Los transportistas escolares en Tucumán enfrentan una difícil realidad económica. A pesar de algunos avances en la continuidad laboral y la cantidad de niños transportados, el sector se encuentra en una encrucijada debido a la imposibilidad de renovar sus vehículos y la falta de políticas que acompañen la inflación.

Renovación de unidades: un desafío insuperable

Guillermo Totongi, titular de la entidad que representa a los transportistas escolares, explicó que el mayor problema es la dificultad para renovar las unidades. Según el dirigente, adquirir un vehículo 0 km resulta casi imposible debido a su elevado costo, que supera los 70 millones de pesos, además de los gastos adicionales. Incluso con la entrega de unidades usadas, los transportistas deben financiar una parte significativa del costo, lo que complica la operación.

“La flota se redujo en un 75% desde la pandemia. En 2020 teníamos entre 150 y 160 unidades, y hoy apenas quedan 50, muchas de ellas con modelos ya vencidos. Esto pone en riesgo la posibilidad de trabajar el próximo año”, afirmó Totongi.

Pedidos a las autoridades locales

Ante este panorama, los transportistas solicitaron una audiencia con la Comisión de Transporte de la Municipalidad para buscar una extensión de la vida útil de las unidades hasta 2025. La propuesta se basa en equiparar las normativas municipales con las provinciales, donde se permite una antigüedad de 15 años en los vehículos, en contraste con los 10 años exigidos por la legislación nacional.

“La Dirección de Transporte de la Provincia ha otorgado una extensión razonable de los modelos permitidos, y pedimos un trato similar. De lo contrario, muchas unidades quedarán fuera de servicio”, agregó Totongi.

Inflación y tarifas desactualizadas

Otro desafío crítico para el sector es el desfasaje entre las tarifas y la inflación. Según Totongi, este año comenzaron con una tarifa de 60.000 pesos y terminaron en 70.000, un incremento que no estuvo a la altura del aumento en los costos operativos, como el combustible.

“Necesitamos un ajuste que refleje la realidad económica y nos permita sostener el servicio, porque nuestra situación no difiere de la de otros sectores golpeados por la crisis”, concluyó.

El sector espera una respuesta de las autoridades para evitar un colapso que impactaría directamente en las familias y comunidades que dependen de este servicio esencial.