresas y sostuvo que esta medida es un "lock out" patronal.