El Gobierno de la Provincia de Tucumán, a través de la Fiscalía de Estado, se presentó como querellante en la causa que investiga el robo de agua en Yerba Buena. La decisión fue instruida por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien calificó el hecho como un "delito muy grave" que afecta el suministro de agua potable a la población.

Jaldo aseguró que buscarán las penas máximas no solo para el propietario de la zona donde se encuentra un gran espejo de agua, sino también para quienes participaron prestando colaboración en las conexiones clandestinas.

Según la presentación realizada ante la fiscalía de instrucción, el Estado se posiciona como víctima de estos delitos y defensor del interés público.  “No estamos de acuerdo con que se dé una pena mínima a este tipo de accionar”, sostuvo el gobernador.

El mandatario también destacó el costo y el esfuerzo que implica el proceso de potabilización del agua, que luego fue ilegalmente desviada para llenar una laguna. Subrayó que el agua utilizada pasó por un tratamiento que incluye mano de obra y productos químicos, lo cual genera un costo significativo para el Estado.

Finalmente, Jaldo reafirmó la postura del Gobierno de actuar con firmeza, en este caso "Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga" reafirmó. Además, llamó a fiscales y jueces a no ignorar la gravedad del delito.